Caracas, 29 de enero. El gobierno de Venezuela intensificó en todo el país una serie de medidas contra el acaparamiento, la especulación y el contrabando de alimentos, acorde con el Plan Soberanía Alimentaria, luego que el presidente Hugo Chávez reconoció ese problema y fallas en el sistema de salud.
La Guardia Nacional (GN) anunció el decomiso en una semana de unas 600 toneladas de alimentos que eran sacados del país ilegalmente con destino a Colombia, cuando inicialmente el operativo fue puesto en marcha en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Zulia.
El comandante de la GN, Fredys Alonso Carrión, informó que el operativo se extendió a todo el país, y que se ha detenido a una treintena de personas implicadas en delitos de acaparamiento y especulación. Entre los productos incautados hay leche, arroz, atún, azúcar, papa y toneladas de semilla de maíz, mientras que en los estantes de los supermercados faltan ese tipo de alimentos y granos, así como cortes de carne de res.
El gobierno denunció que los empresarios buscan evitar el precio regulado de la leche, en medio de una crisis mundial que ha impactado la producción nacional.
Al respecto, Chávez aseveró el domingo que esos productores “prefieren las exquisiteces” y venden la leche a fabricantes de queso o de otros rubros procesados.
Por lo pronto, el gobierno decidió activar industrias de producción y distribución de alimentos como la empresa Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (Pdval), que es una iniciativa de los ministerios de Agricultura y Tierras y de Alimentos y de Energía y Petróleo, con miras a vender productos básicos a precios oficiales.
Al admitir el desabasto de alimentos y fallas en el sistema de salud, en su campaña de “rectificación”, Chávez inauguró el domingo plantas procesadoras de maíz y frijol con tecnología iraní, en el estado de Monagas. Asimismo, aprobó 600 millones de dólares para un “plan excepcional de desarrollo” este año.
Chávez, quien anticipa acciones de cara a los comicios regionales de noviembre para gobernadores y alcaldías, dijo que no es la primera vez que afronta un desabasto promovido por la oposición.
El opositor partido Copei responsabiliza a Chávez del desabasto, y sostuvo que que el gobierno “ha castigado” al aparato productivo, mientras Globovisión denunció que las redes de supermercados en la capital de Táchira están “militarizadas” para evitar compras masivas de consumidores foráneos, como los colombianos, y que esto agrava la tensión.
En otro frente para Chávez, la ex jefa de la Comisión Nacional de Drogas Mildred Camero dijo que el gobernante violó la ley al masticar coca durante a cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), el pasado fin de semana; incluso algunos opositores exigieron que el presidente se someta a un exmaen toxicológico.
Por su parte, Estados Unidos rechazó la denuncia de Chávez sobre una conspiración junto con Colombia para provocar un escenario bélico con Venezuela.
En tanto que Bolivia dijo que aún no considera apoyar la propuesta de Chávez para articular unas fuerzas armadas regionales entre los miembros de la Alba, Ecuador dijo que se aparta de toda iniciativa que no siga su línea de paz y respeto a la autodeterminación de los pueblos.
La Guardia Nacional (GN) anunció el decomiso en una semana de unas 600 toneladas de alimentos que eran sacados del país ilegalmente con destino a Colombia, cuando inicialmente el operativo fue puesto en marcha en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Zulia.
El comandante de la GN, Fredys Alonso Carrión, informó que el operativo se extendió a todo el país, y que se ha detenido a una treintena de personas implicadas en delitos de acaparamiento y especulación. Entre los productos incautados hay leche, arroz, atún, azúcar, papa y toneladas de semilla de maíz, mientras que en los estantes de los supermercados faltan ese tipo de alimentos y granos, así como cortes de carne de res.
El gobierno denunció que los empresarios buscan evitar el precio regulado de la leche, en medio de una crisis mundial que ha impactado la producción nacional.
Al respecto, Chávez aseveró el domingo que esos productores “prefieren las exquisiteces” y venden la leche a fabricantes de queso o de otros rubros procesados.
Por lo pronto, el gobierno decidió activar industrias de producción y distribución de alimentos como la empresa Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (Pdval), que es una iniciativa de los ministerios de Agricultura y Tierras y de Alimentos y de Energía y Petróleo, con miras a vender productos básicos a precios oficiales.
Al admitir el desabasto de alimentos y fallas en el sistema de salud, en su campaña de “rectificación”, Chávez inauguró el domingo plantas procesadoras de maíz y frijol con tecnología iraní, en el estado de Monagas. Asimismo, aprobó 600 millones de dólares para un “plan excepcional de desarrollo” este año.
Chávez, quien anticipa acciones de cara a los comicios regionales de noviembre para gobernadores y alcaldías, dijo que no es la primera vez que afronta un desabasto promovido por la oposición.
El opositor partido Copei responsabiliza a Chávez del desabasto, y sostuvo que que el gobierno “ha castigado” al aparato productivo, mientras Globovisión denunció que las redes de supermercados en la capital de Táchira están “militarizadas” para evitar compras masivas de consumidores foráneos, como los colombianos, y que esto agrava la tensión.
En otro frente para Chávez, la ex jefa de la Comisión Nacional de Drogas Mildred Camero dijo que el gobernante violó la ley al masticar coca durante a cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), el pasado fin de semana; incluso algunos opositores exigieron que el presidente se someta a un exmaen toxicológico.
Por su parte, Estados Unidos rechazó la denuncia de Chávez sobre una conspiración junto con Colombia para provocar un escenario bélico con Venezuela.
En tanto que Bolivia dijo que aún no considera apoyar la propuesta de Chávez para articular unas fuerzas armadas regionales entre los miembros de la Alba, Ecuador dijo que se aparta de toda iniciativa que no siga su línea de paz y respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Nota de AFP y DPA, La Jornada, 30 de enero.
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