Considerado uno de los principales opositores a la apertura del sector eléctrico en la gestión de Vicente Fox, Bartlett añadió que la reforma propuesta por el Ejecutivo pretende dar el golpe final a nuestra soberanía y concluir un proceso iniciado con el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Propone, dijo, una autonomía de gestión “tramposa” que le confiere capacidad al Consejo de Administración para transferir sus funciones a las empresas extranjeras, sin límite. “El sentido de la autonomía es liberar a Pemex de Hacienda, no del Estado, lo que exige control del Congreso y de la Auditoría Superior”.
El ex legislador dijo que el modelo de Calderón va contra la tendencia mundial: “los países productores aseguran reservas, recuperan antiguas cesiones, recortan privilegios de las transnacionales: Bolivia, Ecuador, Argelia...”.
En su oportunidad, el abogado general de Pemex, Néstor García Reza, considero que la iniciativa de reforma es constitucional, respeta la exclusividad del Estado en la explotación de petróleo e hidrocarburos y confiere mayor autonomía de gestión a la paraestatal.
Víctor Flores Olea, es representante de México en la UNESCO e investigador de la UNAM, indicó que la iniciativa de reforma energética “parece abrir vías reales de corrupción, la opacidad y la falta de transparencia y de rendición de cuentas y que en el asunto de las “licitaciones” se abre un boquete y una invitación a la corrupción, a lo que también tendrían acceso empresas extranjeras
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