Durante 2007 “nuevamente la violencia y la inseguridad dominaron la escena nacional”. Ese año se recibieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 5 mil 244 quejas; de ellas, 2 mil 843 fueron calificadas de hechos violatorios de las garantías individuales. Las principales fueron: mil 593 por ejercicio indebido de la función pública; 432 por detenciones arbitrarias –en promedio, 1.5 al día–; 397 por cateos ilegales –más de uno diario–, y 395 por tratos crueles y degradantes, sostiene el ombudsman José Luis Soberanes en el informe que hoy presentará en la Comisión Permanente.
Además, en su informe de labores Soberanes señala que el año pasado la libertad de prensa “estuvo en constante amenaza; la igualdad de género siguió pareciendo una quimera; la migración enfrentó nuevos y peligrosos obstáculos; las manifestaciones políticas no acaban de encontrar su punto de equilibrio frente a otras libertades, y los límites de la autoridad del Estado una y otra vez tiene que ser acotada”.
En 2007 “nuevamente la violencia y la inseguridad dominaron la escena nacional”, sostiene el ombudsman. Recuerda que llamó la atención de las autoridades de todo el país mediante la recomendación general sobre víctimas del delito, que se ha convertido en asunto que requiere atención urgente, y subraya que “los proyectos de reforma constitucional que ponen en riesgo las libertades conquistadas a lo largo de décadas, han merecido nuestra crítica –como es la reforma en materia de justicia que aprobó el Senado”.
El titular de la CNDH dará cuenta a diputados y senadores que en 2007 se recibieron 5 mil 244 expedientes de queja, y al 31 de diciembre de 2006 estaban en trámite mil 291 más, que suman un total de 6 mil 535 expedientes.
En su informe, el ombudsman reportará también que en 2007 se recibieron cuatro quejas por tortura, delito que parecía superado, porque año con año se tienen nuevos registros de esa práctica. Señala que las autoridades que mayor número de quejas acumularon por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron:
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en primer lugar, con mil 15; la Procuraduría General de la República (PGR) en segundo, con 671; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en tercero, con 367; el Instituto Nacional de Migración (INM), en cuarto, con 335; la Secretaría de Educación Pública (SEP), quinto, con 311; el sexto lugar lo ocupó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 270; el séptimo el Infonavit, con 221; el octavo, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, con 220.
Soberanes sostiene que en 2007 se emitieron 70 recomendaciones, y la autoridad o institución que ocupó el primer lugar por hechos violatorios de los derechos humanos fue el INM, con ocho; la Sedena, segundo, con seis, por delitos cometidos por militares contra ciudadanos, como fueron violación de mujeres, adolescentes y adultas, tortura, asesinato, robo, saqueo de domicilios, cateos, detenciones arbitrarias e ilegales, y retención de civiles en instalaciones castrenses.
La Sedena compartió el segundo lugar en recomendaciones con el IMSS y el gobierno del estado de Guerrero, a cada uno se le giraron seis. El tercer sitio lo ocupó la SSP federal; el cuarto, el gobierno de Veracruz, y el quinto fue para el Congreso de Veracruz, los gobiernos de Jalisco y de Oaxaca, así como el ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, con tres recomendaciones cada uno.
Soberanes informará a la Comisión Permanente que los principales hechos violatorios por los que se emitieron las 70 recomendaciones fueron: impugnación por no aceptar o por incumplimiento de la autoridad; trato cruel y/o degradante, ejercicio indebido de la función pública, negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, detención arbitraria, violación a los derechos de migrantes, violación al derecho a la vida, irregular integración de averiguaciones previas, negligencia médica, ejercicio indebido del cargo, retención ilegal, amenazas, intimidación y violación al derecho a la libertad de expresión.
El ombudsman informará que recibió cientos de cartas de actores y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que solicitaron información sobre las actividades de protección para las personas que fueron “intimidades, detenidas arbitrariamente o amenazadas”, o que fueron asesinadas, sufrieron intento de homicidio, acoso y desaparición. Entre estos casos destaca que recibió 359 cartas por intimidación al padre Carlos Franco Pérez Méndez, de la organización Educa; 321 por las detenciones arbitrarias de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; 300 por el caso de Ernestina Ascención Rosario; 220 por amenazas e intimidación contra los defensores Jesús Manuel Grijalva, Mayen Arellanes y otros. También hubo cartas de apoyo de organizaciones internacionales y solicitudes de protección por el caso Lydia Cacho, y por las integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, entre otros.
En 2007 destacaron las recomendaciones a la Sedena por la violación de mujeres en Castaños, Coahuila, y de adolescentes en Michoacán por parte de militares, así como por el asesinato de una familia en Sinaloa.
Además, en su informe de labores Soberanes señala que el año pasado la libertad de prensa “estuvo en constante amenaza; la igualdad de género siguió pareciendo una quimera; la migración enfrentó nuevos y peligrosos obstáculos; las manifestaciones políticas no acaban de encontrar su punto de equilibrio frente a otras libertades, y los límites de la autoridad del Estado una y otra vez tiene que ser acotada”.
En 2007 “nuevamente la violencia y la inseguridad dominaron la escena nacional”, sostiene el ombudsman. Recuerda que llamó la atención de las autoridades de todo el país mediante la recomendación general sobre víctimas del delito, que se ha convertido en asunto que requiere atención urgente, y subraya que “los proyectos de reforma constitucional que ponen en riesgo las libertades conquistadas a lo largo de décadas, han merecido nuestra crítica –como es la reforma en materia de justicia que aprobó el Senado”.
El titular de la CNDH dará cuenta a diputados y senadores que en 2007 se recibieron 5 mil 244 expedientes de queja, y al 31 de diciembre de 2006 estaban en trámite mil 291 más, que suman un total de 6 mil 535 expedientes.
En su informe, el ombudsman reportará también que en 2007 se recibieron cuatro quejas por tortura, delito que parecía superado, porque año con año se tienen nuevos registros de esa práctica. Señala que las autoridades que mayor número de quejas acumularon por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron:
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en primer lugar, con mil 15; la Procuraduría General de la República (PGR) en segundo, con 671; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en tercero, con 367; el Instituto Nacional de Migración (INM), en cuarto, con 335; la Secretaría de Educación Pública (SEP), quinto, con 311; el sexto lugar lo ocupó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 270; el séptimo el Infonavit, con 221; el octavo, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, con 220.
Soberanes sostiene que en 2007 se emitieron 70 recomendaciones, y la autoridad o institución que ocupó el primer lugar por hechos violatorios de los derechos humanos fue el INM, con ocho; la Sedena, segundo, con seis, por delitos cometidos por militares contra ciudadanos, como fueron violación de mujeres, adolescentes y adultas, tortura, asesinato, robo, saqueo de domicilios, cateos, detenciones arbitrarias e ilegales, y retención de civiles en instalaciones castrenses.
La Sedena compartió el segundo lugar en recomendaciones con el IMSS y el gobierno del estado de Guerrero, a cada uno se le giraron seis. El tercer sitio lo ocupó la SSP federal; el cuarto, el gobierno de Veracruz, y el quinto fue para el Congreso de Veracruz, los gobiernos de Jalisco y de Oaxaca, así como el ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, con tres recomendaciones cada uno.
Soberanes informará a la Comisión Permanente que los principales hechos violatorios por los que se emitieron las 70 recomendaciones fueron: impugnación por no aceptar o por incumplimiento de la autoridad; trato cruel y/o degradante, ejercicio indebido de la función pública, negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, detención arbitraria, violación a los derechos de migrantes, violación al derecho a la vida, irregular integración de averiguaciones previas, negligencia médica, ejercicio indebido del cargo, retención ilegal, amenazas, intimidación y violación al derecho a la libertad de expresión.
El ombudsman informará que recibió cientos de cartas de actores y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que solicitaron información sobre las actividades de protección para las personas que fueron “intimidades, detenidas arbitrariamente o amenazadas”, o que fueron asesinadas, sufrieron intento de homicidio, acoso y desaparición. Entre estos casos destaca que recibió 359 cartas por intimidación al padre Carlos Franco Pérez Méndez, de la organización Educa; 321 por las detenciones arbitrarias de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; 300 por el caso de Ernestina Ascención Rosario; 220 por amenazas e intimidación contra los defensores Jesús Manuel Grijalva, Mayen Arellanes y otros. También hubo cartas de apoyo de organizaciones internacionales y solicitudes de protección por el caso Lydia Cacho, y por las integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, entre otros.
En 2007 destacaron las recomendaciones a la Sedena por la violación de mujeres en Castaños, Coahuila, y de adolescentes en Michoacán por parte de militares, así como por el asesinato de una familia en Sinaloa.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 23 de enero.
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