Durante el último foro de debate sobre la reforma petrolera, Manuel Bartlett Díaz, Alfredo Jalife-Rahme y Víctor Flores Olea alertaron sobre los riesgos de aprobar las iniciativas del Ejecutivo federal, porque responden a presiones económicas y geopolíticas de Estados Unidos y, en contra de la tendencia mundial de nacionalizar los recursos energéticos, proponen la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el foro realizado en el patio central de la Cámara de Senadores, Bartlett Díaz pidió a los legisladores dictaminar contra “las iniciativas del Ejecutivo”, porque vulneran la soberanía nacional y establecen el dominio de las trasnacionales.
El embajador Flores Olea, a su vez, reivindicó la consulta ciudadana sobre las iniciativas en materia energética, que se realizará el próximo domingo, e hizo un exhorto a quienes votarán la reforma a “no permanecer sordos a algo que ya se presenta como el clamor de las inteligencias de este país, que es el rechazo mayoritario a las iniciativas de Calderón”.
Contra la privatización silenciosa
Fue el foro número 21, con el tema Relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales extranacionales, y ahí el analista Jalife-Rahme recalcó que el último “recurso tangible” que queda a Pemex “para no pasar a la irrelevancia como una vulgar franquicia de las trasnacionales”, es “la preservación absoluta e integral de sus hidrocarburos”. Eso significaría, afirmó, obtener “la segunda independencia”.
Sin embargo, recalcó, “la reforma calderonista”, contra la tendencia de “los tiempos presentes” de “desprivatización y restatización” de los hidrocarburos, pretende decretar “la privatización silenciosa y oficiosa de Pemex” frente a competidores globales de menor ranking, como la española Repsol.
Al presentar su ponencia, Bartlett Díaz recalcó que “el plan Calderón” asume “dócilmente” un nuevo orden internacional petrolero, impuesto por los países consumidores de crudo, por el que se protege la inversión por encima del recurso natural.
El político priísta y ex senador de la República insistió: dentro de la red de tratados y contratos que conforman el “nuevo orden internacional del petróleo”, la pieza clave es la imposición del arbitraje internacional, ya que sustrae el petróleo de la jurisdicción nacional, obligando a los países a someterse a tribunales extranacionales, creados por ellos, en los que se imponen los privilegios concedidos a la inversión, bajo la amenaza de sanciones, embargos”.
De esa forma, explicó, cualquier cambio que pretenda el país productor es impugnado en el exterior, y la soberanía legislativa, administrativa y fiscal se pierde. Utilizan a la empresa pública para simular control nacional, aunque el “nuevo régimen global” reduce los derechos soberanos de los estados, porque una vez que las empresas extranjeras entran, los derechos de dominio eminente sobre el petróleo se subordinan a los tratados internacionales.
“El país es dueño del petróleo, en principio, pero su explotación se somete a los derechos supremos del capital”, recalcó el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla. Resaltó que “la sumisión del modelo Calderón a intereses externos” se manifiesta en “acuerdos orientados a integrar el petróleo mexicano al mercado de Estados Unidos”.
Bartlett citó el Informe Cheney, de 2001, en el cual se define como meta lograr mercados energéticos unificados y aprovechar para ello el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Aludió también al proyecto energético contenido en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, donde se impulsan medidas privatizadoras de los energéticos.
Bartlett, quien se llevó ayer una de las ovaciones más prolongadas de los foros de debate, hizo un análisis de las seis iniciativas y, a manera de conclusión, expuso que “el modelo Calderón” es el mismo que permitió privatizar a la brasileña Petrobras. Son propuestas que van en contra de la tendencia mundial en la que los países productores aseguran sus reservas y recortan privilegios a las trasnacionales. Puso como ejemplos que Estados Unidos impidió a China comprar una petrolera estadunidense y que Rusia recupera ahora “lo que cedió Yeltsin”.
Reduccionismo fiscalista
Asimismo, el analista político Jalife-Rahme sostuvo que “la reforma calderonista peca de reduccionismo fiscalista neoliberal” y evade la brújula geoestratégica “al desconectarse ingenuamente de la realidad internacional y su nueva correlación de fuerzas”.
Las nuevas “siete hermanas” del siglo XXI, manifestó, son las principales empresas estatales del mundo, entre ellas Gasprom, de Rusia; Aramco, de Arabia Saudita; Nioc, de Irán; Petrochina; Petronas, de Malasia; PDVSA, de Venezuela. y Petrobrás, de Brasil, las que “han desplazado a las otrora omnipotentes trasnacionales privadas anglosajonas”, que en la década de los 70 llegaron a controlar hasta 80 por ciento de las reservas mundiales.
Destacó que sorprende que México ignore, “a riesgo de su propio suicidio, las alertas geopolíticas de las dos principales potencias nucleares: Rusia y Estados Unidos, que definen los hidrocarburos como ‘arma estratégica’”.
Por su parte, Flores Olea, quien fue, entre otras cosas, embajador de México ante la Unión Soviética, representante ante la UNESCO y director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó la reforma de Calderón de “simple y simplista, porque ante los reales problemas del país y de Pemex se conformó con una salida de coyuntura”.
Durante los 21 foros de discusión que se han realizado en la Cámara de Senadores “se ha rechazado mayoritariamente la iniciativa, porque carece de visión estratégica; pero además, Felipe Calderón parece ignorar que los países con el mayor crecimiento son los que se han alejado de las reformas estructurales del Consenso de Washington y que, en este tiempo, a diferencia de lo que ocurre en México, se reafirma cada vez más la rectoría del Estado en materia económica y también en materia de hidrocarburos”.
En una materia tan grave como la reforma de Pemex, agregó, “resulta muy importante la consulta pública que se pondrá en marcha” y que debiera aplicarse siempre que se pretendan “modificar las decisiones fundamentales del pueblo de México, como ésta, recogida en el artículo 27 constitucional sobre el dominio directo e imprescriptible de la nación sobre los yacimientos petroleros y otras riquezas del subsuelo”.
Bartlett, en tanto, propuso que se exija a Calderón que detenga la destrucción de Pemex y que se finquen responsabilidades a quienes han propiciado “el desastre petrolero”.
En el foro realizado en el patio central de la Cámara de Senadores, Bartlett Díaz pidió a los legisladores dictaminar contra “las iniciativas del Ejecutivo”, porque vulneran la soberanía nacional y establecen el dominio de las trasnacionales.
El embajador Flores Olea, a su vez, reivindicó la consulta ciudadana sobre las iniciativas en materia energética, que se realizará el próximo domingo, e hizo un exhorto a quienes votarán la reforma a “no permanecer sordos a algo que ya se presenta como el clamor de las inteligencias de este país, que es el rechazo mayoritario a las iniciativas de Calderón”.
Contra la privatización silenciosa
Fue el foro número 21, con el tema Relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales extranacionales, y ahí el analista Jalife-Rahme recalcó que el último “recurso tangible” que queda a Pemex “para no pasar a la irrelevancia como una vulgar franquicia de las trasnacionales”, es “la preservación absoluta e integral de sus hidrocarburos”. Eso significaría, afirmó, obtener “la segunda independencia”.
Sin embargo, recalcó, “la reforma calderonista”, contra la tendencia de “los tiempos presentes” de “desprivatización y restatización” de los hidrocarburos, pretende decretar “la privatización silenciosa y oficiosa de Pemex” frente a competidores globales de menor ranking, como la española Repsol.
Al presentar su ponencia, Bartlett Díaz recalcó que “el plan Calderón” asume “dócilmente” un nuevo orden internacional petrolero, impuesto por los países consumidores de crudo, por el que se protege la inversión por encima del recurso natural.
El político priísta y ex senador de la República insistió: dentro de la red de tratados y contratos que conforman el “nuevo orden internacional del petróleo”, la pieza clave es la imposición del arbitraje internacional, ya que sustrae el petróleo de la jurisdicción nacional, obligando a los países a someterse a tribunales extranacionales, creados por ellos, en los que se imponen los privilegios concedidos a la inversión, bajo la amenaza de sanciones, embargos”.
De esa forma, explicó, cualquier cambio que pretenda el país productor es impugnado en el exterior, y la soberanía legislativa, administrativa y fiscal se pierde. Utilizan a la empresa pública para simular control nacional, aunque el “nuevo régimen global” reduce los derechos soberanos de los estados, porque una vez que las empresas extranjeras entran, los derechos de dominio eminente sobre el petróleo se subordinan a los tratados internacionales.
“El país es dueño del petróleo, en principio, pero su explotación se somete a los derechos supremos del capital”, recalcó el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla. Resaltó que “la sumisión del modelo Calderón a intereses externos” se manifiesta en “acuerdos orientados a integrar el petróleo mexicano al mercado de Estados Unidos”.
Bartlett citó el Informe Cheney, de 2001, en el cual se define como meta lograr mercados energéticos unificados y aprovechar para ello el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Aludió también al proyecto energético contenido en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, donde se impulsan medidas privatizadoras de los energéticos.
Bartlett, quien se llevó ayer una de las ovaciones más prolongadas de los foros de debate, hizo un análisis de las seis iniciativas y, a manera de conclusión, expuso que “el modelo Calderón” es el mismo que permitió privatizar a la brasileña Petrobras. Son propuestas que van en contra de la tendencia mundial en la que los países productores aseguran sus reservas y recortan privilegios a las trasnacionales. Puso como ejemplos que Estados Unidos impidió a China comprar una petrolera estadunidense y que Rusia recupera ahora “lo que cedió Yeltsin”.
Reduccionismo fiscalista
Asimismo, el analista político Jalife-Rahme sostuvo que “la reforma calderonista peca de reduccionismo fiscalista neoliberal” y evade la brújula geoestratégica “al desconectarse ingenuamente de la realidad internacional y su nueva correlación de fuerzas”.
Las nuevas “siete hermanas” del siglo XXI, manifestó, son las principales empresas estatales del mundo, entre ellas Gasprom, de Rusia; Aramco, de Arabia Saudita; Nioc, de Irán; Petrochina; Petronas, de Malasia; PDVSA, de Venezuela. y Petrobrás, de Brasil, las que “han desplazado a las otrora omnipotentes trasnacionales privadas anglosajonas”, que en la década de los 70 llegaron a controlar hasta 80 por ciento de las reservas mundiales.
Destacó que sorprende que México ignore, “a riesgo de su propio suicidio, las alertas geopolíticas de las dos principales potencias nucleares: Rusia y Estados Unidos, que definen los hidrocarburos como ‘arma estratégica’”.
Por su parte, Flores Olea, quien fue, entre otras cosas, embajador de México ante la Unión Soviética, representante ante la UNESCO y director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó la reforma de Calderón de “simple y simplista, porque ante los reales problemas del país y de Pemex se conformó con una salida de coyuntura”.
Durante los 21 foros de discusión que se han realizado en la Cámara de Senadores “se ha rechazado mayoritariamente la iniciativa, porque carece de visión estratégica; pero además, Felipe Calderón parece ignorar que los países con el mayor crecimiento son los que se han alejado de las reformas estructurales del Consenso de Washington y que, en este tiempo, a diferencia de lo que ocurre en México, se reafirma cada vez más la rectoría del Estado en materia económica y también en materia de hidrocarburos”.
En una materia tan grave como la reforma de Pemex, agregó, “resulta muy importante la consulta pública que se pondrá en marcha” y que debiera aplicarse siempre que se pretendan “modificar las decisiones fundamentales del pueblo de México, como ésta, recogida en el artículo 27 constitucional sobre el dominio directo e imprescriptible de la nación sobre los yacimientos petroleros y otras riquezas del subsuelo”.
Bartlett, en tanto, propuso que se exija a Calderón que detenga la destrucción de Pemex y que se finquen responsabilidades a quienes han propiciado “el desastre petrolero”.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 23 de julio.
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