Las promesas sobre seguridad y justicia que Felipe Calderón ha pronunciado desde el inicio de su gestión “es pura demagogia”, la cual ya extendió a los compromisos de los 100 días, pues por ningún lado se ven acciones concretas ni una firme actuación para resolver la inseguridad en el país, señaló el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con y desde América Latina (Sicsal).
En tanto, las organizaciones agrupadas en el Observatorio Eclesial consideraron que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) debe ser restructurado y abrirse a la participación social, para evitar que, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, tengan lugar “ciertas prerrogativas” para sectores empresariales y de derecha, y se consolide la campaña de criminalización contra los movimientos sociales.
En el contexto de la primera evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, realizado este viernes en Palacio Nacional, el presidente en México del Sicsal, Martín Hernández, dijo que a 100 días de la firma de los compromisos pactados por el gobierno con la sociedad civil “vemos que nos han llenado una vez más de palabras y discursos bonitos, pero ninguna acción concreta.
“Nada que realmente resuelva la situación de crisis que vivimos en el tema de inseguridad. Las víctimas siguen apareciendo todos los días”, declaró.
Entrevistado durante una celebración eucarística por los 19 años de la masacre en El Salvador, cuando murieron seis sacerdores jesuitas y dos de sus colaboradoras, Martín Hernández expuso que al denunciar la violación de los derechos humanos muchas veces está en juego la vida de los denunciantes, pero “nuestra labor seguirá, pese a amenazas, persecuciones y torturas en contra de algunos de nosotros”.
José Guadalupe Sánchez Suárez, vocero del Observatorio Eclesial, dijo que mientras autoridades, funcionarios y políticos, hablan, en sus encuentros, de ofrecer seguridad en el país con militares, con la presencia policiaca sólo hay “una abierta violación a las garantías individuales”.
En tanto, las organizaciones agrupadas en el Observatorio Eclesial consideraron que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) debe ser restructurado y abrirse a la participación social, para evitar que, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, tengan lugar “ciertas prerrogativas” para sectores empresariales y de derecha, y se consolide la campaña de criminalización contra los movimientos sociales.
En el contexto de la primera evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, realizado este viernes en Palacio Nacional, el presidente en México del Sicsal, Martín Hernández, dijo que a 100 días de la firma de los compromisos pactados por el gobierno con la sociedad civil “vemos que nos han llenado una vez más de palabras y discursos bonitos, pero ninguna acción concreta.
“Nada que realmente resuelva la situación de crisis que vivimos en el tema de inseguridad. Las víctimas siguen apareciendo todos los días”, declaró.
Entrevistado durante una celebración eucarística por los 19 años de la masacre en El Salvador, cuando murieron seis sacerdores jesuitas y dos de sus colaboradoras, Martín Hernández expuso que al denunciar la violación de los derechos humanos muchas veces está en juego la vida de los denunciantes, pero “nuestra labor seguirá, pese a amenazas, persecuciones y torturas en contra de algunos de nosotros”.
José Guadalupe Sánchez Suárez, vocero del Observatorio Eclesial, dijo que mientras autoridades, funcionarios y políticos, hablan, en sus encuentros, de ofrecer seguridad en el país con militares, con la presencia policiaca sólo hay “una abierta violación a las garantías individuales”.
Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 30 de noviembre.
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