Especialistas en migración llamaron a revisar la aplicación de multas a los empleadores de migrantes que incluye el proyecto de Ley de Migración que se discuten en el Senado.
El dictamen establece multas de hasta 60 mil pesos a los mexicanos que den empleo a migrantes indocumentados.
Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, señaló que las sanciones abrirían el espectro de vigilantes migratorios, cuando la única autoridad competente debería ser el INM.
"En el momento en que se dice que también los empleadores pueden hacerlo, lo único que se busca son aliados directos para esa revisión de documentos, y esa es de las cosas que México ha criticado de la Ley Migratoria de Estados Unidos", señaló.
Para Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, estas multas ponen en mayor vulnerabilidad a los migrantes ante posibles violaciones a derechos laborales.
"Es una medida que hay que discutir para ver si es una medida que va a favorecer realmente a las personas o migrantes o no, merece un poco más de debate. En el caso de Estados Unidos no hemos visto que ese tipo de medidas tengan algún beneficio", dijo.
No obstante, las especialistas respaldaron que se haya modificado la atribución del INM de atender denuncias sobre posibles delitos.
Por otra parte, el padre Alejandro Solalinde cuestionó que el proyecto de ley criminalice el trabajo de las organizaciones sociales, en su artículo 103.
"Dice que si las casas de migrantes los llevamos a la regularización migratoria, estamos expuestos a penas económicas y sanciones de cárcel. Si los migrantes víctimas de delito se van, nosotros tenemos que pagar. Las casas de migrantes lo que estamos haciendo es las veces de gobierno, el gobierno tiene la obligación de atender a los migrantes y esto no lo hace. Además de eso, todavía nos pretende criminalizar y multar si se nos van testigos", dijo.
Por su parte Raúl Plascencia, ombudsman nacional, señaló que de aprobarse una Ley Migratoria que criminalice a los migrantes indocumentados podría interponer una acción de inconstitucionalidad.
El dictamen establece multas de hasta 60 mil pesos a los mexicanos que den empleo a migrantes indocumentados.
Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, señaló que las sanciones abrirían el espectro de vigilantes migratorios, cuando la única autoridad competente debería ser el INM.
"En el momento en que se dice que también los empleadores pueden hacerlo, lo único que se busca son aliados directos para esa revisión de documentos, y esa es de las cosas que México ha criticado de la Ley Migratoria de Estados Unidos", señaló.
Para Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, estas multas ponen en mayor vulnerabilidad a los migrantes ante posibles violaciones a derechos laborales.
"Es una medida que hay que discutir para ver si es una medida que va a favorecer realmente a las personas o migrantes o no, merece un poco más de debate. En el caso de Estados Unidos no hemos visto que ese tipo de medidas tengan algún beneficio", dijo.
No obstante, las especialistas respaldaron que se haya modificado la atribución del INM de atender denuncias sobre posibles delitos.
Por otra parte, el padre Alejandro Solalinde cuestionó que el proyecto de ley criminalice el trabajo de las organizaciones sociales, en su artículo 103.
"Dice que si las casas de migrantes los llevamos a la regularización migratoria, estamos expuestos a penas económicas y sanciones de cárcel. Si los migrantes víctimas de delito se van, nosotros tenemos que pagar. Las casas de migrantes lo que estamos haciendo es las veces de gobierno, el gobierno tiene la obligación de atender a los migrantes y esto no lo hace. Además de eso, todavía nos pretende criminalizar y multar si se nos van testigos", dijo.
Por su parte Raúl Plascencia, ombudsman nacional, señaló que de aprobarse una Ley Migratoria que criminalice a los migrantes indocumentados podría interponer una acción de inconstitucionalidad.
Verónica Sánchez y Daniela Rea, Reforma, 23 de febrero.
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