Con 105 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó ayer el dictamen de Ley de Seguridad Nacional, que regula la participación de las fuerzas armadas en los operativos policiacos y acota las facultades del Presidente de la República, al determinar que no podrá utilizar las tropas contra conflictos sociales, laborales o político-electorales y sólo acudirán en auxilio de la autoridad civil para combatir al crimen organizado en tiempos de paz.
El dictamen de ley aprobado ayer, y enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, determina el procedimiento que corresponsabiliza al Congreso y a las 32 entidades del uso de la Fuerza Armada Permanente y mantiene intacto el tema del fuero militar, aunque sienta las bases para que en el próximo periodo de sesiones se discuta su posible reforma.
El artículo 72 determina que las conductas de militares que “pudiesen ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución”.
Pese a una intensa discusión, encabezada por el perredista Pablo Gómez, quien insistió en que se cambiara el artículo 72 para precisar que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales ordinarios, se confirmó la redacción del articulado que vincula este dictamen al artículo 13 constitucional, en el que se define: “cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
De esta forma, al mantenerse intacto este artículo constitucional, el estado del fuero militar quedó prácticamente igual que antes.
La sesión sirvió para desagraviar a la milicia. Al narrar su historia como guerrillero, el perredista René Arce recordó que hace más de 30 años con un grupo de jóvenes le declaró la guerra al Estado y entonces el mejor militar era el que estaba muerto, porque no entendían la importancia de una institución como el Ejército, al ver matanzas como la de Tlatelolco o la represión a luchadores sociales como Demetrio Vallejo y Valentín Campa.
“Pero con el paso del tiempo entendimos que esos militares obedecían a civiles que habían sido Presidentes de la República”, argumentó Arce, quien resaltó que pese a esas abominables órdenes, el ejército fue capaz de mantener la institucionalidad y no llevar a México a situaciones como las que vivieron Argentina, Chile o Uruguay.
“Se mantuvieron institucionales y permitieron que este país transitara a formas más democráticas, a través del voto… y ahora nuevamente hay que resolver por la vía jurídica una situación que involucró a las fuerzas armadas en una guerra muy complicada y muy difícil”.
En su turno, el perredista Tomás Torres destacó que el Senado logró frenar la intención presidencial de los “Estados de excepción” y la suspensión de garantías. Más aún, la izquierda consiguió incluir una definición importante:
“Las fuerzas armadas no pueden ser llamadas considerando que movimientos políticos de índole social o de tipo electoral pueden ser causa para la participación de los institutos armados, tampoco para el cumplimiento de resoluciones administrativas o de tribunales de trabajo”.
En ese sentido, el priista presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, recordó que el viejo artículo 89 constitucional permite al Ejecutivo disponer de las Fuerzas Armadas cuando se afecta la seguridad interior o se pone en riesgo la seguridad nacional, previstos para asonadas, rebeliones o levantamientos.
Pero hoy, ante un escenario de violencia como el actual, es de primera importancia proteger los derechos humanos de la sociedad y contar con un “paraguas legal” que le dé certeza jurídica a las fuerzas armadas en el combate al crimen, en situaciones de afectación a la seguridad interior y que no quede como facultad omnímoda del Presidente de la República, sin que esta ley tenga como destinatario al actual, sino a cualquiera que venga.
Pablo Gómez dijo que votaría a favor porque “es la primera vez en la historia del país que el Legislativo limita al Ejecutivo federal en la utilización de las fuerzas armadas en asuntos civiles” y ello no había ocurrido cuando los militares rompieron huelgas, disolvieron manifestaciones y dispararon contra la sociedad civil por órdenes de los poderosos.
Votaron en contra el petista Ricardo Monreal y se abstuvo el perredista Salomón Jara.
PRD presenta proyecto
••• La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó su proyecto de ley para acotar el fuero militar a los delitos estrictamente vinculados con la disciplina castrense y procesar al personal de las fuerzas armadas en tribunales civiles en casos de homicidio, lesiones, violación y abuso de autoridad, entre otros.
Alejandro Encinas, coordinador perredista, planteó la creación de una fiscalía especializada en delitos del orden militar dentro de la Procuraduría General de la República, así como juzgados civiles especializados en la materia en cada una de las regiones militares. En todo caso, dijo, la última instancia en los procesos contra militares será la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa prevé también excluir de la jurisdicción castrense a los menores de edad inscritos en planteles de las fuerzas armadas.
Encinas remarcó la necesidad de limitar los alcances del fuero militar, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado. “Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción en el país, no sólo el militar, sino también el de los legisladores y el que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo federal”, arengó desde la tribuna parlamentaria.
Llamó a erradicar también los “fueros informales” de los poderes fácticos, “que lo mismo encubren delincuentes cobijados bajo la sotana o tras el poder del dinero o de los medios”. (México • Fernando Damián e Israel Navarro)
México • Angélica Mercado y Elba Mónica Bravo, Milenio, 28 de abril.
El dictamen de ley aprobado ayer, y enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, determina el procedimiento que corresponsabiliza al Congreso y a las 32 entidades del uso de la Fuerza Armada Permanente y mantiene intacto el tema del fuero militar, aunque sienta las bases para que en el próximo periodo de sesiones se discuta su posible reforma.
El artículo 72 determina que las conductas de militares que “pudiesen ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución”.
Pese a una intensa discusión, encabezada por el perredista Pablo Gómez, quien insistió en que se cambiara el artículo 72 para precisar que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales ordinarios, se confirmó la redacción del articulado que vincula este dictamen al artículo 13 constitucional, en el que se define: “cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
De esta forma, al mantenerse intacto este artículo constitucional, el estado del fuero militar quedó prácticamente igual que antes.
La sesión sirvió para desagraviar a la milicia. Al narrar su historia como guerrillero, el perredista René Arce recordó que hace más de 30 años con un grupo de jóvenes le declaró la guerra al Estado y entonces el mejor militar era el que estaba muerto, porque no entendían la importancia de una institución como el Ejército, al ver matanzas como la de Tlatelolco o la represión a luchadores sociales como Demetrio Vallejo y Valentín Campa.
“Pero con el paso del tiempo entendimos que esos militares obedecían a civiles que habían sido Presidentes de la República”, argumentó Arce, quien resaltó que pese a esas abominables órdenes, el ejército fue capaz de mantener la institucionalidad y no llevar a México a situaciones como las que vivieron Argentina, Chile o Uruguay.
“Se mantuvieron institucionales y permitieron que este país transitara a formas más democráticas, a través del voto… y ahora nuevamente hay que resolver por la vía jurídica una situación que involucró a las fuerzas armadas en una guerra muy complicada y muy difícil”.
En su turno, el perredista Tomás Torres destacó que el Senado logró frenar la intención presidencial de los “Estados de excepción” y la suspensión de garantías. Más aún, la izquierda consiguió incluir una definición importante:
“Las fuerzas armadas no pueden ser llamadas considerando que movimientos políticos de índole social o de tipo electoral pueden ser causa para la participación de los institutos armados, tampoco para el cumplimiento de resoluciones administrativas o de tribunales de trabajo”.
En ese sentido, el priista presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, recordó que el viejo artículo 89 constitucional permite al Ejecutivo disponer de las Fuerzas Armadas cuando se afecta la seguridad interior o se pone en riesgo la seguridad nacional, previstos para asonadas, rebeliones o levantamientos.
Pero hoy, ante un escenario de violencia como el actual, es de primera importancia proteger los derechos humanos de la sociedad y contar con un “paraguas legal” que le dé certeza jurídica a las fuerzas armadas en el combate al crimen, en situaciones de afectación a la seguridad interior y que no quede como facultad omnímoda del Presidente de la República, sin que esta ley tenga como destinatario al actual, sino a cualquiera que venga.
Pablo Gómez dijo que votaría a favor porque “es la primera vez en la historia del país que el Legislativo limita al Ejecutivo federal en la utilización de las fuerzas armadas en asuntos civiles” y ello no había ocurrido cuando los militares rompieron huelgas, disolvieron manifestaciones y dispararon contra la sociedad civil por órdenes de los poderosos.
Votaron en contra el petista Ricardo Monreal y se abstuvo el perredista Salomón Jara.
PRD presenta proyecto
••• La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó su proyecto de ley para acotar el fuero militar a los delitos estrictamente vinculados con la disciplina castrense y procesar al personal de las fuerzas armadas en tribunales civiles en casos de homicidio, lesiones, violación y abuso de autoridad, entre otros.
Alejandro Encinas, coordinador perredista, planteó la creación de una fiscalía especializada en delitos del orden militar dentro de la Procuraduría General de la República, así como juzgados civiles especializados en la materia en cada una de las regiones militares. En todo caso, dijo, la última instancia en los procesos contra militares será la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa prevé también excluir de la jurisdicción castrense a los menores de edad inscritos en planteles de las fuerzas armadas.
Encinas remarcó la necesidad de limitar los alcances del fuero militar, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado. “Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción en el país, no sólo el militar, sino también el de los legisladores y el que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo federal”, arengó desde la tribuna parlamentaria.
Llamó a erradicar también los “fueros informales” de los poderes fácticos, “que lo mismo encubren delincuentes cobijados bajo la sotana o tras el poder del dinero o de los medios”. (México • Fernando Damián e Israel Navarro)
México • Angélica Mercado y Elba Mónica Bravo, Milenio, 28 de abril.
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