En el Senado no hay acuerdo sobre la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, pero las críticas de grupos empresariales continúan. Durante una reunión con legisladores, directivos de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR) criticaron la reciente reforma electoral y advirtieron que el espectro radioeléctrico “es patrimonio de la humanidad, no de los estados”, por lo que éstos sólo deben regularlo.
En otra de las sesiones de la ya alargada consulta pública en torno a la legislación de medios electrónicos, el presidente de la AIR, el chileno Luis Pardo Sáinz, planteó asimismo que la regulación de contenidos debe ser mínima y se debe prohibir a las radios comunitarias la venta de publicidad, ya que constituyen una “competencia desleal” para las emisoras privadas.
Pardo Sáinz se lanzó en contra de la recién aprobada reforma electoral al señalar que las “campañas negras” en contra de candidatos presidenciales y la venta de espacios en medios electrónicos pueden “ser sancionadas por la propia sociedad, sin necesidad de una ley”.
El senador perredista Pablo Gómez frenó las críticas de los empresarios, al advertirles, por principio, que de acuerdo con el derecho constitucional mexicano, el espacio radioeléctrico es del dominio de la nación.
“Piensan que el servicio de radiodifusión está al servicio de la nación, pero esa posición es insostenible, porque ustedes no son la nación: representan a una parte más pequeña porque son una industria”, aclaró.
En esas circunstancias, agregó, “nosotros, que somos legisladores y por tanto encarnamos la representación popular, tenemos que ver cuál es la forma en que este dominio de la nación debe usarse”.
Gómez Álvarez les dijo asimismo que en un fallo reciente –sobre la llamada ley Televisa– la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existe un derecho de los concesionarios de radio y televisión mayor a otros.
Sobre la regulación de contenidos, el perredista hizo notar que si se aplicara en México la regulación “somera” a la que aludió la AIR, se tendría que cancelar toda la programación en México, ya que está llena de violencia y de apología del delito, que es el punto a discusión.
Sobre las críticas a la reforma electoral por prohibir la propaganda política pagada en radio y televisión, Gómez Álvarez precisó: “se ha dicho reiteradamente que afectamos la libertad de expresión, pero no es cierto, lo que afectamos es el comercio. Estamos convencidos de que se debe limitar el poder del dinero”.
Al final, en entrevista, el senador indicó que no hay avance en ningún de los puntos de la legislación en la materia, y espera que en el próximo mes las fuerzas políticas logren acuerdos sobre la reforma.
La AIR se mostró muy interesada en participar en las audiencias previas a la legislación de medios electrónicos y por ello envió a México –según se señala en el documento que entregaron en el Senado– a una misión encabezada por el presidente del organismo, el ya citado Pardo Sáinz; el primer vicepresidente, el español Alfonso Ruiz de Assín, y ocho directivos más, entre ellos la presidenta del Comité de Libertad de Expresión, Ana María Urrutia –de El Salvador– y el presidente del Comité Jurídico, el brasileño Alexander Jobim.
Ruiz de Assín insistió en las críticas; dijo que la renovación de concesiones debe ser automática, para evitar casos como el de Venezuela, y señaló que las gacetillas, la venta de noticias es algo “algo lamentable, inadmisible”, pero debe ser sancionado por la propia sociedad, sin necesidad de una ley.
En otra de las sesiones de la ya alargada consulta pública en torno a la legislación de medios electrónicos, el presidente de la AIR, el chileno Luis Pardo Sáinz, planteó asimismo que la regulación de contenidos debe ser mínima y se debe prohibir a las radios comunitarias la venta de publicidad, ya que constituyen una “competencia desleal” para las emisoras privadas.
Pardo Sáinz se lanzó en contra de la recién aprobada reforma electoral al señalar que las “campañas negras” en contra de candidatos presidenciales y la venta de espacios en medios electrónicos pueden “ser sancionadas por la propia sociedad, sin necesidad de una ley”.
El senador perredista Pablo Gómez frenó las críticas de los empresarios, al advertirles, por principio, que de acuerdo con el derecho constitucional mexicano, el espacio radioeléctrico es del dominio de la nación.
“Piensan que el servicio de radiodifusión está al servicio de la nación, pero esa posición es insostenible, porque ustedes no son la nación: representan a una parte más pequeña porque son una industria”, aclaró.
En esas circunstancias, agregó, “nosotros, que somos legisladores y por tanto encarnamos la representación popular, tenemos que ver cuál es la forma en que este dominio de la nación debe usarse”.
Gómez Álvarez les dijo asimismo que en un fallo reciente –sobre la llamada ley Televisa– la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existe un derecho de los concesionarios de radio y televisión mayor a otros.
Sobre la regulación de contenidos, el perredista hizo notar que si se aplicara en México la regulación “somera” a la que aludió la AIR, se tendría que cancelar toda la programación en México, ya que está llena de violencia y de apología del delito, que es el punto a discusión.
Sobre las críticas a la reforma electoral por prohibir la propaganda política pagada en radio y televisión, Gómez Álvarez precisó: “se ha dicho reiteradamente que afectamos la libertad de expresión, pero no es cierto, lo que afectamos es el comercio. Estamos convencidos de que se debe limitar el poder del dinero”.
Al final, en entrevista, el senador indicó que no hay avance en ningún de los puntos de la legislación en la materia, y espera que en el próximo mes las fuerzas políticas logren acuerdos sobre la reforma.
La AIR se mostró muy interesada en participar en las audiencias previas a la legislación de medios electrónicos y por ello envió a México –según se señala en el documento que entregaron en el Senado– a una misión encabezada por el presidente del organismo, el ya citado Pardo Sáinz; el primer vicepresidente, el español Alfonso Ruiz de Assín, y ocho directivos más, entre ellos la presidenta del Comité de Libertad de Expresión, Ana María Urrutia –de El Salvador– y el presidente del Comité Jurídico, el brasileño Alexander Jobim.
Ruiz de Assín insistió en las críticas; dijo que la renovación de concesiones debe ser automática, para evitar casos como el de Venezuela, y señaló que las gacetillas, la venta de noticias es algo “algo lamentable, inadmisible”, pero debe ser sancionado por la propia sociedad, sin necesidad de una ley.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 24 de enero.
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