Las auditorías de desempeño al gasto público tienen fundamento constitucional y “no habrá excusa ni pretexto para esconder del escrutinio público los recursos que se encuentran en fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura análoga”, utilizada por funcionarios públicos para evitar ser auditados, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el perredista Antonio Ortega.
Y es que, en el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de 2007, la ASF concluyó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta severas deficiencias, que inciden en el combate a la delincuencia.
Un punto crítico, referido en el informe que rindió ayer el auditor Arturo González de Aragón, es que “a mayor número de policías, mayor número de delitos en las entidades federativas”.
Conforme al documento público, en tanto la seguridad pública en el país está en crisis y las ejecuciones rebasan todos los niveles, “43 por ciento de los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, canalizado a estados y municipios no se ejerció en ese año”, es decir, se incurrió en subejercicio presupuestal.
En el primer año del gobierno calderonista, siempre de acuerdo con el informe de la ASF, “la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiacos en cuanto a su armamento, son factores que propician el crecimiento de delitos”.
Y es que, en el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de 2007, la ASF concluyó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta severas deficiencias, que inciden en el combate a la delincuencia.
Un punto crítico, referido en el informe que rindió ayer el auditor Arturo González de Aragón, es que “a mayor número de policías, mayor número de delitos en las entidades federativas”.
Conforme al documento público, en tanto la seguridad pública en el país está en crisis y las ejecuciones rebasan todos los niveles, “43 por ciento de los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, canalizado a estados y municipios no se ejerció en ese año”, es decir, se incurrió en subejercicio presupuestal.
En el primer año del gobierno calderonista, siempre de acuerdo con el informe de la ASF, “la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiacos en cuanto a su armamento, son factores que propician el crecimiento de delitos”.
Moisés Sánchez Limón, Crónica, 13 de marzo.
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