BUENOS AIRES.— Después de la frustrada liberación de los últimos dos militares del grupo de seis rehenes que las FARC se había comprometido a entregar, el presidente Juan Manuel Santos relativizó ayer la autorización para reanudar la operación si no existe seguridad en cuanto a la concreción del plan.
“Estamos evaluando la situación para la continuación del proceso de liberaciones, estamos incluso considerando la posibilidad de hacerlo por tierra. Pero no queremos improvisar y tomaremos una decisión cuando estemos seguros de que la liberación pueda llevarse a cabo sin ninguna dificultad”, explicó Santos en una alocución en la Casa de Nariño (Sede del Ejecutivo).
Además, el mandatario recordó que no hay autorización para seguir adelante con las operaciones hasta nuevo aviso, luego de que se difundiera un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), informando que hoy se reanudaría el operativo para traer de vuelta a la libertad al mayor Guillermo Solórzano y el cabo Salín Sanmiguel. El comunicado había sido ratificado por el jefe de la misión de la Cruz Roja en Colombia, Christopher Beney.
“El gobierno nacional espera reunirse en las próximas horas con el CICR para recibir toda la información de lo sucedido en la jornada de ayer y sólo después de eso tomará una decisión”, expresó el comunicado del gobierno antes de que hablara Santos, lo que llevó a Beney a ofrecer “disculpas por mis declaraciones de esta mañana” y a advertir que esperaba “la luz verde del gobierno”.
Esa reunión tuvo lugar en la tarde y ahora el gobierno espera analizar la información, aunque el jefe de Estado fue categórico cuando dijo que las FARC “incumplieron a última hora cuando ya no era posible realizar la entrega en un lugar que estaba fuera del área previamente acordadas, algo que el gobierno ni el CICR, podíamos aceptar”.
El frustrado final del operativo de liberación llevó a algunos analistas, como el caso de Alejo Vargas, a poner el acento en el obstáculo que se genera para futuras liberaciones y para el papel de la ex senadora, Piedad Córdoba (quien ayer aguardaba la decisión gubernamental en silencio), que “ahora, sin duda se verá entorpecido”.
De hecho, Santos salió a desautorizar a la ex legisladora, que el domingo pasado le había pedido al presidente, en una entrevista, que le diera la autorización para negociar con las FARC en nombre del gobierno.
Con vehemencia, Santos aclaró que “el gobierno no autorizará a nadie a negociar con las FARC”, en una evidente muestra de que algunos gestos de la dirigente y de la guerrilla en el momento de entregar a los rehenes —que consideró “un show mediático”—, lo ofuscó a tal punto que pobló de nubarrones los avances que se habían dado en los últimos días.
“Estamos evaluando la situación para la continuación del proceso de liberaciones, estamos incluso considerando la posibilidad de hacerlo por tierra. Pero no queremos improvisar y tomaremos una decisión cuando estemos seguros de que la liberación pueda llevarse a cabo sin ninguna dificultad”, explicó Santos en una alocución en la Casa de Nariño (Sede del Ejecutivo).
Además, el mandatario recordó que no hay autorización para seguir adelante con las operaciones hasta nuevo aviso, luego de que se difundiera un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), informando que hoy se reanudaría el operativo para traer de vuelta a la libertad al mayor Guillermo Solórzano y el cabo Salín Sanmiguel. El comunicado había sido ratificado por el jefe de la misión de la Cruz Roja en Colombia, Christopher Beney.
“El gobierno nacional espera reunirse en las próximas horas con el CICR para recibir toda la información de lo sucedido en la jornada de ayer y sólo después de eso tomará una decisión”, expresó el comunicado del gobierno antes de que hablara Santos, lo que llevó a Beney a ofrecer “disculpas por mis declaraciones de esta mañana” y a advertir que esperaba “la luz verde del gobierno”.
Esa reunión tuvo lugar en la tarde y ahora el gobierno espera analizar la información, aunque el jefe de Estado fue categórico cuando dijo que las FARC “incumplieron a última hora cuando ya no era posible realizar la entrega en un lugar que estaba fuera del área previamente acordadas, algo que el gobierno ni el CICR, podíamos aceptar”.
El frustrado final del operativo de liberación llevó a algunos analistas, como el caso de Alejo Vargas, a poner el acento en el obstáculo que se genera para futuras liberaciones y para el papel de la ex senadora, Piedad Córdoba (quien ayer aguardaba la decisión gubernamental en silencio), que “ahora, sin duda se verá entorpecido”.
De hecho, Santos salió a desautorizar a la ex legisladora, que el domingo pasado le había pedido al presidente, en una entrevista, que le diera la autorización para negociar con las FARC en nombre del gobierno.
Con vehemencia, Santos aclaró que “el gobierno no autorizará a nadie a negociar con las FARC”, en una evidente muestra de que algunos gestos de la dirigente y de la guerrilla en el momento de entregar a los rehenes —que consideró “un show mediático”—, lo ofuscó a tal punto que pobló de nubarrones los avances que se habían dado en los últimos días.
José Vales corresponsal, El Universal, 15 de febrero.
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