El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, advirtió que de aprobarse —mañana— en el Senado la Ley de Migración con las disposiciones que son similares a la Ley Arizona, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Indicó que si el Senado aprueba dentro de la Ley de Migración medidas que sean violatorias de los derechos humanos, la CNDH presentará una acción de inconstitucionalidad.
"Si como producto del proceso legislativo se genera una situación que violente los derechos humanos, podremos interponer, en ejercicio de nuestras facultades, una acción de inconstitucionalidad", dijo durante la presentación del informe especial sobre secuestro de migrantes.
La Ley de Migración, que ayer fue aprobada en lo general por el pleno del Senado, ha sido comparada con la Ley SB1070 o Ley Arizona, criticada y rechazada por contener disposiciones que violan los derechos humanos de migrantes indocumentados.
Por ejemplo, contempla sanciones de mil salarios mínimos a quienes les den empleo y la deportación de personas que realicen actividades remuneradas sin permiso.
Además, valida la retención de migrantes en estaciones migratorias hasta por 15 días y da a la Policía Federal facultades para realizar "revisiones migratorias" y "asegurar" a quienes no puedan comprobar un estatus migratorio legal.
Consultado sobre el tema, Raúl Plascencia dijo que la Comisión no puede intervenir en procesos legislativos, pero sí analizar a detalle si las normas aprobadas "contienen sesgos de inconstitucionalidad", caso en el que será posible presentar litigios ante la Suprema Corte.
"La migración no debe ser considerada como un delito, porque esto es lo que ha propiciado actos de corrupción y abuso de autoridad. Si hay un punto inconstitucional, tengan la certeza de que interpondré la acción correspondiente", expresó.
El titular del organismo exhortó a los integrantes del Congreso a "legislar en armonía con la realidad del fenómeno migratorio" y preparar un esquema flexible de emisión de visas "para dejar claro quién sólo busca una visita momentánea al país y quién requiere una visa humanitaria, la cual debe otorgarse a toda víctima de delito".
Señaló que cualquier proyecto en las Cámaras debe tener el objetivo claro de "evitar que personas que podían tener regularizada su calidad migratoria sean víctimas de la delincuencia y de la actuación de malos servidores públicos".
Indicó que si el Senado aprueba dentro de la Ley de Migración medidas que sean violatorias de los derechos humanos, la CNDH presentará una acción de inconstitucionalidad.
"Si como producto del proceso legislativo se genera una situación que violente los derechos humanos, podremos interponer, en ejercicio de nuestras facultades, una acción de inconstitucionalidad", dijo durante la presentación del informe especial sobre secuestro de migrantes.
La Ley de Migración, que ayer fue aprobada en lo general por el pleno del Senado, ha sido comparada con la Ley SB1070 o Ley Arizona, criticada y rechazada por contener disposiciones que violan los derechos humanos de migrantes indocumentados.
Por ejemplo, contempla sanciones de mil salarios mínimos a quienes les den empleo y la deportación de personas que realicen actividades remuneradas sin permiso.
Además, valida la retención de migrantes en estaciones migratorias hasta por 15 días y da a la Policía Federal facultades para realizar "revisiones migratorias" y "asegurar" a quienes no puedan comprobar un estatus migratorio legal.
Consultado sobre el tema, Raúl Plascencia dijo que la Comisión no puede intervenir en procesos legislativos, pero sí analizar a detalle si las normas aprobadas "contienen sesgos de inconstitucionalidad", caso en el que será posible presentar litigios ante la Suprema Corte.
"La migración no debe ser considerada como un delito, porque esto es lo que ha propiciado actos de corrupción y abuso de autoridad. Si hay un punto inconstitucional, tengan la certeza de que interpondré la acción correspondiente", expresó.
El titular del organismo exhortó a los integrantes del Congreso a "legislar en armonía con la realidad del fenómeno migratorio" y preparar un esquema flexible de emisión de visas "para dejar claro quién sólo busca una visita momentánea al país y quién requiere una visa humanitaria, la cual debe otorgarse a toda víctima de delito".
Señaló que cualquier proyecto en las Cámaras debe tener el objetivo claro de "evitar que personas que podían tener regularizada su calidad migratoria sean víctimas de la delincuencia y de la actuación de malos servidores públicos".
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 23 de febrero.
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