Reconoció que si bien la Secretaría de Marina rechazó en 2010 tres recomendaciones emitidas por la CNDH, con posterioridad aceptó su contenido y eso facilita que las víctimas accedan a la justicia, mientras quienes no aceptaron las observaciones fueron la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Petróleos Mexicanos y los gobiernos de Chihuahua y San Luis Potosí, Acatlán, Metlatónoc, Chilpancingo, Guadalajara, San Juan Yatzona, Santa María Yalina y Agua Dulce.
Plascencia dijo que en 2010 la sociedad experimentó momentos difíciles derivados de la violencia del crimen organizado, así como de los enfrentamientos entre autoridades y delincuentes, “dando como resultado un incremento considerable de muertes violentas, entre éstas, de personas ajenas a la comisión de delito u operativos, cuyos familiares, en la mayoría de los casos aún aguardan se haga justicia”.
Afirmó que las estrategias de seguridad “requieren de una constante evaluación que tenga como aspecto fundamental el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad pública, con plena observancia de los derechos humanos.
México • Lorena López, Milenio, 9 de febrero.
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