Rechazan senadores del PAN la reforma de derechos humanos

Después de tres años de discusiones en el Congreso y cuando estaba a punto de aprobarse, la reforma constitucional en materia de derechos humanos se atoró de nuevo en el Senado y corre el riesgo de quedar congelada, porque a última hora la bancada del PAN objetó el párrafo que establece que nadie podrá ser discriminado por “preferencias sexuales”.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones la semana pasada y el presidente de Estudios Legislativos, el panista Alejandro Zapata Perogordo, declaró que la minuta es “un hito en la historia de México”, un avance fundamental en materia de derechos y libertades, y estuvo de acuerdo en que se presentara a primera lectura en la siguiente sesión.

Sin embargo, el martes 22 la mayoría de los panistas advirtió que no aprobaría la reforma. Los legisladores, considerados ultraconservadores, sostuvieron que es un riesgo la modificación que los diputados hicieron a la minuta, al especificar que se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales, ya que, a su juicio, puede llevar a que pederastas se escuden en ello para abusar de menores de edad. El propio Zapata Perogordo se vio obligado a pedir que se retirara el dictamen, al que ya no se dio primera lectura, y hoy los blanquiazules decidirán si le retiran el apoyo en definitiva. Hasta ayer, sólo 10 de los 49 diputados del PAN estaban por aprobarla.

El resto insiste en que no puede aprobar un ordenamiento “que puede llevar a alguien a señalar que la Constitución protege su preferencia por la pedofilia”.

A su vez, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló: “¡Eso es absurdo! ¿Desde cuándo el reconocimiento de un derecho constitucional faculta a las personas a cometer ilícitos? ¡Por supuesto que no!”.

Consideró muy grave frenar “la reforma más importante en materia de derechos humanos que se ha hecho en México, después de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

A su vez, el perredista Pablo Gómez calificó de “pueriles” los argumentos de los panistas y consideró que están poco informados, porque la modificación no alude al derecho a tener preferencias sexuales, como lo mal interpretan, sino a no ser discriminados por no ser heterosexuales.

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, deploró que “la mojigatería de los panistas” eche abajo un ordenamiento fundamental que amplía los derechos de los mexicanos.

El dictamen explica que en San Lázaro decidieron modificar el último párrafo del artículo primero constitucional, para incorporar las preferencias sexuales como uno de los motivos causantes de discriminación, para brindar “mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales. Se hace notar que la modificación corresponde a la realidad que enfrentan muchas personas que llegan a ser discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, lo que ha producido agresiones físicas, verbales, sicológicas, torturas y aun la muerte”.

Sin embargo, para los blanquiazules no es suficiente. Ayer en Twitter, la senadora Beatriz Zavala explicó que no quieren retrasar la reforma –que pasó ya dos veces por ambas cámaras–, pero “a algunos les preocupa que preferencias sexuales es ambiguo y se presta a penosas interpretaciones”.

Una solución, planteó, sería especificar “preferencias heterosexuales u homosexuales”, pero esos cambios a la minuta retrasarían su aprobación.

Coldwell dijo que ese argumento no es sólido: “es suponer que la prohibición a no discriminar por razones de religión faculta a alguien a matar con base en sus creencias. De la misma manera, el derecho a no ser discriminado por preferencias sexuales no da patente de corzo para cometer delitos sexuales.

“Hay que estar conscientes –destacó– de que no se legisla con prejuicios sociales”, y añadió que el dictamen debe subir hoy a primera lectura, aunque “habrá problemas” si la mayoría del PAN va en contra, porque por tratarse de una reforma constitucional requiere de las dos terceras partes de los votos.
Andrea Becerril, La Jornada, 24 de febrero.

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