Acusan indiferencia del gobierno ante las desapariciones

Desde hace ocho años, cuando empezaron a realizarse las caravanas de madres centroamericanas a México en busca de sus hijos, los activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) han logrado encontrar a más de 80 personas que estaban reportadas como desaparecidas o no localizadas, haciendo un trabajo que le corresponde al gobierno.
A pesar de la escasez de recursos, un equipo de no más de cuatro personas analiza cada caso, recaba testimonios y “camina” la zona donde pudo haber ocurrido la desaparición, mientras que las autoridades se niegan a hacerlo y mandan a la fosa común incluso a los migrantes que fueron encontrados con alguna identificación, argumentando que no tienen infraestructura para mantener el cuerpo, señaló Rubén Figueroa, coordinador del mencionado colectivo.
La labor de búsqueda, explicó Figueroa en entrevista con La Jornada, inicia cuando los familiares de algún trabajador indocumentado le hacen llegar los datos de su ser querido a diversas organizaciones locales de derechos humanos, quienes a su vez se los envían al MMM.
Luego de estudiar la información –la mayoría relacionada con desaparición de mujeres–, los activistas empiezan a formular hipótesis sobre la causa del delito, ven si hay pistas de llamadas telefónicas o envío de dinero de los migrantes a sus países de origen o si le comentaron a alguien sobre sus intenciones de movilizarse por alguna ruta en particular.
“Todo lo analizamos, lo investigamos y empezamos a hacer una búsqueda. Por nuestra experiencia en el tema de la migración, podemos descartar o aumentar algunas pistas. Después evaluamos el riesgo, caminamos el lugar, vamos a zonas de tolerancia, cantinas y bares y así seguimos hasta dar con el paradero de la gente”, en particular cuando se trata de mujeres que han sido víctima de trata, indicó.
Uno de los casos más recientes abordados por el Movimiento Migrante Mesoamericano fue el de la joven nicaragüense Irene Rugada, quien fue encontrada en el pueblo de Villa Comaltitlán, Chiapas.
Aunque formalmente las indagatorias estaban a cargo de Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República, dicho organismo nunca informó si había logrado realizar algún avance para localizar a la víctima.
“Ni ellos ni la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) hicieron nada. Existe la posibilidad de que ni siquiera hayan hecho el intento de buscarla”, deploró Figueroa.
El equipo del MMM que se dedica a realizar está tarea peligrosa y desgastante está conformado por cuatro personas, quienes se dedican a hacer análisis de las condiciones en que un migrante fue desaparecido, difunden el caso para obtener más datos y recorren el país hasta encontrarlo.
“Hacemos esto con muchas precariedades, sólo guiándonos por nuestra experiencia en el tema. Desde hace tres años hacemos este trabajo no sólo durante las caravanas, sino todo el año, apoyándonos con periodistas locales y con otras organizaciones de la sociedad civil”, manifestó.
En contraposición, lamentó el activista, las autoridades mexicanas han mostrado una indiferencia casi total frente a los desaparecidos, a tal grado que incluso cuando el cuerpo de uno de ellos es encontrado con algún documento que acredita su identidad, de todas formas es lanzado a la fosa común.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 6 de abril.