De ser aprobada la reforma para elevar los derechos humanos a nivel Constitucional y darle facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México entrará a una nueva dinámica en lo relacionado a la rendición de cuentas que permitirá dar mayor certeza a los ciudadanos sobre el cumplimiento de sus garantías, consideró el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.
Se pretende que esta semana el pleno del Senado apruebe el dictamen que pasaría a las legislaturas de los estados y con el aval de 16 de ellas, ser publicado por el Ejecutivo y dar cauce para que entre en vigor.
El ombudsman detalló que la modificación prevista en 11 artículos, transformaría la manera de definir los derechos humanos en el país, además de que fortalecerá los contrapesos ante el Estado mexicano en pro del ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.
Plascencia Villanueva comentó que la CNDH cuenta con personal “muy comprometido con el servicio que está prestando a la sociedad”, pero explicó que sería positivo contar con más apoyo presupuestal “con el objetivo de que podamos asumir las nuevas facultades”.
La reforma ya había sido avalada por la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. Sin embargo, en San Lázaro los diputados le hicieron cambios, y lo devolvieron al Senado.
Sobre la urgencia de dar trámite a estas modificaciones, el ombudsman explicó que es una reforma de tercera generación que va a permitir transformar a la CNDH y permitirá que la sociedad pueda gozar de mayor protección.
Tras detallar que al ser un cambio constitucional se requiere la aprobación de la mayoría de los estados.
El dictamen aprobado dice que si alguna autoridad se niega a acatar una recomendación emitida por la CNDH, el Senado —y en receso de periodo ordinario, la Comisión Permanente— llamará a esas autoridades para que expliquen su negativa.
“Es importante que el Senado pueda llamar a cuentas y establecer correctivos adecuados para los servidores públicos que en lugar de estar buscando servir a la sociedad, se desvían del objetivo de su función”, dijo.
Los cambios a la Carta Magna, además de investigar violaciones graves a garantías individuales, facultarían a la comisión nacional para que amplíe su atribución para indagar en temas laborales.
Se pretende que esta semana el pleno del Senado apruebe el dictamen que pasaría a las legislaturas de los estados y con el aval de 16 de ellas, ser publicado por el Ejecutivo y dar cauce para que entre en vigor.
El ombudsman detalló que la modificación prevista en 11 artículos, transformaría la manera de definir los derechos humanos en el país, además de que fortalecerá los contrapesos ante el Estado mexicano en pro del ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.
Plascencia Villanueva comentó que la CNDH cuenta con personal “muy comprometido con el servicio que está prestando a la sociedad”, pero explicó que sería positivo contar con más apoyo presupuestal “con el objetivo de que podamos asumir las nuevas facultades”.
La reforma ya había sido avalada por la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. Sin embargo, en San Lázaro los diputados le hicieron cambios, y lo devolvieron al Senado.
Sobre la urgencia de dar trámite a estas modificaciones, el ombudsman explicó que es una reforma de tercera generación que va a permitir transformar a la CNDH y permitirá que la sociedad pueda gozar de mayor protección.
Tras detallar que al ser un cambio constitucional se requiere la aprobación de la mayoría de los estados.
El dictamen aprobado dice que si alguna autoridad se niega a acatar una recomendación emitida por la CNDH, el Senado —y en receso de periodo ordinario, la Comisión Permanente— llamará a esas autoridades para que expliquen su negativa.
“Es importante que el Senado pueda llamar a cuentas y establecer correctivos adecuados para los servidores públicos que en lugar de estar buscando servir a la sociedad, se desvían del objetivo de su función”, dijo.
Los cambios a la Carta Magna, además de investigar violaciones graves a garantías individuales, facultarían a la comisión nacional para que amplíe su atribución para indagar en temas laborales.
Miguel ángel Sosa, El Universal, 22 de febrero.
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