Avanza en San Lázaro ley contra trata

La Cámara de Diputados aprobó con 378 votos a favor y tres en contra, una reforma constitucional para perseguir el delito de trata de personas al mismo nivel que el del secuestro, y con ello evitar que en México continúe en ascenso la exportación de esclavos laborales, sexuales y del intercambio de órganos a otros países.

La reforma faculta a los diputados a legislar en torno a la trata de personas, y ordena dos cosas, la cárcel preventiva a los señalados del delito, y protege la identidad de las víctimas del crimen.

A pesar del apoyo general a la reforma a los artículos 19, 20 y 73 constitucionales, que después de muchos meses fue dictaminada en la comisión de Puntos Constitucionales y llevada al pleno, las diputadas del PRI, María Esther Sherman y Georgina Trujillo, además de la perredista Enoé Uranga, votaron en contra de la propuesta.

A ellas se sumó la abstención de la también priísta Carolina Viggiano.

Huecos legales

La trata de personas era perseguida y sancionada con base en una Ley general, que no adoptaron 22 estados, y de la cual sólo se logró una sentencia a nivel federal.

Actualmente, en algunos de los estados, la trata de personas es muy difícil de demostrar y se confunde con lenocidio y prostitución.

La reforma constitucional se turnó al Senado de la República para su ratificación, y después tendrá que recibir el aval de por lo menos 16 de los 31 congresos locales.

El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Juventino Castro, detalló que la tipificación legal para el castigo de los infractores que atenten contra la libertad personal está lejos de alcanzarse en su amplitud y debe procurarse perfeccionarla para beneficio de la sociedad y de sus componentes.

En tanto, la también perredista Araceli Vázquez —promotora de dicha reforma— dijo que sumado a lo macabro del mercado laboral y sexual, está también el de la venta de órganos y tejidos humanos.

“La delincuencia organizada vio en el ser humano un nicho de negocio oscuro, basados en nuevas tecnologías tanto científicas, médicas y de internet. Es la esclavitud del siglo XXI, el ser humano adquiere un precio y se convierte en mercancía.

“La trata de personas, además de denigrar a un ser humano al equipararlo con un objeto, destruye y corroe el tejido social hasta verlo como natural las relaciones malsanas de poder y subordinación, de quienes tienen poder económico y político que se asumen como amos”, dijo.

Según la comisión, el negocio de la trata de personas representa entre 10 mil y 30 mil millones de dólares.

Se reportan que hay casi 85 mil víctimas por año de este delito y que son usados en actos de pornografía infantil, a lo que se suman 150 mil menores en situación de calle que son 50% vulnerables a ser privados de su libertad.

El panista Gustavo Hernández, dijo que el dictamen permitirá elevar a rango constitucional las medidas mínimas de protección y manejo del delito de trata de personas, “el objetivo es mantener a salvo a las víctimas de cualquier represalia”, afirmo.

Enoé Uranga del PRD pidió una moción suspensiva, pues consideró que el dictamen es un cheque en blanco porque nadie en este país se hará cargo de investigar el delito de trata de personas.
Andrea Merlos y Juan Arvizu, El Universal, 16 de febrero.

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