La ley de seguridad no da un cheque en blanco al Ejecutivo

La Ley de Seguridad Nacional que se discute en la Cámara de Diputados “no representa un cheque en blanco” al Presidente para el uso de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna el país, aseguró anoche la Secretaría de Gobernación.

Al fijar el posicionamiento de la dependencia federal, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Alfonso Fernández Aceves, dijo que esta iniciativa incluso “acota muchas de las atribuciones” que tiene actualmente el titular del Ejecutivo respecto de la autorización para la intervención de las fuerzas armadas en temas relacionados con la seguridad interior del país.

En conferencia de prensa, el funcionario de Gobernación consideró que la “gran novedad” de esta iniciativa que se discute actualmente en el Congreso, es precisamente el procedimiento mediante el cual el Presidente de la República puede emitir una “declaratoria de afectación a la seguridad interna”, pero con una serie de controles que no se tienen hoy día.

Fernández Aceves aseguró que en el articulado de la ley se excluye expresamente la posibilidad de declaratorias en casos de movimientos sociales, sindicales o electorales, contrario, dijo, a lo que han expresado varias voces que se han manifestado en contra de esta iniciativa, de la cual se mostró optimista de que pueda aprobarse en el actual periodo ordinario. “Estamos trabajando en ello”, aseveró, tras señalar que están en contacto permanente con legisladores “de todos los colores y sabores”.

Sin efectos probatorios
Aclaró que la propuesta que actualmente se discute expresamente dice que ningún tipo de información que sea recabada por las fuerzas armadas y por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el contexto de las acciones de inteligencia y contrainteligencia, puede tener efectos probatorios en procedimientos jurisdiccionales, que es otro de los puntos donde diversas organizaciones han expresado preocupación.

Sin embargo, el subsecretario insistió en que esta información no puede usarse en procedimientos judiciales en contra de algún mexicano, “salvo que se levante en auxilio del agente del Ministerio Público y sujetándose a los principios que se prevén en el Código Federal de Procedimientos Penales”.

Destacó que esta iniciativa tiene ya dos años en discusión, primero con una minuta en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados, por lo que insistió en la importancia de que sea aprobada por los legisladores.

Finalmente, ante la advertencia de que algunos senadores se opondrían a votar dicha ley, en los términos que se arueben en San Lázaro, el subsecretario dijo que “siempre hay espacios para el diálogo. No hay nada que pueda declararse fenecido”.

José Antonio Román, La Jornada, 28 de abril.