El Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP) denunció ayer que con la reforma petrolera y la apertura de Pemex al capital extranjero existe el riesgo de que lleguen al país “ejércitos de mercenarios”, ya que las empresas privadas presumen un menor costo en actividades de logística y capacitación, y por ser del exterior llegan con sus propios equipos de seguridad.
Adolfo Miranda, presidente de CESP, dijo que inversionistas extranjeros, principalmente empresas de Estados Unidos, contratan ex militares chilenos y venezolanos, entre otros, para constituir sus ejércitos mercenarios, y que cuidar “a los ciudadanos que les pagan convierte la seguridad en una mercancía”.
Puso de ejemplo el uso de mercenarios que fueron utilizados como grupos de delincuentes para desestabilizar países en Centroamérica, Asia y África.
Denunció que las compañías que se han visto involucradas en ese tipo de actos en Sudáfrica, sobre todo con trabajo en Angola, Sierra Leona, Ruanda y Congo, son: Executive Outcomes, formada por ex militares; MPRI Recursos Militares Profesionales, que obtuvo contratos en Guinea Ecuatorial y Nigeria; Blackwater, creada por ex marinos conservadores, y Dyncorporation, que participó en la lucha guerrillera en Colombia.
El CESP dijo además que el gobierno estadunidense multiplicó los contratos con las empresas militares privadas, reconociendo que forman parte de la fuerza oficialmente desplegada en Irak, y también esas compañías participan en el Servicio de Protección Mundial de Personal del Departamento de Estado, lo que les permite actuar como una guardia mundial de elite para proteger sus intereses en todo el mundo.
El CESP advirtió que la expansión de esa compañías “militares” privadas no es compatible con un Estado democrático de derecho; “no es legítimo que un ciudadano de un país interfiera militarmente en otro sin el control de su gobierno, es decir, la fuerza la usa quien puede pagar”.
Las compañías militares privadas, agregó, no responden por los delitos cometidos; “han matado sin responsabilidad civil; reciben pagos secretos, utilizan desertores, ex militares, y protegen intereses privados sin respetar la ley”.
Adolfo Miranda resaltó que estas compañías (las militares privadas) tuvieron de 2004 a 2007 un costo estimado, tan sólo en Irak, de 5 mil 600 millones de dólares. Los ingresos previstos de esas compañías alcanzarán 200 mil millones de dólares para 2010.
Indicó que esas compañías refuerzan alianzas con cabilderos como Alexander Strategy Group, que contrató como vicepresidente al responsable de antiterrorismo de la CIA, Cofer Black, y al ex inspector general del Pentágono Joseph Schmidt .
Advirtió que estas empresas tienen como clientes a los gobiernos, pero cabildean para llevar sus actividades y alianzas a empresas, como las petroleras, a las que ofrecen proteger directamente.
Miranda destacó que hay un vínculo entre el negocio petrolero y las empresas militares privadas, ya sea por el interés de un gobierno por recursos naturales o por la tendencia de las empresas privadas a asociarse.
Denunció que hay indicios de compañías “militares” privadas en México. Refirió tres casos: Global Risk, vinculada a la “capacitación” de la policía de León, Guanajuato; Blackwater, que inició en junio de este año operaciones de adiestramiento tipo Swat a 500 metros de la frontera con México, y Blackwater y Sky Coleman Co., que fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz.
Adolfo Miranda, presidente de CESP, dijo que inversionistas extranjeros, principalmente empresas de Estados Unidos, contratan ex militares chilenos y venezolanos, entre otros, para constituir sus ejércitos mercenarios, y que cuidar “a los ciudadanos que les pagan convierte la seguridad en una mercancía”.
Puso de ejemplo el uso de mercenarios que fueron utilizados como grupos de delincuentes para desestabilizar países en Centroamérica, Asia y África.
Denunció que las compañías que se han visto involucradas en ese tipo de actos en Sudáfrica, sobre todo con trabajo en Angola, Sierra Leona, Ruanda y Congo, son: Executive Outcomes, formada por ex militares; MPRI Recursos Militares Profesionales, que obtuvo contratos en Guinea Ecuatorial y Nigeria; Blackwater, creada por ex marinos conservadores, y Dyncorporation, que participó en la lucha guerrillera en Colombia.
El CESP dijo además que el gobierno estadunidense multiplicó los contratos con las empresas militares privadas, reconociendo que forman parte de la fuerza oficialmente desplegada en Irak, y también esas compañías participan en el Servicio de Protección Mundial de Personal del Departamento de Estado, lo que les permite actuar como una guardia mundial de elite para proteger sus intereses en todo el mundo.
El CESP advirtió que la expansión de esa compañías “militares” privadas no es compatible con un Estado democrático de derecho; “no es legítimo que un ciudadano de un país interfiera militarmente en otro sin el control de su gobierno, es decir, la fuerza la usa quien puede pagar”.
Las compañías militares privadas, agregó, no responden por los delitos cometidos; “han matado sin responsabilidad civil; reciben pagos secretos, utilizan desertores, ex militares, y protegen intereses privados sin respetar la ley”.
Adolfo Miranda resaltó que estas compañías (las militares privadas) tuvieron de 2004 a 2007 un costo estimado, tan sólo en Irak, de 5 mil 600 millones de dólares. Los ingresos previstos de esas compañías alcanzarán 200 mil millones de dólares para 2010.
Indicó que esas compañías refuerzan alianzas con cabilderos como Alexander Strategy Group, que contrató como vicepresidente al responsable de antiterrorismo de la CIA, Cofer Black, y al ex inspector general del Pentágono Joseph Schmidt .
Advirtió que estas empresas tienen como clientes a los gobiernos, pero cabildean para llevar sus actividades y alianzas a empresas, como las petroleras, a las que ofrecen proteger directamente.
Miranda destacó que hay un vínculo entre el negocio petrolero y las empresas militares privadas, ya sea por el interés de un gobierno por recursos naturales o por la tendencia de las empresas privadas a asociarse.
Denunció que hay indicios de compañías “militares” privadas en México. Refirió tres casos: Global Risk, vinculada a la “capacitación” de la policía de León, Guanajuato; Blackwater, que inició en junio de este año operaciones de adiestramiento tipo Swat a 500 metros de la frontera con México, y Blackwater y Sky Coleman Co., que fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz.
Víctor Ballinas, La jornada, 22 de julio.
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