Durante la clausura de la 25 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a 100 días de la firma del Acuerdo por la Seguridad, los participantes reconocieron que los logros obtenidos son insuficientes.
El presidente Felipe Calderón afirmó que recuperar la seguridad no es un objetivo que pueda lograr un solo poder, orden de gobierno o partido político, sino que exige la participación de todo el Estado, sin distinciones partidistas, políticas o ideológicas.
Aseguró que desde la firma del acuerdo existen avances, pero admitió que los esfuerzos no son suficientes para sentirse satisfechos.
Más allá de resultados, “que los ha habido, debemos reconocer que fue la indignación y la exigencia ciudadana lo que nos movilizó a las estructuras de gobierno”, subrayó.
El Presidente dijo que el camino por la seguridad será largo y difícil, pero aseveró que “no podemos ni vamos a claudicar”.
Por eso pidió al Poder Legislativo dictaminar las leyes pendientes que ayudarán a derrotar a la delincuencia, y a los gobernadores y alcaldes dejar atrás la mala entendida división de competencias y actuar en estrecha coordinación con el gobierno federal.
Destacó que se ha reforzado la ofensiva contra delitos como el secuestro, pues en 100 días se detuvo a 272 plagiarios, se desarticularon 53 bandas y se liberó a 184 víctimas.
Sin emabrgo, puntualizó que para “frenar la delincuencia, primero hay que sacarla de nuestra propia casa”, y lanzó un llamado a todos los poderes públicos para que haga un esfuerzo por hacer lo propio.
En su oportunidad, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont , afirmó que no es momento de celebrar avances cuando la mayor parte de la sociedad exige tranquilidad y seguridad.
El funcionario aseguró que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha cumplido los siete compromisos que adquirió en la firma del acuerdo, pero pidió no sentirse satisfechos, sino hasta que haya resultados medibles y tangibles para la sociedad.
“No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno”, enfatizó.
En alusión al Congreso, aseguró que cumplir con los compromisos significa colaborar para que los demás actores políticos y órdenes de gobierno hagan su tarea.
Y propuso un modelo de observación ciudadana, integrado por un consejo rector a cargo del INEGI, el IFAI, organizaciones civiles e instituciones académicas, que pondría a disposición de las autoridades una ventanilla integradora para el acopio, homologación y clasificación de información.
La presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, María Elena Morera, aseguró que las cosas no están mejor que hace cien días, y afirmó que las acciones para frenar la violencia son importantes, pero “no suficientes”.
Pidió una revisión profunda para fortalecer el acuerdo y que los ciudadanos puedan palpar los avances. Además, exigió a las autoridades dejar los pretextos mezquinos y los ajustes de cuentas entre los propios servidores públicos.
Tras advertir que no basta con las detenciones de secuestradores porque la historia dice que esos descensos se han revertido con mayor violencia por la ausencia de un sistema sólido contra los delitos, expresó que no se puede dar un veredicto final en 100 días, sino que ello debe propiciar “un alto en el camino para verificar si el esquema actual es el correcto”.
El presidente Felipe Calderón afirmó que recuperar la seguridad no es un objetivo que pueda lograr un solo poder, orden de gobierno o partido político, sino que exige la participación de todo el Estado, sin distinciones partidistas, políticas o ideológicas.
Aseguró que desde la firma del acuerdo existen avances, pero admitió que los esfuerzos no son suficientes para sentirse satisfechos.
Más allá de resultados, “que los ha habido, debemos reconocer que fue la indignación y la exigencia ciudadana lo que nos movilizó a las estructuras de gobierno”, subrayó.
El Presidente dijo que el camino por la seguridad será largo y difícil, pero aseveró que “no podemos ni vamos a claudicar”.
Por eso pidió al Poder Legislativo dictaminar las leyes pendientes que ayudarán a derrotar a la delincuencia, y a los gobernadores y alcaldes dejar atrás la mala entendida división de competencias y actuar en estrecha coordinación con el gobierno federal.
Destacó que se ha reforzado la ofensiva contra delitos como el secuestro, pues en 100 días se detuvo a 272 plagiarios, se desarticularon 53 bandas y se liberó a 184 víctimas.
Sin emabrgo, puntualizó que para “frenar la delincuencia, primero hay que sacarla de nuestra propia casa”, y lanzó un llamado a todos los poderes públicos para que haga un esfuerzo por hacer lo propio.
En su oportunidad, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont , afirmó que no es momento de celebrar avances cuando la mayor parte de la sociedad exige tranquilidad y seguridad.
El funcionario aseguró que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha cumplido los siete compromisos que adquirió en la firma del acuerdo, pero pidió no sentirse satisfechos, sino hasta que haya resultados medibles y tangibles para la sociedad.
“No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno”, enfatizó.
En alusión al Congreso, aseguró que cumplir con los compromisos significa colaborar para que los demás actores políticos y órdenes de gobierno hagan su tarea.
Y propuso un modelo de observación ciudadana, integrado por un consejo rector a cargo del INEGI, el IFAI, organizaciones civiles e instituciones académicas, que pondría a disposición de las autoridades una ventanilla integradora para el acopio, homologación y clasificación de información.
La presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, María Elena Morera, aseguró que las cosas no están mejor que hace cien días, y afirmó que las acciones para frenar la violencia son importantes, pero “no suficientes”.
Pidió una revisión profunda para fortalecer el acuerdo y que los ciudadanos puedan palpar los avances. Además, exigió a las autoridades dejar los pretextos mezquinos y los ajustes de cuentas entre los propios servidores públicos.
Tras advertir que no basta con las detenciones de secuestradores porque la historia dice que esos descensos se han revertido con mayor violencia por la ausencia de un sistema sólido contra los delitos, expresó que no se puede dar un veredicto final en 100 días, sino que ello debe propiciar “un alto en el camino para verificar si el esquema actual es el correcto”.
Lorena López y Susana Hernández, Milenio, 29 de noviembre.
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