El ombudsman nacional Raúl Plascencia afirmó que, pese a la denuncias, el secuestro de migrantes va en aumento, además de que las bandas dedicadas a este delito se han especializado y diversificado sus estrategias ante la falta de coordinación de las instituciones.
Sólo en seis meses (abril-septiembre de 2010) se documentaron 214 casos de secuestros masivos, con un total de 11 mil 333 víctimas, en 15 estados, informó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
Indicó que los estados con zonas de alto riesgo son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí , Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Baja California.
Al presentar el Informe especial sobre el secuestro en perjuicio de migrantes en México, el ombudsman nacional destacó que 44.3 por ciento de las víctimas de secuestro son hondureños; 16.2 por ciento, salvadoreños; 11.2 por ciento, guatemaltecos; 5 por ciento, cubanos, y 4.4 por ciento, nicaragüenses.
En su análisis la CNDH revela que el gobierno federal aplica medidas aisladas, con alcance limitado, que no tienen suficiente impacto para combatir las causas estructurales de ese ilícito. A esto se suma la falta de seguimiento o evaluación de las acciones preventivas.
En el informe se detallan las 28 recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones, como Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal y procuradurías estatales.
En las recomendaciones se solicita a esas dependencias capacitar a su personal para detectar y atender a las víctimas de secuestro, que haya una debida integración de las averiguaciones previas, que se brinde atención médica y psicológica a las víctimas, que esté garantizada la asistencia consular, que se fortalezca la seguridad en zonas aledañas a las vías del tren por donde pasan los inmigrantes y trabajar para que sus instalaciones sean apropiadas para atender a los afectados y testigos de secuestro.
En conferencia de prensa, Raúl Plascencia indicó que en relación con el informe de 2009, la diferencia es sustancial, pues en ese año se hizo referencia a 9 mil secuestrados y actualmente se habla de más de 11 mil.
Manifestó que el modus operandi y las zonas de riesgo siguen siendo las mismas, además de que se ha identificado que algunos migrantes se enrolaron en las filas de las bandas delictivas y viajan con los migrantes para identificar a las posibles víctimas, por las que piden un rescate de entre 5 mil y 10 mil dólares.
Las víctimas son hombres y mujeres a quienes se les maltrata, tortura, secuestra y hasta se les viola sexualmente.
Sostuvo que por los datos recabados se puede hablar de participación del crimen organizado en el plagio de migrantes; sin embargo, dijo, identificar a qué cárteles pertenecen es tarea de las autoridades federales.
Sobre la participación de autoridades en este ilícito, indicó que, de acuerdo con los testimonios, se tiene información del involucramiento de policías estatales, agentes del INM e incluso de elementos de la Secretaría de Marina, pero no del Ejército.
Al concluir la presentación del informe, Alejandro Solalinde, sacerdote involucrado en la denuncia de violaciones a los derechos humanos de los indocumentados, consideró que en el trabajo de la CNDH está ausente la participación de la empresa Wester Unión, mediante la cual se realizan los cobros de los secuestros.
Otro vacío del informe, añadió, son las cuantificaciones económicas de ese delito millonario. Asimismo, puntualizó que el gobierno debe investigar a fondo el fenómeno, aunque al parecer su única intención es limpiar su imagen.
Para la elaboración el informe presentado este martes, personal de la CNDH realizó más de mil 550 visitas de trabajo a estaciones migratorias, así como 214 visitas a lugares con alta concentración de migrantes, como aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión.
México. Eugenia Jiménez, Milenio, 23 de febrero.
Sólo en seis meses (abril-septiembre de 2010) se documentaron 214 casos de secuestros masivos, con un total de 11 mil 333 víctimas, en 15 estados, informó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
Indicó que los estados con zonas de alto riesgo son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí , Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Baja California.
Al presentar el Informe especial sobre el secuestro en perjuicio de migrantes en México, el ombudsman nacional destacó que 44.3 por ciento de las víctimas de secuestro son hondureños; 16.2 por ciento, salvadoreños; 11.2 por ciento, guatemaltecos; 5 por ciento, cubanos, y 4.4 por ciento, nicaragüenses.
En su análisis la CNDH revela que el gobierno federal aplica medidas aisladas, con alcance limitado, que no tienen suficiente impacto para combatir las causas estructurales de ese ilícito. A esto se suma la falta de seguimiento o evaluación de las acciones preventivas.
En el informe se detallan las 28 recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones, como Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal y procuradurías estatales.
En las recomendaciones se solicita a esas dependencias capacitar a su personal para detectar y atender a las víctimas de secuestro, que haya una debida integración de las averiguaciones previas, que se brinde atención médica y psicológica a las víctimas, que esté garantizada la asistencia consular, que se fortalezca la seguridad en zonas aledañas a las vías del tren por donde pasan los inmigrantes y trabajar para que sus instalaciones sean apropiadas para atender a los afectados y testigos de secuestro.
En conferencia de prensa, Raúl Plascencia indicó que en relación con el informe de 2009, la diferencia es sustancial, pues en ese año se hizo referencia a 9 mil secuestrados y actualmente se habla de más de 11 mil.
Manifestó que el modus operandi y las zonas de riesgo siguen siendo las mismas, además de que se ha identificado que algunos migrantes se enrolaron en las filas de las bandas delictivas y viajan con los migrantes para identificar a las posibles víctimas, por las que piden un rescate de entre 5 mil y 10 mil dólares.
Las víctimas son hombres y mujeres a quienes se les maltrata, tortura, secuestra y hasta se les viola sexualmente.
Sostuvo que por los datos recabados se puede hablar de participación del crimen organizado en el plagio de migrantes; sin embargo, dijo, identificar a qué cárteles pertenecen es tarea de las autoridades federales.
Sobre la participación de autoridades en este ilícito, indicó que, de acuerdo con los testimonios, se tiene información del involucramiento de policías estatales, agentes del INM e incluso de elementos de la Secretaría de Marina, pero no del Ejército.
Al concluir la presentación del informe, Alejandro Solalinde, sacerdote involucrado en la denuncia de violaciones a los derechos humanos de los indocumentados, consideró que en el trabajo de la CNDH está ausente la participación de la empresa Wester Unión, mediante la cual se realizan los cobros de los secuestros.
Otro vacío del informe, añadió, son las cuantificaciones económicas de ese delito millonario. Asimismo, puntualizó que el gobierno debe investigar a fondo el fenómeno, aunque al parecer su única intención es limpiar su imagen.
Para la elaboración el informe presentado este martes, personal de la CNDH realizó más de mil 550 visitas de trabajo a estaciones migratorias, así como 214 visitas a lugares con alta concentración de migrantes, como aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión.
México. Eugenia Jiménez, Milenio, 23 de febrero.
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