El secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), Edmundo Jacobo Molina, solicitó ayer a la Contraloría General del organismo iniciar una investigación formal sobre una presunta filtración del proyecto de bases de la licitación para la producción de los materiales electorales de 2009.
La presunta filtración fue detectada durante una reunión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en la que el representante priista Iván Pérez Salazar comentó algunos detalles de las bases de la licitación, ante la sorpresa de los presentes.
"El presidente de la comisión (el consejero Marco Baños) le solicitó que revelara las fuentes de la información. El representante del PRI señaló que desconocía de dónde había obtenido las bases de licitación, y posteriormente, afirmó que 'habían llegado a su oficina'", relató en rueda de prensa Roberto Gil, representante del PAN ante el IFE.
Informó que su partido presentó un escrito ante el contralor general Gregorio Guerrero solicitando una investigación.
Por su parte, el PRI, a través de su representante ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, minimizó el problema y sostuvo que sólo analiza las bases de licitaciones anteriores.
"El PAN se equivoca una vez más. No hay documento que tenga el PRI que no sea público. Lo que se ha hecho es un análisis de bases de procedimientos pasados, federales y locales. Mi asesor acudió, y según me informa, hizo una serie de observaciones que inquietaron notablemente al PAN", comentó en entrevista.
El consejero Marco Baños confirmó en general la versión panista sobre el incidente y aseguró que, en cuanto ocurrió, solicitó a las áreas responsables de administración, organización electoral y asuntos jurídicos del IFE, así como a la secretaría ejecutiva, que procedieran a solicitar a la Contraloría General una investigación para deslindar responsabilidades.
"Le pedí (a Pérez Salazar) que entregara una copia (de la documentación) y no lo hizo, por lo que la Contraloría deberá indagar", apuntó en entrevista.
Reconoció que el incidente pudiera "empañar" el proceso de licitación de los materiales electorales y adelantó que, por lo pronto, suspendió la presentación de las bases prevista para la próxima semana.
A pregunta expresa, indicó que serán los consejeros los que deberán determinar si se continúa con la fórmula de licitación pública, o se opta por una decisión similar a la de 2006, cuando se firmó un contrato con Talleres Gráficos de México, luego de un escándalo en el Estado de México que involucró a empresas dedicadas a la producción de materiales electorales y de denuncias sobre presuntas irregularidades.
Reflectores
Funcionarios con procedimientos abiertos por el IFE por presuntos actos de promoción personalizada:
- 38 presidentes municipales
- 24 diputados locales
- 18 diputados federales
- 14 gobernadores
- 4 senadores
La presunta filtración fue detectada durante una reunión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en la que el representante priista Iván Pérez Salazar comentó algunos detalles de las bases de la licitación, ante la sorpresa de los presentes.
"El presidente de la comisión (el consejero Marco Baños) le solicitó que revelara las fuentes de la información. El representante del PRI señaló que desconocía de dónde había obtenido las bases de licitación, y posteriormente, afirmó que 'habían llegado a su oficina'", relató en rueda de prensa Roberto Gil, representante del PAN ante el IFE.
Informó que su partido presentó un escrito ante el contralor general Gregorio Guerrero solicitando una investigación.
Por su parte, el PRI, a través de su representante ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, minimizó el problema y sostuvo que sólo analiza las bases de licitaciones anteriores.
"El PAN se equivoca una vez más. No hay documento que tenga el PRI que no sea público. Lo que se ha hecho es un análisis de bases de procedimientos pasados, federales y locales. Mi asesor acudió, y según me informa, hizo una serie de observaciones que inquietaron notablemente al PAN", comentó en entrevista.
El consejero Marco Baños confirmó en general la versión panista sobre el incidente y aseguró que, en cuanto ocurrió, solicitó a las áreas responsables de administración, organización electoral y asuntos jurídicos del IFE, así como a la secretaría ejecutiva, que procedieran a solicitar a la Contraloría General una investigación para deslindar responsabilidades.
"Le pedí (a Pérez Salazar) que entregara una copia (de la documentación) y no lo hizo, por lo que la Contraloría deberá indagar", apuntó en entrevista.
Reconoció que el incidente pudiera "empañar" el proceso de licitación de los materiales electorales y adelantó que, por lo pronto, suspendió la presentación de las bases prevista para la próxima semana.
A pregunta expresa, indicó que serán los consejeros los que deberán determinar si se continúa con la fórmula de licitación pública, o se opta por una decisión similar a la de 2006, cuando se firmó un contrato con Talleres Gráficos de México, luego de un escándalo en el Estado de México que involucró a empresas dedicadas a la producción de materiales electorales y de denuncias sobre presuntas irregularidades.
Reflectores
Funcionarios con procedimientos abiertos por el IFE por presuntos actos de promoción personalizada:
- 38 presidentes municipales
- 24 diputados locales
- 18 diputados federales
- 14 gobernadores
- 4 senadores
Guadalupe Irízar, Reforma, 29 de noviembre.
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