La revocación de las bases de colaboración que el Instituto Federal Electoral (IFE) había firmado con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), así como la orden de analizar las presuntas irregularidades de Televisa ilegalmente sobreseídas por el organismo, generó reacciones encontradas. El consejero electoral Arturo Sánchez admitió que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un “revés jurídico” que además “complica nuestra tarea de arbitraje político” con diversos actores.
El también consejero Marco Antonio Gómez Alcántar planteó su inconformidad con la determinación y minimizó su alcance, toda vez que las bases de colaboración eran para fijar una agenda de puntos a resolver con los concesionarios, los cuales, dijo, ya están subsanados.
Su homólogo Marco Antonio Baños señaló que la decisión de sobreseer el caso de Televisa no fue ningún error, sino que se apeló a una posibilidad jurídica que se sustentó, dijo, no en las bases de colaboración con la CIRT, sino en la desaparición de las conductas de la televisora.
El presidente del Comité de Radio y Televisión, Virgilio Andrade, consideró que ante la decisión de los magistrados el IFE debe buscar la vía legal correcta para mantener el esquema de colaboración con los concesionarios.
Gómez Alcántar señaló que lo preocupante ahora no es que se haya revocado el acuerdo con la CIRT, firmado por consejeros y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, sino todos los acuerdos que han sido firmados desde antes de 2006, y que bajo estos criterios se pondría en duda su legalidad sin tomar en cuenta las facultades que le otorga la ley.
Por su parte, senadores perredistas aplaudieron la determinación del tribunal electoral, pues “siempre dijimos que el llamado acuerdo del perdón era ilegal”, comentó el también presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo.
Hizo notar que es importante la resolución adoptada, porque de lo contrario se habría garantizado impunidad a las dos grandes televisoras.
Finalmente, el legislador perredista Arturo Núñez consideró que el tribunal electoral dio la razón a las fuerzas políticas que desde un principio manifestaron su inconformidad con ese acuerdo entre el IFE y la CIRT.
El también consejero Marco Antonio Gómez Alcántar planteó su inconformidad con la determinación y minimizó su alcance, toda vez que las bases de colaboración eran para fijar una agenda de puntos a resolver con los concesionarios, los cuales, dijo, ya están subsanados.
Su homólogo Marco Antonio Baños señaló que la decisión de sobreseer el caso de Televisa no fue ningún error, sino que se apeló a una posibilidad jurídica que se sustentó, dijo, no en las bases de colaboración con la CIRT, sino en la desaparición de las conductas de la televisora.
El presidente del Comité de Radio y Televisión, Virgilio Andrade, consideró que ante la decisión de los magistrados el IFE debe buscar la vía legal correcta para mantener el esquema de colaboración con los concesionarios.
Gómez Alcántar señaló que lo preocupante ahora no es que se haya revocado el acuerdo con la CIRT, firmado por consejeros y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, sino todos los acuerdos que han sido firmados desde antes de 2006, y que bajo estos criterios se pondría en duda su legalidad sin tomar en cuenta las facultades que le otorga la ley.
Por su parte, senadores perredistas aplaudieron la determinación del tribunal electoral, pues “siempre dijimos que el llamado acuerdo del perdón era ilegal”, comentó el también presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo.
Hizo notar que es importante la resolución adoptada, porque de lo contrario se habría garantizado impunidad a las dos grandes televisoras.
Finalmente, el legislador perredista Arturo Núñez consideró que el tribunal electoral dio la razón a las fuerzas políticas que desde un principio manifestaron su inconformidad con ese acuerdo entre el IFE y la CIRT.
Alonso Urrutia y Andrea Becerril, La Jornada, 12 de marzo.
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