Los académicos Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo y Denise Dresser llamaron ayer a aprovechar la censura contra Carmen Aristegui en W Radio para que los ciudadanos se movilicen y demanden una nueva ley de medios que defienda sus intereses y no lo de los concesionarios.
Durante una reunión convocada por la Fundación Semillas, los tres escritores consideraron que lo sucedido con la periodista es una regresión en la libertad de expresión, pero también una oportunidad para demandar la ampliación de espacios.
"La crítica es el radar para que las autoridades sepan en dónde están los problemas, porque suelen estar los gobernantes rodeados de su círculo íntimo acrítico", sostuvo Meyer.
Aseguró que la democracia implica reconocer los disensos, y aceptarlos y respetarlos dentro de un debate público de ideas.
"Estamos ante un retorno a esa limitación del pluralismo, porque desde la óptica del poder es más prudente tocar ciertos temas y evitar otros", indicó el historiador.
Crespo recordó que medidas limitantes de la libertad de expresión como la que ha sufrido Carmen Aristegui, bajo el pretexto de una no renovación del contrato laboral, remiten a los casos de censura de la época priista, pero también acentuados a partir del Gobierno de Vicente Fox.
"Las concesiones son ejercidas por los empresarios, por sus dueños, sin tomar en cuenta el interés público, y lo sucedido en la W con el grupo español Prisa es una muestra más de ello", aseveró.
Crespo recordó que el papel de los medios en una sociedad crítica, tiene ejemplos de éxito como la caída del Presidente Richard Nixon en Estados Unidos.
Dresser se refirió al papel de Prisa en el caso Aristegui, pero como una señal de alerta sobre lo que sucede por parte de dueños y concesionarios.
En este caso, comentó, se agrega el hecho de que Televisa reconoció que la decisión fue tomada por su socio español, situación que es ilegal de acuerdo a las leyes mexicanas, que prohiben delegar el manejo editorial de medios de comunicación a extranjeros.
Dresser aseveró que proyectos como la radio nacional pública sin censura, que algunos sectores sociales demandan, requieren modificaciones legales, además de que está pendiente desde hace años un nuevo ordenamiento en medios de comunicación que limite a los concesionarios y que responda más a los ciudadanos.
Durante una reunión convocada por la Fundación Semillas, los tres escritores consideraron que lo sucedido con la periodista es una regresión en la libertad de expresión, pero también una oportunidad para demandar la ampliación de espacios.
"La crítica es el radar para que las autoridades sepan en dónde están los problemas, porque suelen estar los gobernantes rodeados de su círculo íntimo acrítico", sostuvo Meyer.
Aseguró que la democracia implica reconocer los disensos, y aceptarlos y respetarlos dentro de un debate público de ideas.
"Estamos ante un retorno a esa limitación del pluralismo, porque desde la óptica del poder es más prudente tocar ciertos temas y evitar otros", indicó el historiador.
Crespo recordó que medidas limitantes de la libertad de expresión como la que ha sufrido Carmen Aristegui, bajo el pretexto de una no renovación del contrato laboral, remiten a los casos de censura de la época priista, pero también acentuados a partir del Gobierno de Vicente Fox.
"Las concesiones son ejercidas por los empresarios, por sus dueños, sin tomar en cuenta el interés público, y lo sucedido en la W con el grupo español Prisa es una muestra más de ello", aseveró.
Crespo recordó que el papel de los medios en una sociedad crítica, tiene ejemplos de éxito como la caída del Presidente Richard Nixon en Estados Unidos.
Dresser se refirió al papel de Prisa en el caso Aristegui, pero como una señal de alerta sobre lo que sucede por parte de dueños y concesionarios.
En este caso, comentó, se agrega el hecho de que Televisa reconoció que la decisión fue tomada por su socio español, situación que es ilegal de acuerdo a las leyes mexicanas, que prohiben delegar el manejo editorial de medios de comunicación a extranjeros.
Dresser aseveró que proyectos como la radio nacional pública sin censura, que algunos sectores sociales demandan, requieren modificaciones legales, además de que está pendiente desde hace años un nuevo ordenamiento en medios de comunicación que limite a los concesionarios y que responda más a los ciudadanos.
Nota de Guadalupe Irízar, Reforma, 22 de enero.
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