Las fracciones de PAN y PRI en la Cámara de Diputados pretenden dar un albazo legislativo para aprobar una reforma al artículo 73 constitucional, que por iniciativa de Felipe Calderón dejaría en manos de los gobiernos estatales el combate a la delincuencia organizada en el ámbito del secuestro, es decir, tal delito ya no sería considerado federal y pasaría a ser responsabilidad de los ministerios públicos locales.
Dora Alicia Martínez Valero, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales por el PAN, y Carlos Armando Biebrich Torres, quien desempeña el mismo cargo en la citada comisión por parte del PRI, elaboraron un oficio para convocar al resto de los representantes que integran dicho organismo a deliberar el lunes primero de diciembre con objeto de aprobar el dictamen.
Al percatarse de tal anomalía, la perredista Mónica Fernández denunció a sus homólogos de PAN y PRI, y por medio de un oficio de respuesta acusó a ambos partidos de manipular la negociación para dejar abierto el mayoriteo durante el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
El jueves pasado, los diputados Martínez Valero y Biebrich Torres asumieron motu proprio la facultad de convocar a una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando dicha facultad corresponde únicamente al presidente en turno, en este caso el perredista Raymundo Cárdenas.
La panista y el priísta repartieron la convocatoria que contiene el siguiente orden del día: lista de asistencia y verificación de quórum; análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 73 fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el secuestro, y asuntos generales.
Al descubrir la maniobra, Mónica Fernández replicó mediante un oficio dirigido a la diputada Dora Alicia Martínez: “el día de hoy recibí a las 14:50 horas la convocatoria para una reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales firmada por ustedes (la diputada Martínez y Biebrich), a realizarse el lunes primero de diciembre a las 15 horas; en la misma se señala que esta convocatoria se hace por acuerdo de la mayoría de los secretarios de dicho organismo; al respecto me permito preguntarles con qué mayoría de secretarios, ya que su servidora es miembro de esta mesa directiva y hasta el momento nadie ha pedido mi opinión. Por tal motivo, me comuniqué con el presidente de la comisión y con los secretarios de la misma pertenecientes a PT y Convergencia, y tampoco estaban enterados”.
El reclamo de la legisladora perredista se manifiesta al considerar la convocatoria como una falta de respeto, “con base en mentiras, con objeto de manipular a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales”, y advierte que la fracción del PRD se encuentra “plenamente comprometida con la discusión de los dictámenes de seguridad y justicia; como muestra de ello –dijo–, de las 30 iniciativas existentes, 15 son del PRD.
“Sin embargo, tenemos entendido que hasta el lunes primero de diciembre, los coordinadores parlamentarios de esta Cámara de Diputados se reunirán con sus homólogos en el Senado con el ánimo de analizar, discutir y lograr consenso, y que a partir de ello el equipo de legisladores de Unidad y Justicia han venido trabajando en conferencia varios días, para analizar la situación de la reforma al artículo 73 constitucional. Ante lo anterior, los exhorto a que platiquen con sus coordinadores parlamentarios y tengamos en cuenta los consensos a que lleguen por el bien del país”.
A decir de Mónica Fernández, las consecuencias de la modificación de dicho artículo serían las siguientes:
Las entidades y el Distrito Federal deberán combatir los hechos delictivos imputables a la delincuencia organizada entre sus territorios, lo que implicaría mayor cantidad de recursos destinados a ese rubro, pues habría que capacitar a grupos policiacos especializados en delincuencia organizada; los estados y el Distrito Federal no podrían exigir a la Federación la construcción de prisiones especiales para los miembros de la delincuencia organizada, por lo que tendrían que albergar en sus cárceles a individuos altamente peligrosos.
Por ejemplo –señala–, si un integrante del cártel de Sinaloa es apresado por las autoridades del Distrito Federal, no podría ser enviado a prisiones federales de alta seguridad. Y a esto se sumaría que la ley local de extinción de dominio también podría ser aplicada a la delincuencia organizada.
“Y, mediáticamente, la Federación ya no sería responsable del éxito o fracaso de la lucha, sino que la compartiría con los estados y el Distrito Federal. Esto es lo más grave, porque de aprobarse comenzaría a operar en un año electoral”, refirió Mónica Fernández.
Dora Alicia Martínez Valero, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales por el PAN, y Carlos Armando Biebrich Torres, quien desempeña el mismo cargo en la citada comisión por parte del PRI, elaboraron un oficio para convocar al resto de los representantes que integran dicho organismo a deliberar el lunes primero de diciembre con objeto de aprobar el dictamen.
Al percatarse de tal anomalía, la perredista Mónica Fernández denunció a sus homólogos de PAN y PRI, y por medio de un oficio de respuesta acusó a ambos partidos de manipular la negociación para dejar abierto el mayoriteo durante el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
El jueves pasado, los diputados Martínez Valero y Biebrich Torres asumieron motu proprio la facultad de convocar a una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando dicha facultad corresponde únicamente al presidente en turno, en este caso el perredista Raymundo Cárdenas.
La panista y el priísta repartieron la convocatoria que contiene el siguiente orden del día: lista de asistencia y verificación de quórum; análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 73 fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el secuestro, y asuntos generales.
Al descubrir la maniobra, Mónica Fernández replicó mediante un oficio dirigido a la diputada Dora Alicia Martínez: “el día de hoy recibí a las 14:50 horas la convocatoria para una reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales firmada por ustedes (la diputada Martínez y Biebrich), a realizarse el lunes primero de diciembre a las 15 horas; en la misma se señala que esta convocatoria se hace por acuerdo de la mayoría de los secretarios de dicho organismo; al respecto me permito preguntarles con qué mayoría de secretarios, ya que su servidora es miembro de esta mesa directiva y hasta el momento nadie ha pedido mi opinión. Por tal motivo, me comuniqué con el presidente de la comisión y con los secretarios de la misma pertenecientes a PT y Convergencia, y tampoco estaban enterados”.
El reclamo de la legisladora perredista se manifiesta al considerar la convocatoria como una falta de respeto, “con base en mentiras, con objeto de manipular a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales”, y advierte que la fracción del PRD se encuentra “plenamente comprometida con la discusión de los dictámenes de seguridad y justicia; como muestra de ello –dijo–, de las 30 iniciativas existentes, 15 son del PRD.
“Sin embargo, tenemos entendido que hasta el lunes primero de diciembre, los coordinadores parlamentarios de esta Cámara de Diputados se reunirán con sus homólogos en el Senado con el ánimo de analizar, discutir y lograr consenso, y que a partir de ello el equipo de legisladores de Unidad y Justicia han venido trabajando en conferencia varios días, para analizar la situación de la reforma al artículo 73 constitucional. Ante lo anterior, los exhorto a que platiquen con sus coordinadores parlamentarios y tengamos en cuenta los consensos a que lleguen por el bien del país”.
A decir de Mónica Fernández, las consecuencias de la modificación de dicho artículo serían las siguientes:
Las entidades y el Distrito Federal deberán combatir los hechos delictivos imputables a la delincuencia organizada entre sus territorios, lo que implicaría mayor cantidad de recursos destinados a ese rubro, pues habría que capacitar a grupos policiacos especializados en delincuencia organizada; los estados y el Distrito Federal no podrían exigir a la Federación la construcción de prisiones especiales para los miembros de la delincuencia organizada, por lo que tendrían que albergar en sus cárceles a individuos altamente peligrosos.
Por ejemplo –señala–, si un integrante del cártel de Sinaloa es apresado por las autoridades del Distrito Federal, no podría ser enviado a prisiones federales de alta seguridad. Y a esto se sumaría que la ley local de extinción de dominio también podría ser aplicada a la delincuencia organizada.
“Y, mediáticamente, la Federación ya no sería responsable del éxito o fracaso de la lucha, sino que la compartiría con los estados y el Distrito Federal. Esto es lo más grave, porque de aprobarse comenzaría a operar en un año electoral”, refirió Mónica Fernández.
Roberto Garduño, La Jornada, 29 de noviembre.
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