La nueva ley de migración —que se pretende aprobar hoy en lo particular en el Senado— contiene aspectos “filosos” para algunos senadores, como el uso de la Policía Federal Preventiva a discreción del Instituto Nacional de Migración (INM), para perseguir indocumentados y realizar redadas, lo que además abriría la puerta a violaciones de derechos humanos.
Además, la nueva ley podría permitir al INM recibir denuncias —incluso de carácter anónimo— en contra de extranjeros, por presuntas violaciones de carácter administrativo a la nueva ley y a su reglamento, lo que podría dar pie a conductas xenofóbicas y racistas.
En una revisión del proyecto realizada por EL UNIVERSAL, destacan como partes polémicas del ordenamiento la participación de la SSP, mediante la Policía Federal Preventiva, para apoyar al INM en la vigilancia de entrada y salida de personas a México y la práctica de visitas de verificación migratoria, a excepción de albergues de organizaciones de la sociedad civil.
Se trata del artículo 26, fracción tercera, que permite llevar a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el instituto.
El artículo 81 permite acciones de “control migratorio” como la revisión de personas, que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines, acciones en las que la PF actuará en auxilio y coordinación con el INM.
Esta y otras revisiones, podrán hacerse en todo el país, señala la nueva ley, a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros.
Certificación
El texto incluye elevar a rango de ley al INM y que sus servidores estén obligados a someterse al proceso de certificación que consiste en la comprobación del cumplimiento de perfiles éticos.
Los funcionarios del INM también serán sujetos de sanciones cuando incurran en faltas o irregularidades.
El coordinador de PT en el Senado, Ricardo Monreal, quien reservó siete artículos, advirtió del peligro de conceder esa facultad a la PF para actuar como “policía migratoria” —con lo que se violarían derechos humanos— y perseguir indocumentados en territorio nacional y “convertirse prácticamente en policía extrajudicial, extraterritorial de los Estados Unidos”.
La aplicación de la ley corresponderá a la Secretaría de Gobernación, pero podrá auxiliarse con las demás dependencias y entidades de la administración pública.
El número de reservas llegó casi a las 100, por lo que hoy se espera un largo debate para cambiar o mantener la mayoría del articulado, sin embargo se informó que ayer los senadores se reunieron y encontraron una salida para hacer cambios al dictamen con el fin de que hoy sea aprobado.
A su vez, el INM tendrá varias atribuciones, entre ellas, asegurar en las estaciones migratorias. La nueva ley ratifica la facultad constitucional del Ejecutivo para aplicar el artículo 33, con el fin de expulsar a algún extranjero, quienes no pueden de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
Además, la nueva ley podría permitir al INM recibir denuncias —incluso de carácter anónimo— en contra de extranjeros, por presuntas violaciones de carácter administrativo a la nueva ley y a su reglamento, lo que podría dar pie a conductas xenofóbicas y racistas.
En una revisión del proyecto realizada por EL UNIVERSAL, destacan como partes polémicas del ordenamiento la participación de la SSP, mediante la Policía Federal Preventiva, para apoyar al INM en la vigilancia de entrada y salida de personas a México y la práctica de visitas de verificación migratoria, a excepción de albergues de organizaciones de la sociedad civil.
Se trata del artículo 26, fracción tercera, que permite llevar a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el instituto.
El artículo 81 permite acciones de “control migratorio” como la revisión de personas, que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines, acciones en las que la PF actuará en auxilio y coordinación con el INM.
Esta y otras revisiones, podrán hacerse en todo el país, señala la nueva ley, a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros.
Certificación
El texto incluye elevar a rango de ley al INM y que sus servidores estén obligados a someterse al proceso de certificación que consiste en la comprobación del cumplimiento de perfiles éticos.
Los funcionarios del INM también serán sujetos de sanciones cuando incurran en faltas o irregularidades.
El coordinador de PT en el Senado, Ricardo Monreal, quien reservó siete artículos, advirtió del peligro de conceder esa facultad a la PF para actuar como “policía migratoria” —con lo que se violarían derechos humanos— y perseguir indocumentados en territorio nacional y “convertirse prácticamente en policía extrajudicial, extraterritorial de los Estados Unidos”.
La aplicación de la ley corresponderá a la Secretaría de Gobernación, pero podrá auxiliarse con las demás dependencias y entidades de la administración pública.
El número de reservas llegó casi a las 100, por lo que hoy se espera un largo debate para cambiar o mantener la mayoría del articulado, sin embargo se informó que ayer los senadores se reunieron y encontraron una salida para hacer cambios al dictamen con el fin de que hoy sea aprobado.
A su vez, el INM tendrá varias atribuciones, entre ellas, asegurar en las estaciones migratorias. La nueva ley ratifica la facultad constitucional del Ejecutivo para aplicar el artículo 33, con el fin de expulsar a algún extranjero, quienes no pueden de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
Ricardo Gómez, El Universal, 24 de febrero.
0 Responses to "Preocupan a senadores “filos” de ley migratoria"
Publicar un comentario