Washington, 25 de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la “falta de independencia” del Poder Judicial en Venezuela, lo cual implica que “se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos”.
Esto coincidió con el arresto, durante unas horas, del dueño de la televisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, liberado la noche del jueves por las autoridades venezolanas horas después de haber sido aprehendido cuando se disponía a salir del país, en el contexto de una investigación judicial en su contra que la CIDH criticó duramente.
El organismo llamó al presidente a “evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas”.
En el mismo sentido, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, manifestó su inquietud por las “repercusiones políticas” del arresto de Zuloaga, poco antes de que éste fuera liberado.
Con medidas cautelares que lo obligan a permanecer en Venezuela mientras concluye el proceso que se le inició por los cargos de vilipendio contra el presidente Hugo Chávez y por divulgación de información falsa, el empresario fue puesto en libertad en la sede del Palacio de Justicia, en Caracas.
Zuloaga se disponía a viajar con su familia a la isla de Bonaire (Antillas Holandesas) para pasar las vacaciones de semana santa, cuando policías lo detuvieron en el aeropuerto del estado de Falcón y le informaron del proceso en su contra, de cuya existencia no sabía, según él.
Minutos más tarde, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que el empresario fue detenido a petición de un grupo de legisladores oficialistas, quienes lo acusaron de admitir implícitamente su participación en el golpe de Estado de 2002 contra Chávez.
En declaraciones recientes durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente de Globovisión afirmó que quienes participaron en la asonada golpista lo habían hecho mal, lo cual fue debatido en la cámara legislativa, donde se decidió comenzar una investigación.
El diputado Manuel Villalba solicitó a la Fiscalía que interviniera para aclarar la trascendencia de lo dicho por Zuloaga, y también pidió que se investigara al líder opositor Oswaldo Álvarez Paz por haber afirmado “sin sustento” que Chávez ha hecho de Venezuela un “centro de operaciones” de terroristas y narcotraficantes.
Álvarez fue acusado de conspiración, instigación al delito y difusión de información falsa, y después encarcelado.
En 2009 Zuloaga fue señalado por el delito de “usura continuada” debido al supuesto almacenamiento irregular de 24 autos nuevos, pertenecientes a dos concesionarias de su propiedad, aunque esto no tuvo que ver en su reciente detención.
Globovisión ha enfrentado numerosas causas administrativas y el año pasado tuvo que pagar una multa de 4.1 millones de dólares por no haber declarado la emisión de cápsulas a favor de un paro opositor en 2002.
Esto coincidió con el arresto, durante unas horas, del dueño de la televisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, liberado la noche del jueves por las autoridades venezolanas horas después de haber sido aprehendido cuando se disponía a salir del país, en el contexto de una investigación judicial en su contra que la CIDH criticó duramente.
El organismo llamó al presidente a “evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas”.
En el mismo sentido, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, manifestó su inquietud por las “repercusiones políticas” del arresto de Zuloaga, poco antes de que éste fuera liberado.
Con medidas cautelares que lo obligan a permanecer en Venezuela mientras concluye el proceso que se le inició por los cargos de vilipendio contra el presidente Hugo Chávez y por divulgación de información falsa, el empresario fue puesto en libertad en la sede del Palacio de Justicia, en Caracas.
Zuloaga se disponía a viajar con su familia a la isla de Bonaire (Antillas Holandesas) para pasar las vacaciones de semana santa, cuando policías lo detuvieron en el aeropuerto del estado de Falcón y le informaron del proceso en su contra, de cuya existencia no sabía, según él.
Minutos más tarde, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que el empresario fue detenido a petición de un grupo de legisladores oficialistas, quienes lo acusaron de admitir implícitamente su participación en el golpe de Estado de 2002 contra Chávez.
En declaraciones recientes durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente de Globovisión afirmó que quienes participaron en la asonada golpista lo habían hecho mal, lo cual fue debatido en la cámara legislativa, donde se decidió comenzar una investigación.
El diputado Manuel Villalba solicitó a la Fiscalía que interviniera para aclarar la trascendencia de lo dicho por Zuloaga, y también pidió que se investigara al líder opositor Oswaldo Álvarez Paz por haber afirmado “sin sustento” que Chávez ha hecho de Venezuela un “centro de operaciones” de terroristas y narcotraficantes.
Álvarez fue acusado de conspiración, instigación al delito y difusión de información falsa, y después encarcelado.
En 2009 Zuloaga fue señalado por el delito de “usura continuada” debido al supuesto almacenamiento irregular de 24 autos nuevos, pertenecientes a dos concesionarias de su propiedad, aunque esto no tuvo que ver en su reciente detención.
Globovisión ha enfrentado numerosas causas administrativas y el año pasado tuvo que pagar una multa de 4.1 millones de dólares por no haber declarado la emisión de cápsulas a favor de un paro opositor en 2002.
La Jornada, 26 de marzo.
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