Mesa, el ocaso de negocios prósperos

M ESA, Arizona.— El senador estatal de Mesa, Russell Pearce, concibió la ley SB1070 para “asfixiar” a los indocumentados, pero, paradójicamente, la medida está deteriorando la economía de esta ciudad y del estado.

La SB1070, en vigor desde el jueves aunque con la suspensión por la justicia de los artículos más criticados, penaliza la presencia de indocumentados en Arizona y ha inspirado a otros gobiernos a seguir el ejemplo de este estado, considerado “zona cero” del combate a la inmigración ilegal en EU.

Sin embargo, esta ley ha caldeado el clima político en EU ante los comicios de noviembre próximo, y en Mesa, 32 kilómetros al este de Phoenix, está contribuyendo al ocaso de decenas de negocios. Para un extranjero, la vida en Arizona se divide en un antes y un después de la SB1070, una medida que también castiga a quienes ayuden a los ilegales.

Basta un paseo por algunas de la principales calles de este imán del turismo en el condado de Maricopa para ver el impacto de la recesión y de la norma, que ha alentado el éxodo de muchos.

Varios negocios en las intersecciones de Main Street y Stapley Drive, y de Broadway y Country Club, cuelgan en sus puertas letreros con mensaje de “cerrado” y cadenas y candados de acero. En varios centros comerciales, sólo quedan lotes vacíos.

“Creo que legisladores como el señor Pearce no piensan en el bienestar de su estado (...), están usando la SB1070 como plataforma para captar votos”, dijo la reverenda Magdalena Schwartz, de la iglesia Discípulos del Reino Metodista Libre, que atiende a inmigrantes, en su mayoría de México.

Nadie sabe con certeza cuánto costará la aplicación de la SB1070, aunque las autoridades apartaron 10 millones de dólares para acciones policiales. Esa cifra no incluye lo que costaría ampliar las cárceles o responder a posibles demandas civiles.

El Centro Udall para Estudios de Política Pública, de la Universidad de Arizona, calculó recientemente que la productividad económica de los inmigrantes en el estado, tanto legales como indocumentados, fue de 44 mil millones de dólares en 2004.

Si se cumpliera la fantasía de los partidarios de la ley de expulsar a todos los indocumentados, Arizona perdería 26 mil 400 millones de dólares en actividad económica, 11 mil 700 millones en su Producto Interno Bruto y unos 140 mil 324 empleos, según el Grupo Perryman.

María Peña (EFE), EL Universal, 1º de agosto.

Federales rescatan a reporteros en Durango

Una célula del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, secuestró a los cuatro periodistas en Durango para obligar a los medios de comunicación a que difundieran mensajes e información relacionada con esa organización, “como parte de una estrategia de propaganda criminal”.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal (SSP), dijo que éste era el objetivo del cártel al secuestrar el 26 de julio pasado a Óscar Solís, reportero del periódico local El Vespertino; Héctor Gordoa, de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna, y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Los dos primeros fueron liberados por los plagiarios, mientras que Canales Fernández y Hernández Pacheco fueron rescatados ayer en la madrugada durante un operativo de la Policía Federal en una casa de seguridad de la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, Durango, aunque los responsables lograron huir.

El funcionario afirmó que los expertos en manejo de crisis asesoraron a los enlaces de los medios de comunicación que estuvieron en la negociación con los secuestradores (aunque no hizo mención de Solís, quien desde el martes quedó libre). Las gestiones permitieron que el 29 de julio fuera liberado Gordoa, pero luego se rompieron y se hizo obligado el rescate de los dos periodistas que permanecían en cautiverio. “Los secuestradores no cumplieron su promesa en términos de lo que se estaba negociando, lo cual obligó a avanzar en la parte de operación”.

Se aplicó un esquema “que privilegió a las víctimas para que no les hicieran daño” y no fueran blanco de disparos o agresiones por parte de sus captores. Se acordonó el área donde se ubicaba la casa de seguridad para que actuaran las unidades de intervención, dijo.

Cuando se tuvo la certeza de que Canales Fernández y Hernández Pacheco estaban seguros, los agentes ingresaron a la casa de seguridad, en la cual ya no se encontraban los plagiarios porque huyeron cuando se dieron cuenta de la presencia de la Policía Federal, informó el secretario. En la casa de seguridad sólo estaban los dos periodistas.

García Luna afirmó que se continuará con las investigaciones, pues del testimonio de los comunicadores rescatados y de labores de inteligencia se sabe que en ese mismo sitio había policías que estaban secuestrados y que fueron liberados.

Estrategia de propaganda

El funcionario dijo que “la organización que fue responsable de este hecho es el cártel del Pacífico o de Sinaloa, en particular Joaquín El Chapo Guzmán”, por lo que se trabaja en la captura de la célula que bajo las órdenes de este narcotraficante secuestró a los cuatro reporteros.

El plagio de los periodistas, aseguró García Luna, “es una estrategia mediática del crimen organizado en la que querían transmitir mensajes ocupando la capacidad de los medios de comunicación.

“El objetivo, la pretensión del grupo era de manera específica transmitir mensajes del crimen organizado para impactar a la comunidad, ocupando en principio a los reporteros para que fueran el conducto para la transmisión de estos mensajes” y de inicio se transmitieran tres videos.

Silvia Otero, El Universal, 1º de agosto.

PF: “El Chapo” ordenó plagio de periodistas

Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), reveló que una célula del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, perpetró el secuestro de cuatro periodistas en Durango, para obligar a los medios de comunicación a difundir mensajes e información relacionada con esa organización, “como parte de una estrategia de propaganda criminal”.

Ese era el objetivo del cártel, dijo, al secuestrar el 26 de julio a Óscar Solís, reportero del periódico local El Vespertino; Héctor Gordoa, de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna, y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Las dos primeras víctimas fueron liberadas por los plagiarios, mientras que Canales Fernández y Hernández Pacheco fueron rescatados ayer en la madrugada, durante un operativo de fuerzas especiales de la Policía Federal, en una casa de seguridad ubicada en la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, Durango. Los responsables lograron huir.

El funcionario detalló que “la pretensión del grupo criminal era de manera específica transmitir mensajes del crimen organizado para impactar a la comunidad, ocupando en principio a los reporteros para que fueran el conducto para la transmisión de estos mensajes” y de inicio se dieran a conocer tres videograbaciones.

Especialistas en manejo de crisis asesoraron desde el primer momento a los enlaces de los medios de comunicación que estuvieron involucrados en el proceso de negociación con los secuestradores (aunque el titular de Seguridad Pública no hizo mención de Óscar Solís, quien desde el martes pasado quedó libre).

García Luna especificó que las gestiones permitieron que el 29 de julio fuera liberado Héctor Gordoa, pero luego “los secuestradores no cumplieron su promesa en términos de lo que se estaba negociando, lo cual obligó a avanzar en la parte de operación” con un esquema “que privilegió a las víctimas”.

Cuando se tuvo la certeza de que Canales Fernández y Hernández Pacheco estaban seguros, los agentes de élite ingresaron a la casa de seguridad donde sólo estaban ambos comunicadores, pues los plagiarios huyeron cuando se dieron cuenta de la presencia de la Policía Federal.

El secretario de Seguridad Pública afirmó que se continuará con las investigaciones pues, basados en el testimonio de los comunicadores rescatados y de labores de inteligencia de la corporación, se sabe que en ese mismo sitio había policías que estaban secuestrados y que al parecer también fueron liberados por los plagiarios

La Crónica, 1º de agosto.

Santos condiciona diálogo con los rebeldes

El presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, condicionó ayer un diálogo con la guerrilla de las FARC a la liberación unilateral de todos los secuestrados, el cese de acciones terroristas y dejar de utilizar minas antipersonales y reclutar a niños.

El vicepresidente electo, Angelino Garzón, aseguró ayer a periodistas que el nuevo gobierno de Santos, quien asumirá el 7 de agosto próximo, tiene abierta las ‘’puertas del diálogo’’ con la guerrilla, pero con algunas condiciones.

El viernes el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alfonso Cano, propuso ‘’conversar de paz’’ con el gobierno de Santos para buscar una salida política al conflicto interno de este país, el cual se extiende por más de 45 años.

“El gobierno de Juan Manuel Santos no tiene cerradas las puertas de la paz, pero le estamos exigiendo a la guerrilla poner en libertad a todas las personas secuestradas sin condiciones’’, dijo Garzón.

La Crónica, 1º de agosto.

Fidel asegura estar “totalmente recuperado”

Durante un encuentro con jóvenes cubanos, el ex presidente Fidel Castro aseguró estar “totalmente” recuperado de salud al señalar en un mensaje transmitido por la televisión local: “No hace mucho libré las últimas batallas para poder estar en las condiciones en que me encuentro hoy”. El portal Cuba Debate, que publica las Reflexiones del líder de la Revolución Cubana, también publicó las fotos del encuentro, donde Fidel aparece vestido con camisa a cuadros rojos y blancos.

Fidel Castro, que el próximo 13 de agosto cumplirá 84 años, le cedió la presidencia a su hermano Raúl en 2006 al caer gravemente enfermo y ser sometido a una cirugía intestinal. En las últimas dos semanas, el líder cubano sorprendió con una serie de reapariciones públicas tras su larga convalecencia.

La Crónica, 1º de agosto.

Llamarán a declarar a los dos agentes migratorios suspendidos

La delegada en Puebla del Instituto Nacional de Migración (INM), Rocío Sánchez de la Vega, determinó la suspensión de dos agentes de este instituto que presumiblemente golpearon y despojaron de su equipo de video al fotoperiodista michoacano Irineo Mujica Arzate.

Aunque se desconoce el nombre de los empleados involucrados en una serie de anomalías cometidas durante un operativo realizado en Soltepec, se prevé que durante los siguientes días serán convocados a declarar como parte de las indagatorias.

A través de un comunicado enviado la noche del viernes, la dependencia enfatizó que el peritaje continúa a fin de definir responsabilidades y sancionar a quien corresponda.

Contrario a las declaraciones que un día antes Sánchez de la Vega hizo a este medio, entorno a que no existiría un apoyo adicional para el reportero por los 14 días de ayuno que suma, esta vez la dependencia ofreció atención médica para impedir que la salud de Mujica merme aún más.

Este sábado Irineo Mujica cumplió 15 días en huelga de hambre. Encadenado, se mantiene frente a la estación migratoria ubicada en la colonia Chapultepec de esta ciudad.

Mujica fue golpeado el pasado 16 de julio, en medio de un operativo desplegado por el INM en el municipio de Soltepec, cuando agentes de la dependencia detuvieron a un grupo de migrantes centroamericanos.

El documentalista recababa imágenes para integrar un trabajo periodístico precisamente sobre los riesgos de cruzar la frontera con Estados Unidos.

Aparentemente, al grabar el maltrato del que fueron víctimas los salvadoreños que viajaban en un tren, los agentes ofendieron, patearon y golpearon a Mujica.

Además le arrebataron una cámara de video, 9 mil 830 pesos en efectivo, documentos personales y su teléfono celular.

Según palabras de Sánchez de la Vega, la video cámara así como el material grabado con ella le será devuelto de forma íntegra al informador.

No obstante, la suspensión de dos de los funcionarios ocurre 360 horas después de que el periodista iniciara la abstención alimenticia como protesta.

La funcionaria desconoció cuándo podría regresársele su equipo al comunicador.

La Crónica, 1º de agosto.

La designación del titular de la Cofetel podría no ser valida: PRI

Si se determina que Mony de Swaan Addati no cumplía con los requisitos para estar al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), todas sus resoluciones serán inválidas y, por tanto, habrá incurrido en ejercicio indebido de funciones, advirtió el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

Lo anterior, explicó el legislador federal priista, motivó a su bancada a presentar una controversia constitucional contra el presidente de la República por la designación de dicho funcionario, quien se venía desempeñando como coordinador de asesores de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes.

“Por ello, al mismo tiempo, presentamos también una denuncia penal contra De Swaan Addati, pues consideramos que hay elementos suficientes para configurar el delito de usurpación de funciones”, abundó.

El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro rechazó cualquier ánimo de venganza, pues se trata de que se cumpla la ley, sin privilegios ni distinciones.

“Cuando se emprende una acción fuera de la ley, asumiendo las consecuencias, es que se tienen intereses muy importantes que cuidar, y eso es probablemente lo que está ocurriendo con el caso del señor Mony de Swaan, y el interés que tiene la Presidencia o el propio Molinar Horcasitas en satisfacer determinados intereses en este tema”, puntualizó Ramírez Marín.



Por otra parte, al mencionar que citar a comparecer a los secretarios de Estado no es capricho, lamentó que Carlos Navarrete, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, se haya dedicado a retrasar la presencia de varios funcionarios, lo cual evidenció que se prestó a intereses ajenos al poder Legislativo.

Néstor Campos en Yucatán, La Crónica, 1º de agosto.

Uribe niega que vaya atacar a Venezuela como acusó Chávez

Al cumplirse ocho días de la ruptura diplomática entre Bogotá y Caracas por decisión del presidente venezolano Hugo Chávez, quien no ha cesado en calentar la tensión con denuncias de que el gobierno colombiano prepara un ataque contra territorio venezolano, ayer el presidente colombiano, Álvaro Uribe, aseguró en un comunicado que jamás ha pensado en atacar a Venezuela y acusó a Chávez de engaña a su pueblo con esa versión de que serán agredidos por el vecino país.

Uribe en su mensaje reiteró que “Colombia jamás ha pensado en atacar al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dice el presidente de ese país, en un claro engaño político a su propia Nación”.

Asimismo, señala que: “Colombia acudió a los canales del derecho internacional y seguirá insistiendo en esos mecanismos para que se adopte un instrumento que haga que el gobierno venezolano cumpla con la obligación de no albergar a terroristas colombianos”, en alusión a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El comunicado colombiano, leído por el secretario de Información y Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, respondió a declaraciones de Chávez, quien el viernes dijo que revisa “planes de guerra” contra Colombia. Y es que según Chávez, Uribe “es capaz de todo”.

ANTECEDENTE. Chávez decidió romper relaciones diplomáticas con Bogotá el pasado 22 de julio tras acusaciones del gobierno colombiano, que con coordenadas, fotos y videos, denunció que en territorio venezolano se refugian guerrilleros de las FARC y el ELN.

Colombia formuló su denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que derivó el mismo día en la ruptura de relaciones por parte de Venezuela, que se mostró ofendida por estas acusaciones que calificó sin fundamento.

Para contrarrestar esas quejas colombianas, Chávez buscó la convocatoria de una reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito, que deliberó esta semana y en la que anunció un “plan de paz” para Colombia, que rechazó Bogotá.

La Crónica, 1º de agosto.

Tribunal niega a la gobernadora Brewer adelantar audiencia sobre la Ley Arizona; la fecha se mantiene para el 1 de noviembre

En lo que representa un nuevo revés para la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la novena Corte Federal de Apelaciones en San Francisco le negó la solicitud emitida para adelantar una audiencia inmediata donde presentaría argumentos a favor de la polémica ley antiinmigrante SB1070, cuyos puntos más severos fueron bloqueados por la juez federal Susan Bolton. La instancia federal fue contundente al señalar que las diligencias seguirán su curso normal, por lo que la primera audiencia oficial del caso quedó programada para el 1 de noviembre próximo.

En esa fecha, abogados del gobierno de Arizona y del Departamento de Justicia se presentarán ante un panel de tres jueces de la novena Corte de Apelaciones o de Circuito para respaldar sus argumentos de acuerdo con la calendarización que presentó ese tribunal.

La determinación significa, de manera implícita, que el tribunal negó a la administración de la gobernadora Brewer, una petición de audiencia inmediata que sugirió para septiembre próximo.

La novena Corte de Apelaciones, con jurisdicción para todo el oeste estadunidense, seguirá con la ley SB 1070 el procedimiento y protocolo regular que otorga a cualquier apelación a la decisión de algún magistrado federal. Son alrededor de tres meses para una primera audiencia.

El próximo 26 de agosto el gobierno de Arizona presentará a la corte, a través de sus abogados, los argumentos para implementar la ley SB 1070, considerada la más severa hasta ahora contra la comunidad inmigrante.

ARGUMENTOS. El Departamento de Justicia tendrá su turno de presentar argumentos el 23 de septiembre y el panel de tres jueces abre la audiencia el 1 de noviembre.

Ese panel tendrá a partir de esa fecha un plazo límite de 90 días, para finales de enero de 2011 o la primera semana de febrero, para emitir su resolución.

Si cualquiera de las partes apelara la decisión de ese panel, el proceso de seis meses comenzaría de nuevo, pero ante el pleno de magistrados de la Novena Corte de Apelaciones, el tribunal más numeroso de su tipo con 29 jueces.

ANTECEDENTE. El gobierno de Arizona presentó el jueves pasado, día en que entró en vigor la iniciativa, su recurso de apelación, pidiendo a la corte levantar las medidas preliminares sobre la ley de inmigración dictadas por la juez Bolton.

Bolton ordenó el pasado miércoles bloquear de manera temporal algunos de los puntos controversiales de la ley, incluyendo aquellos en los que se daba la facultad a los policías de investigar el estatus migratorio.

La magistrada también bloqueó los apartados en los que se criminalizaba a las personas que no llevaran “documentos de registro de extranjeros” o de “no autorizar a un inmigrante de solicitar o llevar a cabo algún trabajo”, así como aquella que “autorizaba el arresto sin orden judicial de una persona” si había una razón para sospechar que era inmigrante.

La Crónica, 1º de agosto.

EU inicia hoy despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México

Este domingo da inicio el despliegue de mil 200 elementos de la Guardia Nacional estadunidense a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, con el objetivo —a decir del gobierno norteamericano— de reforzar la seguridad en la zona.

Desde ayer sábado, los estados fronterizos comenzaron a prepararse para el despliegue de unidades por toda la franja fronteriza, tal como lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional del vecino país el pasado 19 de julio.

Sin embargo, Arizona, estado donde este jueves entró en vigor parcialmente la controvertida Ley SB 1070, presentó demoras con el envió de sus efectivos a la frontera con México.

Se tiene previsto que los miembros de la Guarida Nacional sirvan como informantes para que la Patrulla Fronteriza se dedique a la persecución de indocumentados y traficantes de drogas en la zona.

El portavoz de la Guardia Nacional en Arizona explicó que el Departamento fijo un plazo a los estados fronterizos para iniciar el despliegue a partir de hoy y completarlo a más tardar a fines de septiembre.

Por esta razón, dijo, es posible que no se verá la totalidad del despliegue inmediatamente, pero el proceso ha iniciado.

Arizona enviará 524 soldados, todos voluntarios, a su frontera con México, los cuales deberán someterse a exámenes médicos y una capacitación especial antes de llegar al área que les corresponde.

En los demás estados que comparten la frontera sur de Estados Unidos, los elementos de la Guardia serán desplegados de la siguiente manera: En Texas, 250; en California, 224, y Nuevo México 72, mientras que otros 130 darán apoyo logístico por toda la frontera.

El miércoles 28 de julio, el gobierno de Estados Unidos anunció que de manera simultánea a los mil 200 miembros de la Guardia Nacional, enviaría a su frontera sur centenares de agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas, de la Policía Fronteriza y de otras agencias de procuración de justicia, especialmente en el tramo con Arizona.

Matt Chandler, subsecretario de la Oficina de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional, detalló que estos agentes se ocuparán de realizar inspecciones, patrullajes y captura de traficantes de personas.

“La Agencia de Inmigración y Aduanas trabaja todos los días con las fuerzas policiacas locales de todo el país a fin de apoyarlas en sus esfuerzos a favor de comunidades seguras, y continuará haciéndolo en Arizona”, añadió Chandler.

El funcionario norteamericano aseguró que las autoridades de su país están concentradas “en el control efectivo de la inmigración y de la frontera mientras seguimos trabajando con el Congreso hacia una reforma integral bipartidista que ofrecerá verdadera seguridad y establecerá rendición de cuentas y responsabilidad en nuestro sistema de inmigración a nivel nacional”.

Pese a este aumento de efectivos en la frontera, no cesa la petición de mayor militarización en los estados del sur estadunidense.

El gobernador de Texas, Rick Perry, pidió ya en 2009 que la administración del presidente Barack Obama autorice un total de mil soldados, porque considera que la vigilancia en la zona es insuficiente.

Su queja se basa en que Texas, que abarca el 60 por ciento de la frontera entre Estados Unidos y México, sólo recibirá el 20 por ciento del despliegue militar, es decir 250 soldados.

Los miembros de la Guarida Nacional servirán como informantes de la Patrulla Fronteriza, tal como ocurrió con la operación “Jump Start”, bajo la presidencia de George W. Bush.

Carlos D. Medina y Agencias, La Crónica, 1º de agosto.

Rescata la Policía Federal a reporteros secuestrados

Los dos periodistas que permanecían secuestrados desde el pasado lunes 26 de julio fueron rescatados ayer en un operativo de la Policía Federal.

La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) señaló como responsable del secuestro al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán.

Los camarógrafos Javier Canales Fernández de Multimedios Torreón y Alejandro Hernández Pacheco de Televisa Torreón, fueron "levantados" junto con Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa, y Óscar Solís del periódico El Vespertino, cuando cubrían una protesta de internos y familiares de éstos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Nº 2 de Gómez Palacio, Durango.

Un día después de su plagio, el reportero Óscar Solís fue liberado, aunque esto trascendió apenas ayer. El jueves pasado, Gordoa Márquez también fue liberado.

Cártel de El Chapo. Genaro García Luna, titular de la SSP, informó que una célula del cártel de Sinaloa, que lidera El Chapo Guzmán, realizó el secuestro de los cuatro periodistas para forzar a los medios de comunicación a que transmitir sus mensajes.

"El objetivo de este grupo criminal, según el testimonio de los reporteros que fueron rescatados, era el transmitir mensajes del crimen organizado ocupando en principio a los reporteros para que sirvieran de conducto en la transmisión de estos mensajes", indicó en conferencia de prensa, en la sede de la SSP en Iztapalapa, donde estuvieron presentes Canales Fernández y Hernández Pacheco.

Señaló que los plagiarios tenían la intención de difundir fotografías y videos de sus acciones delictivas, y para asegurar su publicación plagiaron a los reporteros.

Dejó en claro que en el operativo sólo se encontró a los dos periodistas presentados.

Destacó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del plagio, el presidente Felipe Calderón giró instrucciones a la Policía Federal para iniciar de inmediato labores de investigación e inteligencia por medio de un equipo de investigadores, analistas, asesores en manejo de crisis y el grupo especial de operaciones, con el objetivo primordial de salvaguardar en todo momento la vida de las víctimas.

García Luna explicó que en primera instancia, se realizó el enlace y se asesoró el proceso de negociación, lo que facilitó que fuera liberado el reportero Héctor Gordoa, el jueves 29 de julio.

Posteriormente, agregó, se siguieron las líneas de investigación lográndose la ubicación de la casa de seguridad donde estaban cautivos los otros periodistas.

El inmueble se ubicó en el cruce de las calles Invierno y Fresno, colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, Durango.

El titular de la dependencia dejó en claro que ningún plagiario fue detenido durante el operativo de liberación.

"Se implementó entonces un operativo y cuando los plagiarios se percataron de la presencia de los elementos de la Policía Federal huyeron del lugar, terminando así el cautiverio de los camarógrafos" Canales y Hernández Pacheco.

García Luna aseguró que el Estado mexicano está por encima de cualquier organización o grupo criminal y es mucho más fuerte que estas organizaciones.

"Es imprescindible que mantengamos un frente común en contra de cualquier actividad de la delincuencia", dijo.

Testimonios. El camarógrafo Hernández Pacheco aseguró que, durante su cautiverio, él y sus compañeros fueron amenazados y maltratados y mostró en su cabeza una gasa con rastros de sangre.

Indicó que antes del arribo de la Policía Federal al inmueble donde estaban cautivos, los secuestradores huyeron de la casa de seguridad al sentirse cercados.

"Éramos su garantía para que ellos transmitieran lo que quisieran, nos decían el nombre de lo que querían que se transmitiera, pero no sabíamos si había que bajar esos videos de internet. Eran tres videos que les interesaba difundir, pero siempre desconocimos cuáles eran", expresó.

"Fue como volver a nacer después de una situación tan triste que a nadie le deseo", agradeció.

A su vez, Canales Fernández agradeció a la Policía Federal por el rescate. "Quiero dar gracias a Dios por estar vivo, eso es lo que les puedo decir, fue una amarga experiencia", dijo también.

Carlos D. Medina. La Crónica, 1º de agosto.

Demanda la Iglesia cambios en Cuba

LA HABANA.- La Iglesia católica en Cuba demandó ayer al Gobierno de este país que haya menos restricciones a las libertades individuales y colectivas de sus habitantes.

En una editorial de la revista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, la Iglesia destaca que los cambios no sólo favorecerían a la población, sino a las propias autoridades.

"El beneficio es amplio: los ciudadanos quedamos liberados de controles excesivos para poder así adelantar proyectos personales, que, a la postre, pueden ser beneficiosos para la sociedad; el Estado se liberaría de cargas económicas, burocráticas e ideológicas", señala la nota, firmada por Orlando Márquez, director de la revista y portavoz del Cardenal capitalino Jaime Ortega.

El texto afirma, además, que no hay discurso ni ideología que pueda defender o justificar "fórmulas económicas y sociales cuya ineficacia ha sido largamente demostrada e innecesariamente padecida".

La publicación de la editorial se da mientras las 12 comisiones del Parlamento cubano examinan la situación económica y social del país caribeño, como antesala de la sesión anual, a celebrarse mañana, del cuerpo legislativo, en la que el Presidente Raúl Castro dará un discurso.


Niegan liberación

El líder cubano Fidel Castro rechazó ayer la presión de Estados Unidos para que la Isla libere a un contratista de esa nación que acusa de espía, y le reclamó soltar a cinco agentes de La Habana como lo hizo recientemente con una decena de rusos.

El contratista Alan Gross fue detenido en la nación caribeña en diciembre. Washington exige que se le suelte por estar enfermo y no enfrentar una acusación formal.

Con información de NTX y AFP, Reforma, 31 de julio.

Ofrecen FARC diálogo con Gobierno de Santos

BOGOTÁ.- El máximo jefe de la guerrilla de las FARC, "Alfonso Cano" se mostró ayer en un video difundido en internet dispuesto a dialogar con el Gobierno del Presidente electo Juan Manuel Santos, pese a criticar en la misma cinta que éste fuera elegido Mandatario de Colombia.

"Lo que estamos planteando hoy, de nuevo, una vez más: ¡Hombre, conversemos!", exclama "Cano".

El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien reemplazó al legendario "Manuel Marulanda" tras su muerte en 2008, planteó varios puntos clave sobre los cuales debería conversar el nuevo Gobierno, entre ellos, las bases que Colombia facilitará a Estados Unidos para la lucha antidrogas y antiguerrilla.

Expertos recuerdan que la guerrilla suele apelar a la estrategia del doble discurso: buscar un diálogo de paz para ganar tiempo, repotenciar sus filas y así negociar en una posición menos débil.

"Es un buen mensaje, pero hay que tomarlo con cuidado, porque cualquier otra iniciativa de paz tiene que ser sobre bases muy firmes y no cantos de sirena", dijo a REFORMA el politólogo Alejo Vargas.

El video fue divulgado en momentos en que Colombia ha denunciado ante instancias internacionales que unos mil 500 guerrilleros colombianos se esconden en Venezuela.

Ante dichas acusaciones, el Presidente venezolano, Hugo Chávez, rompió relaciones con su vecino y ayer anunció que desplegó tropas en la frontera.

Con información de agencias

Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 31 de julio.

Alistan más movilizaciones

PHOENIX.- Unas 90 personas que fueron arrestadas durante las manifestaciones del jueves contra la ley SB1070, fueron liberadas ayer, mientras otras 12 fueron detenidas por la tarde.

Antonio Bustamante, abogado de los activistas apresados, informó que en total se retuvieron a 89 personas y sólo quedó bajo custodia un canadiense, quien será deportado porque se encontraba en Estados Unidos como turista.

Entre los liberados estaba el líder del movimiento Puente, Salvador Reza, quien fue arrestado de nuevo por la tarde afuera de la oficina del alguacil Joe Arpaio al sur de la ciudad, mientras lideraba la toma del inmueble.

Los activistas bloquearon la salida de los vehículos en los que a diario se realizan redadas en la ciudad. Al lugar acudió el mismo sheriff, quien les pidió retirarse y, ante la negativa, ordenó la detención de 12.

"Estoy haciendo mi trabajo y si hay una persona sin visa, la voy a detener", dijo el funcionario.

El jueves entró en vigor una versión "sin dientes" de la ley SB1070, lo que generó movilizaciones en la urbe, en las que resultaron detenidas casi 100 personas. La juez federal Susan Bolton suspendió el miércoles los pasajes más controvertidos de dicha legislación, como el que autorizaba a la Policía local a detener a personas bajo sospecha de que son indocumentadas.

Los líderes de la movilización de resistencia civil contra la ley SB1070 informaron ayer que continuarán con las protestas sin importar que los arresten.

"Nosotros hemos podido salir sin pagar fianza, pero para los migrantes sin papeles estar ahí dentro es mucho peor", afirmó Pete Morales, de la Asociación Universal de Unitarios.

Pablo Alvarado, otro de los líderes, declaró que también movilizarán a la comunidad de Arizona para que en noviembre acuda a votar y sacar del Gobierno estatal a los republicanos que están apoyando las leyes antiinmigrantes.


Contemplan ajustes

La Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció que pidió a los legisladores considerar ajustar la ley SB1070 para atender a las críticas que le hizo la juez Susan Bolton el miércoles, al ordenar suspender sus segmentos más controvertidos, que permiten al estado aplicar las leyes migratorias por encima del mandato federal.

"Creemos que la SB1070 es constitucional, pero (Bolton) sin duda señaló imperfecciones que pueden ser arregladas", dijo Brewer sin dar detalles. Fuentes republicanas del Congreso estatal rechazaron cualquier ajuste que debilite la legislación.

En tanto, en San Francisco, una corte de apelaciones anunció que será en noviembre cuando realice una audiencia sobre la apelación de Brewer a la decisión de Bolton.

La Gobernadora de Arizona había solicitado que ésta ocurriera en septiembre.

Con información de AP

Haydee Ramírez enviada, Reforma, 31 de julio.

Pretenden favorecer a estudiantes

La "amnistía light" que la Administración Obama estaría evaluando, beneficiaría a sectores bien delimitados, como estudiantes que actualmente están en peligro de ser deportados por no tener permiso de residencia.

Citando el memorando elaborado por Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el diario The Washington Times, explicaba ayer que se le podría otorgar la "acción diferida" o suspensión de su deportación, a los estudiantes que cubra la ley conocida como Dream act, actualmente en discusión en el Congreso y que pretende otorgar residencia temporal y luego permanente, a aquellos jóvenes que llegaron a Estados Unidos como indocumentados.

Este proyecto de ley, así como el de AgJobs para trabajadores agrícolas, ambos con apoyo bipartisano, son muy polémicas, ya que, según muchos activistas, si son aprobadas, podrían marginar del debate en el Congreso una reforma migratoria integral.

Luis Gutiérrez, representante demócrata de Illinois, advirtió que si son avaladas, estas leyes evitarían que reciban cualquier protección legal 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

Reforma, 31 de julio.