CCE pide modificar ley de obra

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Partido Acción Nacional (PAN) se sume al compromiso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprobar las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y el resto de las medidas para enfrentar la crisis económica del primer paquete pactadas en el Congreso de la Unión, ya que el riesgo de no hacerlo será obstaculizar las inversiones a la infraestructura y agudizar más el desempleo, advirtió su presidente Armando Paredes Arroyo.

“Ya hay un acuerdo por parte del PRI, hay buena disposición de empujarlas, espero que sea lo mismo en el PAN. Quedan seis sesiones. Hasta ahorita el PRI hizo un compromiso concreto y esperamos que lo hagan en este sentido las demás fracciones parlamentarias”, expresó.

De acuerdo con Humberto Armenta González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), el pasado jueves se presentó a la Comisión de la Función Pública en San Lázaro la iniciativa para modificar la Ley de Obras Públicas y empatarla con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que entró en vigor el 15 de noviembre del año pasado.

De lograrse las modificaciones, se destrabarán las obras públicas y agilizará la economía con mayor certeza de terminar el 2009 con un presupuesto ejercido a cabalidad.

El industrial sostuvo que la reglamentación actual para los proyectos de infraestructura está frenando la actividad económica de las empresas y existe el riesgo de que haya subejercicio.

“La Ley de Responsabilidad Hacendaria prevé asignaciones directas para el desarrollo de ingeniería, y para quien desarrolle la ingeniería pueda hacer la construcción, esto antes era prohibido; prevé los presupuestos multianuales y que los recursos que hayan sido presupuestados por el Legislativo para obras que no tienen todos los trámites preliminares realizados y por ende, no se puedan construir, deben ser reasignados a las obras que sí los tengan, esto pudiera ser que el ejercicio fiscal termine con cero”, dijo Armenta.
Lilia González, El Economista, 17 de marzo.

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