Al conocerse la presunta filtración de las bases de licitación para elaborar los materiales electorales en 2009 –que tienen carácter estrictamente confidencial hasta ser publicados–, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral (IFE). En ella solicita que se investigue, para deslindar responsabilidades, la supuesta vulneración de este procedimiento, así como suspenderlo, al conocerse que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) poseía el documento una semana antes de que se diera a conocer.
En tanto, la secretaría ejecutiva del organismo, respaldada por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pidió a la Contraloría General interna que inicie una averiguación “que permita determinar si un documento que, podría presumirse, forma parte de las bases de licitación pública para adquirir los materiales electorales del año entrante, fue obtenido por terceros antes de adquirir el carácter público”.
La víspera, en el contexto de una junta de la citada comisión, cuando se rendía un informe sobre los avances en los procedimientos de licitación, la representación del PRI pretendió realizar “señalamientos” al documento, que tenía en su poder.
Esto generó inconformidad de los representantes partidistas y la molestia entre los consejeros de la comisión, cuyo presidente, Marco Antonio Baños, advirtió en la misma reunión de la irregularidad y posible responsabilidad administrativa al poseer un documento confidencial.
El tema se precipitó en la sesión vespertina del Consejo General del IFE y ante los reclamos generalizados de los partidos –con matices–, el PRI dijo que colaboraría con la investigación, aunque cuestionó la estrategia política panista de escandalizar sobre el tema.
Esto motivó que interviniera el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien dijo que se coadyuvará plenamente con la pesquisa de la Contraloría y se dará “máxima publicidad” al resultado de la indagatoria.
Durante la sesión del jueves de la comisión, la representación del PRI reconoció tener el documento, pero, ante el efecto que generó, se negó a acceder a la petición de consejeros y representantes partidistas para que lo entregara.
No debe haber dudas
Entrevistado al respecto, Baños lamentó el hecho y sostuvo que a instancias de la comisión se había solicitado la indagatoria, pues “evidentemente no podemos ir a unos comicios donde exista alguna duda, por mínima que sea, en un proceso tan delicado como la adquisición de los materiales electorales”. Las bases de licitación apenas iban a hacerse públicas la próxima semana, lo cual será suspendido a instancias de la comisión, que solicitó a la Contraloría reponer el procedimiento.
A pesar de que en la tarde ya se conocía que el IFE había pedido una investigación –sumándose a la denuncia panista–, en la sesión del consejo el representante del PAN, Roberto Gil, sostuvo que no había ningún fundamento legal para que el PRI tuviera en su poder los documentos, y exigió que el tricolor los entregara a la Contraloría.
En respuesta, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada trató de redimensionar el asunto, al considerar que se trataba de prebases de licitación, rechazó que su partido tuviera en su poder dichos requisitos y cuestionó las pretensiones panistas de buscar la espectacularidad como parte de una estrategia política. Sin embargo, más adelante ofreció la plena colaboración priísta para la investigación de la Contraloría.
De inmediato, Gil rebatió: “si en realidad tiene plena disposición para el esclarecimiento, le pido que haga entrega del documento que ayer (jueves) su representante hizo alusión”.
Con ironía, Lerdo de Tejada reviró pidiéndole dejar a un lado sus afanes ministeriales y le planteó: “si ya activaron ustedes los cauces institucionales, por qué no se respetan a sí mismos y los siguen”.
Con matices, la denuncia del PAN fue respaldada por Nueva Alianza –que exigió transparencia– y, en menor medida, por el resto de los partidos que demandaron la pesquisa. A su vez, los consejeros electorales asumieron la necesidad de indagar los hechos y esclarecerlos; sin embargo, en este contexto, salió a relucir el efecto colateral del tema: el impacto que tendrá en los tiempos para la elaboración de los materiales electorales.
Al respecto, el representante perredista del Poder Legislativo, Javier Hernández Manzanares, dijo que más allá de las investigaciones estaba el hecho indudable de que el IFE debe definir en el corto plazo lo que va a proceder con la licitación de los materiales o cómo se van a elaborar.
En su oportunidad, Baños manifestó que en breve la Comisión de Capacitación y Organización Electoral habrá de definir lo conducente en el procedimiento. Poco antes, en entrevista, el consejero había comentado que los plazos que tenía el IFE para la elaboración de los materiales eran suficientes para que esta situación no la pusiera en riesgo.
Confirman tope de precampañas
El Consejo General del IFE fijó en definitiva que los topes de gastos de precampaña serán de 214 mil 628 pesos por cada uno de los aspirantes que, en cada partido, contiendan para alcanzar la candidatura para la diputación federal. Esto se sustenta en disposiciones legales que indican que el límite tiene como fundamento que corresponderá a 20 por ciento de los márgenes de campaña que se hayan utilizado en la elección anterior, que fue de 950 mil pesos.
Durante la sesión, el Partido Social Demócrata solicitó que el IFE inicie investigaciones en torno a la creación y el activismo del Movimiento Nacional de la Esperanza, que encabeza René Bejarano. A juicio del representante de ese instituto político, Miguel González Compeán, en sus actividades existe una clara intención de realizar actos anticipados de campaña en favor de algún o algunos candidatos, por lo que es necesario, “dados los antecedentes”, verificar el origen de los recursos con que se financia.
Además, el Consejo General del IFE aprobó ayer la creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que brindará asesoría en tecnologías de la información, así como en el diseño y aplicación de un sistema de captura que agilizará el proceso de transmisión-recepción, y realizará análisis y propuestas para optimizarlo.
Los consejeros electorales designaron a los siguientes expertos para integrarse al Comité Técnico: Carlos Fernando José Jaimes Pastrana, Salma Leticia Jalife Villalón, Rafael Pérez Pascual, Ciro Murayama Rendón y Víctor Manuel Silva García, quienes provienen de instituciones de educación superior, públicas y privadas.
En tanto, la secretaría ejecutiva del organismo, respaldada por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pidió a la Contraloría General interna que inicie una averiguación “que permita determinar si un documento que, podría presumirse, forma parte de las bases de licitación pública para adquirir los materiales electorales del año entrante, fue obtenido por terceros antes de adquirir el carácter público”.
La víspera, en el contexto de una junta de la citada comisión, cuando se rendía un informe sobre los avances en los procedimientos de licitación, la representación del PRI pretendió realizar “señalamientos” al documento, que tenía en su poder.
Esto generó inconformidad de los representantes partidistas y la molestia entre los consejeros de la comisión, cuyo presidente, Marco Antonio Baños, advirtió en la misma reunión de la irregularidad y posible responsabilidad administrativa al poseer un documento confidencial.
El tema se precipitó en la sesión vespertina del Consejo General del IFE y ante los reclamos generalizados de los partidos –con matices–, el PRI dijo que colaboraría con la investigación, aunque cuestionó la estrategia política panista de escandalizar sobre el tema.
Esto motivó que interviniera el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien dijo que se coadyuvará plenamente con la pesquisa de la Contraloría y se dará “máxima publicidad” al resultado de la indagatoria.
Durante la sesión del jueves de la comisión, la representación del PRI reconoció tener el documento, pero, ante el efecto que generó, se negó a acceder a la petición de consejeros y representantes partidistas para que lo entregara.
No debe haber dudas
Entrevistado al respecto, Baños lamentó el hecho y sostuvo que a instancias de la comisión se había solicitado la indagatoria, pues “evidentemente no podemos ir a unos comicios donde exista alguna duda, por mínima que sea, en un proceso tan delicado como la adquisición de los materiales electorales”. Las bases de licitación apenas iban a hacerse públicas la próxima semana, lo cual será suspendido a instancias de la comisión, que solicitó a la Contraloría reponer el procedimiento.
A pesar de que en la tarde ya se conocía que el IFE había pedido una investigación –sumándose a la denuncia panista–, en la sesión del consejo el representante del PAN, Roberto Gil, sostuvo que no había ningún fundamento legal para que el PRI tuviera en su poder los documentos, y exigió que el tricolor los entregara a la Contraloría.
En respuesta, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada trató de redimensionar el asunto, al considerar que se trataba de prebases de licitación, rechazó que su partido tuviera en su poder dichos requisitos y cuestionó las pretensiones panistas de buscar la espectacularidad como parte de una estrategia política. Sin embargo, más adelante ofreció la plena colaboración priísta para la investigación de la Contraloría.
De inmediato, Gil rebatió: “si en realidad tiene plena disposición para el esclarecimiento, le pido que haga entrega del documento que ayer (jueves) su representante hizo alusión”.
Con ironía, Lerdo de Tejada reviró pidiéndole dejar a un lado sus afanes ministeriales y le planteó: “si ya activaron ustedes los cauces institucionales, por qué no se respetan a sí mismos y los siguen”.
Con matices, la denuncia del PAN fue respaldada por Nueva Alianza –que exigió transparencia– y, en menor medida, por el resto de los partidos que demandaron la pesquisa. A su vez, los consejeros electorales asumieron la necesidad de indagar los hechos y esclarecerlos; sin embargo, en este contexto, salió a relucir el efecto colateral del tema: el impacto que tendrá en los tiempos para la elaboración de los materiales electorales.
Al respecto, el representante perredista del Poder Legislativo, Javier Hernández Manzanares, dijo que más allá de las investigaciones estaba el hecho indudable de que el IFE debe definir en el corto plazo lo que va a proceder con la licitación de los materiales o cómo se van a elaborar.
En su oportunidad, Baños manifestó que en breve la Comisión de Capacitación y Organización Electoral habrá de definir lo conducente en el procedimiento. Poco antes, en entrevista, el consejero había comentado que los plazos que tenía el IFE para la elaboración de los materiales eran suficientes para que esta situación no la pusiera en riesgo.
Confirman tope de precampañas
El Consejo General del IFE fijó en definitiva que los topes de gastos de precampaña serán de 214 mil 628 pesos por cada uno de los aspirantes que, en cada partido, contiendan para alcanzar la candidatura para la diputación federal. Esto se sustenta en disposiciones legales que indican que el límite tiene como fundamento que corresponderá a 20 por ciento de los márgenes de campaña que se hayan utilizado en la elección anterior, que fue de 950 mil pesos.
Durante la sesión, el Partido Social Demócrata solicitó que el IFE inicie investigaciones en torno a la creación y el activismo del Movimiento Nacional de la Esperanza, que encabeza René Bejarano. A juicio del representante de ese instituto político, Miguel González Compeán, en sus actividades existe una clara intención de realizar actos anticipados de campaña en favor de algún o algunos candidatos, por lo que es necesario, “dados los antecedentes”, verificar el origen de los recursos con que se financia.
Además, el Consejo General del IFE aprobó ayer la creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que brindará asesoría en tecnologías de la información, así como en el diseño y aplicación de un sistema de captura que agilizará el proceso de transmisión-recepción, y realizará análisis y propuestas para optimizarlo.
Los consejeros electorales designaron a los siguientes expertos para integrarse al Comité Técnico: Carlos Fernando José Jaimes Pastrana, Salma Leticia Jalife Villalón, Rafael Pérez Pascual, Ciro Murayama Rendón y Víctor Manuel Silva García, quienes provienen de instituciones de educación superior, públicas y privadas.
Alonso Urrutia, La Jornada, 29 de noviembre.
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