Con la intención de quitarle las partes que criminalizan al migrante y dan un sesgo policiaco a la ley, ayer se reunieron las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado para analizar las 62 reservas hechas al dictamen de la Ley de Migración, que hoy serán discutidas en el pleno.
La propuesta es eliminar el artículo 151, que plantea sancionar hasta con mil salarios mínimos a quien dé empleo a los migrantes indocumentados.
Respecto al artículo 26, uno de los más polémicos, se pretende modificar la fracción tercera, que establece que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, tendrá la atribución en materia migratoria de llevar a cabo revisiones en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el INM.
Asimismo podría ser modificado el artículo 94, el cual señala que el INM recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por presuntas violaciones de carácter administrativo a esta Ley y a su Reglamento, las cuales podrán ser presentadas por cualquier medio. El instituto tendrá la obligación de informar al denunciante sobre la atención brindada a su denuncia, excepto cuando se trate de una denuncia anónima.
También se busca suprimir la fracción penúltima del artículo 93, que señala que el INM tendrá la facultad para realizar visitas de verificación que se ejercitarán de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. (Blanca Estela Botello)
Asimismo, se pretende modificar lo relativo a sanciones establecidas en los artículos 153 al 157, entre las que destacan que se imponga una multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el DF a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que el instituto otorgue el permiso correspondiente.
El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas se castigará con multa de mil a diez mil días de salario mínimo, que se impondrá a las personas físicas o morales con actividades comerciales dedicadas al transporte internacional de personas, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes.
A decir del senador del PRD Tomás Torres, no debe haber pretexto para sacar adelante el dictamen de la Ley Migratoria, programada para este jueves.
El legislador expresó que el dictamen fue modificado desde una visión del terreno policiaco, la cual debe ser corregida, ya que la Policía Federal no debe ser hacedora de las políticas de Migración.
“La Policía federal en México no ha tenido capacidad de evitar el tráfico de drogas, no ha tenido capacidad de evitar el tráfico de armas, de lo que se trata no es de castigar el tránsito de personas, sino de cuidar su integridad y de respetar sus derechos humanos como un problema real”.
La Crónica, 24 de febrero.
La propuesta es eliminar el artículo 151, que plantea sancionar hasta con mil salarios mínimos a quien dé empleo a los migrantes indocumentados.
Respecto al artículo 26, uno de los más polémicos, se pretende modificar la fracción tercera, que establece que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, tendrá la atribución en materia migratoria de llevar a cabo revisiones en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el INM.
Asimismo podría ser modificado el artículo 94, el cual señala que el INM recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por presuntas violaciones de carácter administrativo a esta Ley y a su Reglamento, las cuales podrán ser presentadas por cualquier medio. El instituto tendrá la obligación de informar al denunciante sobre la atención brindada a su denuncia, excepto cuando se trate de una denuncia anónima.
También se busca suprimir la fracción penúltima del artículo 93, que señala que el INM tendrá la facultad para realizar visitas de verificación que se ejercitarán de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. (Blanca Estela Botello)
Asimismo, se pretende modificar lo relativo a sanciones establecidas en los artículos 153 al 157, entre las que destacan que se imponga una multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el DF a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que el instituto otorgue el permiso correspondiente.
El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas se castigará con multa de mil a diez mil días de salario mínimo, que se impondrá a las personas físicas o morales con actividades comerciales dedicadas al transporte internacional de personas, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes.
A decir del senador del PRD Tomás Torres, no debe haber pretexto para sacar adelante el dictamen de la Ley Migratoria, programada para este jueves.
El legislador expresó que el dictamen fue modificado desde una visión del terreno policiaco, la cual debe ser corregida, ya que la Policía Federal no debe ser hacedora de las políticas de Migración.
“La Policía federal en México no ha tenido capacidad de evitar el tráfico de drogas, no ha tenido capacidad de evitar el tráfico de armas, de lo que se trata no es de castigar el tránsito de personas, sino de cuidar su integridad y de respetar sus derechos humanos como un problema real”.
La Crónica, 24 de febrero.
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