Los diputados federales pretenden aprobar hoy una reforma constitucional para que el delito de trata de personas sea equiparable al secuestro, y se garantice la presión preventiva al inculpado, el resguardo de la identidad, y dotar de facultades al Congreso para legislar en la materia.
Actualmente, desde que se implementaron normas de combate a la trata de personas (en 2007), se ha consignado penalmente a una sola persona.
Por lagunas legales, el delito se confunde con lenocinio y pornografía, ello facilita a los acusados a librar la justicia, a lo que se suman las denuncias de organizaciones civiles, en torno a que los jueces aminoran sentencias, por falta de conceptos.
Con la nueva ley, se castigará a las terceras personas que sometan y esclavicen a alguien a cambio de una remuneración.
Actualmente el artículo 19 Constitucional determina que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva como método de garantía de la presencia del imputado en el juicio e investigación, y para protección de las víctimas, testigos y comunidad, así como cuando el imputado sea procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Con la reforma, se integra la trata de personas en la lista de delitos dolosos, como son casos de delincuencia organizada, homicidio, violación, secuestro y aquellos cometidos con medios violentos.
En el artículo 20, se integran a las víctimas de la trata de personas, en las obligaciones legales de resguardo de identidad y de datos personales.
En lo que refiere al 73 de la Constitución, la Cámara de Diputados se faculta para legislar en torno al delito.
El dictamen concentra dos iniciativas de las diputadas Araceli Vázquez del PRD y Rosi Orozco del PAN.
En entrevista, Vázquez aseguró que la trata de personas sólo se combate legalmente en cinco estados de la República: Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz; se trataba en una norma en Chiapas y Puebla, y el resto de las entidades no tiene ningún tipo de sanción.
En los argumentos de la iniciativa, Orozco expuso que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a los Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, según datos de la CNDH.
Actualmente, desde que se implementaron normas de combate a la trata de personas (en 2007), se ha consignado penalmente a una sola persona.
Por lagunas legales, el delito se confunde con lenocinio y pornografía, ello facilita a los acusados a librar la justicia, a lo que se suman las denuncias de organizaciones civiles, en torno a que los jueces aminoran sentencias, por falta de conceptos.
Con la nueva ley, se castigará a las terceras personas que sometan y esclavicen a alguien a cambio de una remuneración.
Actualmente el artículo 19 Constitucional determina que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva como método de garantía de la presencia del imputado en el juicio e investigación, y para protección de las víctimas, testigos y comunidad, así como cuando el imputado sea procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Con la reforma, se integra la trata de personas en la lista de delitos dolosos, como son casos de delincuencia organizada, homicidio, violación, secuestro y aquellos cometidos con medios violentos.
En el artículo 20, se integran a las víctimas de la trata de personas, en las obligaciones legales de resguardo de identidad y de datos personales.
En lo que refiere al 73 de la Constitución, la Cámara de Diputados se faculta para legislar en torno al delito.
El dictamen concentra dos iniciativas de las diputadas Araceli Vázquez del PRD y Rosi Orozco del PAN.
En entrevista, Vázquez aseguró que la trata de personas sólo se combate legalmente en cinco estados de la República: Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz; se trataba en una norma en Chiapas y Puebla, y el resto de las entidades no tiene ningún tipo de sanción.
En los argumentos de la iniciativa, Orozco expuso que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a los Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, según datos de la CNDH.
Andrea Merlos, El Universal, 3 de febrero.
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