PHOENIX, Arizona.— El Senado de Arizona reactivó el proceso de reformas antiinmigrantes que inició en 2010, al aprobar en comité en las últimas horas proyectos de ley que podrían afectar en forma significativa a los indocumentados en el estado.
En una sesión de 11 horas se avalaron en el Comité de Apropiaciones cinco iniciativas que pretenden despojar y coartar derechos y servicios a todo extranjero que carezca de autorización para residir en el país.
Las iniciativas fueron aprobadas de manera acelerada ante el vencimiento del plazo fijado en el Senado de las 02:30 horas de ayer para que las iniciativas fueran votadas en los comités, de tal forma que pudieran continuar su proceso y luego pasar para su análisis en el pleno de la legislatura.
Algunas de las propuestas ya habían sido rechazadas en otros comités, pero el presidente del Senado, el republicano Russell Pearce, maniobró para reasignarlas al Comité de Apropiaciones, conformado por una ligera mayoría de republicanos conservadores.
La nueva medida, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto.
“Nos preocupa lo registrado”, dijo Jaime Farrant, coordinador del área de política de la Red de Acción Fronteriza, una organización que vela por los derechos de inmigrantes en Arizona.
Estas iniciativas, explicó, “impactarán la calidad de vida no sólo de los inmigrantes indocumentados, sino de toda persona que resida en Arizona”.
Farrant ubicó a la iniciativa SB1611 como la más peligrosa para los indocumentados y para el resto de ciudadanos, pues en caso de ser aprobada quedarán sujetos a mostrar su pasaporte o prueba de residencia legal para casi cualquier trámite público en Arizona.
Golpe al inmigrante
La propuesta de Pearce cerraría todos los planteles educativos públicos de Arizona a la inscripción de estudiantes cuyos padres no demuestren su residencia legal en Estados Unidos.
Los indocumentados estarían imposibilitados de obtener licencias para impartir educación escolar a sus hijos en sus propias casas, dado que de hacerlo sus estudios no serían reconocidos ni obtendrían diplomas o certificados.
La iniciativa especifica el establecimiento de sistemas que impidan a los inmigrantes sin papeles el recibir cualquier beneficio público del estado, como el de ayuda alimenticia a madres de escasos recursos con niños y otros.
Plantea establecer castigos de 30 días de cárcel a indocumentados que se les detenga conduciendo un automóvil, aparte del decomiso del vehículo.
Busca impedir a los inmigrantes sin papeles el ser propietarios de un automóvil, al imposibilitar que puedan tramitar su registro y su título.
Farrant dijo que dicho requisito impacta a estadounidenses y residentes legales, al obligarlos a demostrar su estatus con pasaportes y documentos para realizar trámites de sus vehículos.
La iniciativa intenta prohibir la renta de casas y apartamentos a inmigrantes sin documentos y ordena castigos para aquellos policías que se nieguen a aplicar las leyes de inmigración del estado y de la federación.
El senador estatal demócrata Steve Gallardo calificó la propuesta de Pearce como “mucho peor que la SB1070”, la controversial ley que fue promovida el año pasado por el mismo legislador y que puso a Arizona a la cabeza de las entidades que buscan restringir derechos a indocumentados.
Además de la SB1611, en las últimas horas fue aprobada en el Comité de Apropiaciones, un par de propuestas de ley para negar la ciudadanía estadunidense a los hijos de indocumentados.
Las iniciativas SB1309 y la SB1308, buscan definir una “ciudadanía de Arizona” y exhortan a la gobernadora a que inscriba a esta entidad en una alianza con otros estados para crear dos tipos de certificados de nacimiento.
Las dos iniciativas ya habían sido rechazadas antes en el Comité Judicial del Senado, pero fueron reorientadas por Pearce al de Apropiaciones, para revivirlas con la aprobación la noche del martes de ese comité, de forma que continúen su proceso legislativo.
En la sesión, que cerró sus puertas al público para no permitir interrupciones de activistas pro migrantes, que fueron obligados a seguir el proceso en el exterior de la sala a través de monitores de televisión, fue aprobada también la iniciativa SB1405.
Dicha propuesta de ley obligaría a enfermeras, médicos y hospitales públicos de Arizona a revisar el estatus migratorio de sus pacientes y denunciarlos a las autoridades.
El comité senatorial aprobó la iniciativa SB1407 la cual exigiría al Departamento de Educación de Arizona el elaborar un reporte anual para la legislatura en el que especifique el costo económico de educar a indocumentados y extranjeros en Arizona.
Fuerza armada en la frontera
La arremetida antiinmigrante continua con el debate de las propuestas de ley SB1406 y SB1405.
La SB1406, autorizaría a las autoridades estatales el establecer un fondo para recibir donaciones que serían destinadas a la construcción de un muro para frenar la inmigración en la frontera de Arizona con México.
La SB1495 autorizaría a la gobernadora de Arizona el crear una “fuerza estatal armada para la seguridad y protección de ciudadanos en Arizona”.
Ferrant dijo que es muy probable que Pearce y otros senadores republicanos hayan consensuado con miembros de su partido en la Cámara de Representantes de Arizona, para interponer ahí iniciativas similares. (Agencias)
En una sesión de 11 horas se avalaron en el Comité de Apropiaciones cinco iniciativas que pretenden despojar y coartar derechos y servicios a todo extranjero que carezca de autorización para residir en el país.
Las iniciativas fueron aprobadas de manera acelerada ante el vencimiento del plazo fijado en el Senado de las 02:30 horas de ayer para que las iniciativas fueran votadas en los comités, de tal forma que pudieran continuar su proceso y luego pasar para su análisis en el pleno de la legislatura.
Algunas de las propuestas ya habían sido rechazadas en otros comités, pero el presidente del Senado, el republicano Russell Pearce, maniobró para reasignarlas al Comité de Apropiaciones, conformado por una ligera mayoría de republicanos conservadores.
La nueva medida, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto.
“Nos preocupa lo registrado”, dijo Jaime Farrant, coordinador del área de política de la Red de Acción Fronteriza, una organización que vela por los derechos de inmigrantes en Arizona.
Estas iniciativas, explicó, “impactarán la calidad de vida no sólo de los inmigrantes indocumentados, sino de toda persona que resida en Arizona”.
Farrant ubicó a la iniciativa SB1611 como la más peligrosa para los indocumentados y para el resto de ciudadanos, pues en caso de ser aprobada quedarán sujetos a mostrar su pasaporte o prueba de residencia legal para casi cualquier trámite público en Arizona.
Golpe al inmigrante
La propuesta de Pearce cerraría todos los planteles educativos públicos de Arizona a la inscripción de estudiantes cuyos padres no demuestren su residencia legal en Estados Unidos.
Los indocumentados estarían imposibilitados de obtener licencias para impartir educación escolar a sus hijos en sus propias casas, dado que de hacerlo sus estudios no serían reconocidos ni obtendrían diplomas o certificados.
La iniciativa especifica el establecimiento de sistemas que impidan a los inmigrantes sin papeles el recibir cualquier beneficio público del estado, como el de ayuda alimenticia a madres de escasos recursos con niños y otros.
Plantea establecer castigos de 30 días de cárcel a indocumentados que se les detenga conduciendo un automóvil, aparte del decomiso del vehículo.
Busca impedir a los inmigrantes sin papeles el ser propietarios de un automóvil, al imposibilitar que puedan tramitar su registro y su título.
Farrant dijo que dicho requisito impacta a estadounidenses y residentes legales, al obligarlos a demostrar su estatus con pasaportes y documentos para realizar trámites de sus vehículos.
La iniciativa intenta prohibir la renta de casas y apartamentos a inmigrantes sin documentos y ordena castigos para aquellos policías que se nieguen a aplicar las leyes de inmigración del estado y de la federación.
El senador estatal demócrata Steve Gallardo calificó la propuesta de Pearce como “mucho peor que la SB1070”, la controversial ley que fue promovida el año pasado por el mismo legislador y que puso a Arizona a la cabeza de las entidades que buscan restringir derechos a indocumentados.
Además de la SB1611, en las últimas horas fue aprobada en el Comité de Apropiaciones, un par de propuestas de ley para negar la ciudadanía estadunidense a los hijos de indocumentados.
Las iniciativas SB1309 y la SB1308, buscan definir una “ciudadanía de Arizona” y exhortan a la gobernadora a que inscriba a esta entidad en una alianza con otros estados para crear dos tipos de certificados de nacimiento.
Las dos iniciativas ya habían sido rechazadas antes en el Comité Judicial del Senado, pero fueron reorientadas por Pearce al de Apropiaciones, para revivirlas con la aprobación la noche del martes de ese comité, de forma que continúen su proceso legislativo.
En la sesión, que cerró sus puertas al público para no permitir interrupciones de activistas pro migrantes, que fueron obligados a seguir el proceso en el exterior de la sala a través de monitores de televisión, fue aprobada también la iniciativa SB1405.
Dicha propuesta de ley obligaría a enfermeras, médicos y hospitales públicos de Arizona a revisar el estatus migratorio de sus pacientes y denunciarlos a las autoridades.
El comité senatorial aprobó la iniciativa SB1407 la cual exigiría al Departamento de Educación de Arizona el elaborar un reporte anual para la legislatura en el que especifique el costo económico de educar a indocumentados y extranjeros en Arizona.
Fuerza armada en la frontera
La arremetida antiinmigrante continua con el debate de las propuestas de ley SB1406 y SB1405.
La SB1406, autorizaría a las autoridades estatales el establecer un fondo para recibir donaciones que serían destinadas a la construcción de un muro para frenar la inmigración en la frontera de Arizona con México.
La SB1495 autorizaría a la gobernadora de Arizona el crear una “fuerza estatal armada para la seguridad y protección de ciudadanos en Arizona”.
Ferrant dijo que es muy probable que Pearce y otros senadores republicanos hayan consensuado con miembros de su partido en la Cámara de Representantes de Arizona, para interponer ahí iniciativas similares. (Agencias)
El Universal, 24 de febrero.
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