Las amenazas en contra de defensoras de derechos humanos en México se han incrementado en los últimos años, por lo que se requieren mecanismos más efectivos para protegerlas, advirtió Margaret Sekaggya, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un informe presentado esta semana, indicó que entre 2004 y 2009 se registraron 45 casos de amenazas de muerte en contra de mujeres activistas en Colombia, 27 en México, 18 en Guatemala, 14 en Brasil y 12 en Honduras.
"Uno de los grupos que parece correr más riesgos es el de las defensoras que luchan en contra de la impunidad en casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú", señaló.
La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos informó haber enviado dos comunicaciones al Gobierno mexicano sobre intentos de asesinato de mujeres activistas.
Ubicó además a México -junto con Ecuador, Honduras, India y Nepal- entre los países con mayor riesgo de violencia sexual en contra de defensoras de los derechos humanos.
"Aunque por lo general se desconoce la identidad de los presuntos autores de los hechos, se sabe que entre ellos hay miembros de la Policía, el Ejército y grupos armados", apuntó.
En su informe, Sekaggya exhortó al Gobierno mexicano a adoptar medidas específicas de protección para las activistas.
Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que el mayor número de amenazas en contra de mujeres activistas documentadas por la relatora ilustra la creciente atención sobre la situación del país.
"Lo que sus datos reflejan, por una parte, es la dimensión de un problema. El problema sí es real en México. Por otra parte, muestran también el impulso o actividad que desde México, o en torno a México, hace que lleguen informaciones al conocimiento de la relatora, lo que le permite hacer sus comunicaciones", comentó en entrevista.
Un grupo de 46 organizaciones civiles mexicanas expresó su coincidencia con Sekaggya.
En un pronunciamiento difundido ayer, destacaron que el 14 por ciento de las comunicaciones de la relatora por cuestiones relacionadas con la impunidad y el acceso a la justicia fue dirigido a México.
"Suscribimos la recomendación de la relatora al Gobierno federal para que cumpla con su compromiso de establecer un mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas que incorpore una perspectiva adecuada a las especificidades del trabajo de las defensoras y defensores de derechos de las mujeres y/o las cuestiones de género", indicaron.
En un informe presentado esta semana, indicó que entre 2004 y 2009 se registraron 45 casos de amenazas de muerte en contra de mujeres activistas en Colombia, 27 en México, 18 en Guatemala, 14 en Brasil y 12 en Honduras.
"Uno de los grupos que parece correr más riesgos es el de las defensoras que luchan en contra de la impunidad en casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú", señaló.
La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos informó haber enviado dos comunicaciones al Gobierno mexicano sobre intentos de asesinato de mujeres activistas.
Ubicó además a México -junto con Ecuador, Honduras, India y Nepal- entre los países con mayor riesgo de violencia sexual en contra de defensoras de los derechos humanos.
"Aunque por lo general se desconoce la identidad de los presuntos autores de los hechos, se sabe que entre ellos hay miembros de la Policía, el Ejército y grupos armados", apuntó.
En su informe, Sekaggya exhortó al Gobierno mexicano a adoptar medidas específicas de protección para las activistas.
Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que el mayor número de amenazas en contra de mujeres activistas documentadas por la relatora ilustra la creciente atención sobre la situación del país.
"Lo que sus datos reflejan, por una parte, es la dimensión de un problema. El problema sí es real en México. Por otra parte, muestran también el impulso o actividad que desde México, o en torno a México, hace que lleguen informaciones al conocimiento de la relatora, lo que le permite hacer sus comunicaciones", comentó en entrevista.
Un grupo de 46 organizaciones civiles mexicanas expresó su coincidencia con Sekaggya.
En un pronunciamiento difundido ayer, destacaron que el 14 por ciento de las comunicaciones de la relatora por cuestiones relacionadas con la impunidad y el acceso a la justicia fue dirigido a México.
"Suscribimos la recomendación de la relatora al Gobierno federal para que cumpla con su compromiso de establecer un mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas que incorpore una perspectiva adecuada a las especificidades del trabajo de las defensoras y defensores de derechos de las mujeres y/o las cuestiones de género", indicaron.
Daniela Rea, Reforma, 5 de febrero.
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