De acuerdo con una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW), en 2010 murieron ocho personas en Nuevo León como “resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina”.
El reporte señala también algunas desapariciones, por lo que hizo un llamado a adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que al no llevar a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de estos actos a ser juzgados se “envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado”.
Miguel Vivanco indicó que HRW descubrió graves irregularidades en las investigaciones de algunos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria.
A manera de ejemplo señaló que en ocasiones no se entrevistó a testigos clave o no fue visitado el lugar de los hechos.
El reporte se anexa el caso de de Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, una pareja que murió el 3 de marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac.
“Dos testigos informaron a HRW que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 horas, quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados; dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga.
Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares”, indica el texto.
Y agrega que “Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon”.
La Crónica, 4 de febrero.
El reporte señala también algunas desapariciones, por lo que hizo un llamado a adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que al no llevar a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de estos actos a ser juzgados se “envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado”.
Miguel Vivanco indicó que HRW descubrió graves irregularidades en las investigaciones de algunos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria.
A manera de ejemplo señaló que en ocasiones no se entrevistó a testigos clave o no fue visitado el lugar de los hechos.
El reporte se anexa el caso de de Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, una pareja que murió el 3 de marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac.
“Dos testigos informaron a HRW que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 horas, quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados; dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga.
Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares”, indica el texto.
Y agrega que “Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon”.
La Crónica, 4 de febrero.
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