El Senado de la República frenó ayer por falta de acuerdos la aprobación de la Ley de Migración, la primera legislación específica sobre la materia en el País.
El dictamen fue avalado en lo general con 84 votos a favor, de las bancadas del PAN, PRI y Verde Ecologista frente a 15 en contra de las bancadas del PRD, PT y Convergencia.
Los senadores de todos los partidos, incluido el PAN, pretendían realizar modificaciones a 61 de los 164 artículos contenidos en la reforma, lo que representa casi el 40 por ciento del contenido del dictamen.
En total fueron 127 reservas al dictamen presentado por las comisiones de Población, Gobernación y Estudios Legislativos.
El cúmulo de reservas generó inquietud en los coordinadores parlamentarios que determinaron frenar la discusión y votación en lo particular.
Algunos de los planteamientos del marco normativo que están en controversia son los relacionados a la participación de la Policía Federal en las revisiones migratorias, a las multas que impone por diversos motivos así como a la imposibilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir denuncias de presuntos delitos en contra de los migrantes indocumentados.
La propuesta original señala que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, tendrá entre sus atribuciones en materia migratoria "apoyar al INM a solicitud expresa de éste" en las revisiones en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional.
En cambio, en el dictamen de ayer se indica que la corporación llevará estas acciones "en coordinación con el INM".
Al igual que la Ley General de Población, el documento preve multas para los mexicanos que contraigan matrimonio con un extranjero para que éste pueda radicar en el País, para las empresas de transporte marítimo que permitan descender a los tripulantes antes de que Migración se los autorice, y para las compañías que desembarquen a los extranjeros fuera de los puntos de tránsito internacional, entre otras.
Sin embargo, incluye por primera vez sanciones económicas para los empleadores que contraten a a indocumentados.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, advirtió sobre el riesgo de legislar en medio de la confusión.
"Es evidente que cada una de las fracciones tenemos reservas, todas. La forma en que se redacte cada una de sus modificaciones, se puede prestar a confusiones, aplicaciones inadecuadas o indebidas e incluso en un momento dado hasta en el sentido contrario de lo que se busca.
"Hemos planteado posponer la discusión de las reservas para cuando tengamos una correcta redacción y podamos sacar una ley de este tamaño, por unanimidad y con el acuerdo pleno de todos", señaló.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Población, Humberto Andrade defendió el contenido de la nueva ley.
"Lo que queremos es despenalizar el trato que se le da al migrante. Creemos que el fenómeno nos tiene rebasados y con un marco normativo que no está a la altura. Lo único que mueve a la Comisión es buscar la protección de los derechos de los migrantes", expresó.
Al final, el pleno del Senado regresó el dictamen a comisiones para su discusión y eventual modificación.
Por otra parte, el Senado también frenó la primera lectura de la reforma de Derechos Humanos, ya que el PAN expresó sus reservas sobre la incorporación del término "preferencias sexuales".
Causan controversia
Entre los más de 100 artículos que reservaron para discusión, los que más causan inquietud se refieren a:
· Las atribuciones que se otorga a la Policía Federal para realizar revisiones migratorias en "coordinación" con el INM y no en "apoyo", como se estableció en la propuesta original.
· El castigo con multas de hasta 60 mil pesos a los mexicanos que den empleo a migrantes indocumentados.
· La facultad del INM para la recepción de denuncias por la probable comisión de ningún tipo de delitos. Se plantea que el instituto no está facultado, ya que esta atribución corresponde al Ministerio Público Federal.
· La posibilidad de constituir depósito o fianza para permanecer en libertad durante el procedimiento administrativo migratorio.
El dictamen fue avalado en lo general con 84 votos a favor, de las bancadas del PAN, PRI y Verde Ecologista frente a 15 en contra de las bancadas del PRD, PT y Convergencia.
Los senadores de todos los partidos, incluido el PAN, pretendían realizar modificaciones a 61 de los 164 artículos contenidos en la reforma, lo que representa casi el 40 por ciento del contenido del dictamen.
En total fueron 127 reservas al dictamen presentado por las comisiones de Población, Gobernación y Estudios Legislativos.
El cúmulo de reservas generó inquietud en los coordinadores parlamentarios que determinaron frenar la discusión y votación en lo particular.
Algunos de los planteamientos del marco normativo que están en controversia son los relacionados a la participación de la Policía Federal en las revisiones migratorias, a las multas que impone por diversos motivos así como a la imposibilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir denuncias de presuntos delitos en contra de los migrantes indocumentados.
La propuesta original señala que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, tendrá entre sus atribuciones en materia migratoria "apoyar al INM a solicitud expresa de éste" en las revisiones en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional.
En cambio, en el dictamen de ayer se indica que la corporación llevará estas acciones "en coordinación con el INM".
Al igual que la Ley General de Población, el documento preve multas para los mexicanos que contraigan matrimonio con un extranjero para que éste pueda radicar en el País, para las empresas de transporte marítimo que permitan descender a los tripulantes antes de que Migración se los autorice, y para las compañías que desembarquen a los extranjeros fuera de los puntos de tránsito internacional, entre otras.
Sin embargo, incluye por primera vez sanciones económicas para los empleadores que contraten a a indocumentados.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, advirtió sobre el riesgo de legislar en medio de la confusión.
"Es evidente que cada una de las fracciones tenemos reservas, todas. La forma en que se redacte cada una de sus modificaciones, se puede prestar a confusiones, aplicaciones inadecuadas o indebidas e incluso en un momento dado hasta en el sentido contrario de lo que se busca.
"Hemos planteado posponer la discusión de las reservas para cuando tengamos una correcta redacción y podamos sacar una ley de este tamaño, por unanimidad y con el acuerdo pleno de todos", señaló.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Población, Humberto Andrade defendió el contenido de la nueva ley.
"Lo que queremos es despenalizar el trato que se le da al migrante. Creemos que el fenómeno nos tiene rebasados y con un marco normativo que no está a la altura. Lo único que mueve a la Comisión es buscar la protección de los derechos de los migrantes", expresó.
Al final, el pleno del Senado regresó el dictamen a comisiones para su discusión y eventual modificación.
Por otra parte, el Senado también frenó la primera lectura de la reforma de Derechos Humanos, ya que el PAN expresó sus reservas sobre la incorporación del término "preferencias sexuales".
Causan controversia
Entre los más de 100 artículos que reservaron para discusión, los que más causan inquietud se refieren a:
· Las atribuciones que se otorga a la Policía Federal para realizar revisiones migratorias en "coordinación" con el INM y no en "apoyo", como se estableció en la propuesta original.
· El castigo con multas de hasta 60 mil pesos a los mexicanos que den empleo a migrantes indocumentados.
· La facultad del INM para la recepción de denuncias por la probable comisión de ningún tipo de delitos. Se plantea que el instituto no está facultado, ya que esta atribución corresponde al Ministerio Público Federal.
· La posibilidad de constituir depósito o fianza para permanecer en libertad durante el procedimiento administrativo migratorio.
Claudia Guerrero, Carole SImonnet y Verónica Sánchez, Reforma, 23 de febrero.
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