Una comisión del Senado de Arizona aprobó ayer por un margen estrecho un proyecto de ley contra los inmigrantes indocumentados en materia de vivienda, beneficios públicos y trabajo.
La comisión aprobó el martes por la noche un proyecto para negar la ciudadanía automática a los hijos de los indocumentados, una norma contraria a la constitución nacional que podría dar lugar a una apelación ante la Corte Suprema.
El nuevo proyecto fue patrocinado por el senador republicano Russell Pearce, autor de la controvertida ley SB-1070 en contra de los inmigrantes ilegales del año pasado, que provocó un debate generalizado sobre si los estados son los encargados de aplicar las leyes de inmigración.
“El que está en el país ilegalmente no tiene derecho a los beneficios públicos y eso es todo’’, dijo Pearce.
Aprobar el proyecto colocaría ‘’un nubarrón negro sobre Arizona junto al cual la SB-1070 parecería blando’’, dijo Jaime Farrant, de la organización Red de Acción Fronteriza, en alusión al proyecto del año pasado.
PLENARIO. La nueva medida, SB-1611, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto de Pearce.
El proyecto dificulta los requisitos a fin de que los empleadores verifiquen la legalidad de los nuevos contratados, de lo contrario sus licencias de negocios les serían suspendidas si no utilizan el sistema federal de verificación, E-Verify. Asimismo aquel que use una falsa identidad para obtener un trabajo podría ser condenado a seis meses de prisión.
OBSTÁCULOS. Asimismo obliga a que las escuelas obtengan información sobre el estado legal de los estudiantes y que los reporten a las autoridades si los padres no presentan los documentos necesarios o si éstos parecen falsos.
Los indocumentados estarían también imposibilitados de obtener licencias para impartir educación escolar a sus hijos en sus propias casas (Homeschooling), dado que de hacerlo sus estudios no serían reconocidos ni obtendrían diplomas o certificados.
La iniciativa, especifica el establecer sistemas que impidan a los inmigrantes sin papeles recibir cualquier beneficio público del estado, como el de ayuda alimenticia a madres de escasos recursos con niños pequeños y otros.
También prohíbe que un indocumentado maneje vehículos motorizados en el estado, bajo pena de 30 días de cárcel y la incautación del vehículo si son hallados culpables.
La Crónica, 24 de febrero.
La comisión aprobó el martes por la noche un proyecto para negar la ciudadanía automática a los hijos de los indocumentados, una norma contraria a la constitución nacional que podría dar lugar a una apelación ante la Corte Suprema.
El nuevo proyecto fue patrocinado por el senador republicano Russell Pearce, autor de la controvertida ley SB-1070 en contra de los inmigrantes ilegales del año pasado, que provocó un debate generalizado sobre si los estados son los encargados de aplicar las leyes de inmigración.
“El que está en el país ilegalmente no tiene derecho a los beneficios públicos y eso es todo’’, dijo Pearce.
Aprobar el proyecto colocaría ‘’un nubarrón negro sobre Arizona junto al cual la SB-1070 parecería blando’’, dijo Jaime Farrant, de la organización Red de Acción Fronteriza, en alusión al proyecto del año pasado.
PLENARIO. La nueva medida, SB-1611, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto de Pearce.
El proyecto dificulta los requisitos a fin de que los empleadores verifiquen la legalidad de los nuevos contratados, de lo contrario sus licencias de negocios les serían suspendidas si no utilizan el sistema federal de verificación, E-Verify. Asimismo aquel que use una falsa identidad para obtener un trabajo podría ser condenado a seis meses de prisión.
OBSTÁCULOS. Asimismo obliga a que las escuelas obtengan información sobre el estado legal de los estudiantes y que los reporten a las autoridades si los padres no presentan los documentos necesarios o si éstos parecen falsos.
Los indocumentados estarían también imposibilitados de obtener licencias para impartir educación escolar a sus hijos en sus propias casas (Homeschooling), dado que de hacerlo sus estudios no serían reconocidos ni obtendrían diplomas o certificados.
La iniciativa, especifica el establecer sistemas que impidan a los inmigrantes sin papeles recibir cualquier beneficio público del estado, como el de ayuda alimenticia a madres de escasos recursos con niños pequeños y otros.
También prohíbe que un indocumentado maneje vehículos motorizados en el estado, bajo pena de 30 días de cárcel y la incautación del vehículo si son hallados culpables.
La Crónica, 24 de febrero.
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