Todo va bien aunque todo siga mal. El ciclo de los gobiernos felices de ser evaluados lo abrió hace 100 días el empresario Alejandro Martí con el “si no pueden, renuncien”. En la víspera lo cerró otro empresario y ex funcionario público, Nelson Vargas: “No tienen madre”. Cien días pasaron, cien.
El gobierno presume avances chicos y grandes. Los expertos quieren diferenciar la realidad de la “percepción”. Hemos hecho mucho, pero falta mucho, dice el presidente Felipe Calderón en la obligada autocrítica. Pero no está dispuesto a tragar en solitario los sapos de Martí y Vargas: ustedes también pasen la escoba, dice a los gobernadores, armado de su Operación Limpieza.
Es la percepción gubernamental de 100 días que son otros en la percepción ciudadana. Los días del dramático clamor de la familia Vargas, de los decapitados de Yucatán (la entidad más segura del país), de los ejecutados de La Marquesa, de los fusilados de Ciudad Juárez, de los bombardeados de Morelia, de los levantados de Sinaloa, de las narcomantas en todo el país.
Pero hoy es día de cifras y frases, en el balance múltiple de los 100 días. Sólo un alto funcionario –Roberto Campa– renunció, aunque por razones ajenas a la acusación ciudadana. Muchos otros cayeron arrastrados por la escoba de la Operación Limpieza. Casi todos los que estuvieron el pasado 21 de agosto, cuando se puso en marcha el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, están de nuevo en Palacio Nacional; muchos con la divisa en uso: quien esté libre de pecado, que tire el primer diagnóstico.
Ríos de cifras
Y los funcionarios lanzan ríos de cifras e interpretaciones. Hubo menos secuestros y menos ejecutados, dicen los números oficiales. Hace 10 años se mataba más en México, señala la encuesta que presenta el ahora ciudadanizado Luis de la Barreda. Las cejas incrédulas se alzan, pese al aval universitario de la encuesta que presenta el ex subprocurador.
Los 100 días son también los de las aprehensiones de importantes figuras de los cárteles del narcotráfico y de decenas de bandas de secuestradores. Los funcionarios se cuidan ahora de dar por muertos a los cárteles que ya habían matado ayer.
Pero igual en anuncios de radio y televisión, cuya hechura recuerda radionovelas de los años 50 del siglo pasado, el gobierno federal se ha encargado de difundir con amplitud sus éxitos en la “guerra” contra el crimen.
En sus datos, Luis de la Barreda subraya que la realidad del delito no siempre coincide con la “percepción ciudadana”.
A la “percepción ciudadana”, el gobierno le ofrece las intervenciones de ocho altos funcionarios y del presidente Felipe Calderón. Hablan, es de suponerse que en contrapartida, un gobernador, dos legisladores, un rector, un experto y una representante de la “sociedad civil”. Los gobernadores se cuelan al final, la mayoría con intervenciones desafortunadas.
Casi nadie desentona, pese a algunas tímidas críticas. Pero el afán de demostrar que “no hay más cifra que la nuestra” no resiste los primeros embates. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, amanece enojada porque el gobierno federal ha puesto a la policía de su estado como una de las peor evaluadas del país, pese a que su entidad es de las más seguras. Reclama en el desayuno con Calderón y luego en público. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoce que la evaluación fue parcial y se disculpa.
El ciudadano y el Presidente
“Como ciudadano y padre de familia, entiendo lo que sienten muchos mexicanos; soy consciente del agravio y el profundo dolor que embarga a muchos mexicanos que no encuentran respuestas”, dice Felipe Calderón.
Como Presidente de la República, sin embargo, repite los espots sobre los éxitos de su gobierno en las detenciones de importantes capos, insiste en que va por la ruta correcta, destaca el cumplimiento de los compromisos adquiridos 100 días atrás y celebra largamente la creación de un Observatorio Ciudadano que lo vigilará a él y a sus funcionarios.
Caen las avalanchas de números; una danza de cifras del crimen, las víctimas hechas estadísticas, los avances que se traducen sólo en más dinero, más patrullas, más chalecos.
Genaro García Luna, el funcionario probo, favorito de Calderón, abre al solicitar un minuto de silencio en memoria de los funcionarios públicos caídos en la lucha contra el crimen y, de paso, de Juan Camilo Mouriño y las otras víctimas del avionazo. Mantiene así el doble juego del gobierno entre el accidente y el atentado. Pero de las víctimas del delito, nada.
Fernando Gómez Mont, flamante secretario de Gobernación, se estrena con un discurso de rigor: siete compromisos han sido cumplidos y 15 quedan por cumplirse, en el plazo previsto de cuatro a seis meses. Cien de cien, vaya. Luego resulta, sin embargo, que todo va bien, aunque “no podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclama tranquilidad y seguridad en sus hogares, en las calles, en sus centros de trabajo, en el transporte; o cuando salen al mercado, del banco o del centro comercial”. Algo sigue mal.
Poco antes, De la Barreda ha informado del dato “dramático” de la encuesta realizada por el organismo que encabeza: cinco de cada 10 padres de familia prohíben a sus hijos menores salir a la calle.
El reparto de los sapos
Hace 100 días la clase política se tragó los sapos del reclamo ciudadano. Hoy, el gobierno federal los reparte. En las cifras oficiales de la administración calderonista se insiste en que la mayor parte de los delitos es del fuero común, es decir, competencia de estados y municipios.
El sonorense Eduardo Bours, en nombre de los gobernadores, destaca que las dependencias federales recibirán 16 mil millones de pesos más para tareas de seguridad, contra sólo 6 mil 900 asignados a las entidades federativas. Debe haber equilibrio no sólo en responsabilidades, sino también en recursos, dice, y por ahí se van, en sus turnos, los cinco mandatarios del PRI que toman la palabra (contra dos del PAN y una del PRD).
Los priístas no quieren ir a la cola del mexiquense Enrique Peña Nieto, quien toma la palabra para reclamar las cifras del gobierno federal. Y quieren lucirse. Natividad González Parás, de Nuevo León, dice que en 100 días el acuerdo “ha cambiado el curso de la historia”. Más modesto, el nayarita Ney González sugiere que el gobierno federal siga su ejemplo y dote de videojuegos a todos los niños para que no anden en “las maquinitas” jugando a matar.
La sociedad civil es representada por María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia y amiga del secretario de Seguridad Pública. En su boca, el “no tienen madre”, de Nelson Vargas, se convierte en un edulcorado “no tienen datos”, a falta de información de los municipios, y en una crítica contra “algunos legisladores” que no aceptan reuniones cara a cara con los evaluadores.
La única coincidencia de dientes para afuera es que el combate al crimen une a los mexicanos más allá de ideologías y partidos.
Se pide, en esa línea, que las campañas electorales por venir no se salpiquen de sangre, que no sean usadas para atacar a gobiernos de uno u otro signos. Lo dice directamente el gobernador priísta de Chihuahua, Reyes Baeza, quien acusa al jefe panista del Senado, Gustavo Madero, de “sacar raja política” de la catástrofe de seguridad en el estado grande. Madero se disculpa.
El primer damnificado sería el gobierno federal. ¿Qué sería de sus espots y de su guerra frontal contra el crimen, presumida todo el tiempo, si el tema no figura en la agenda electoral?
No todos sus correligionarios acompañan a Baeza en su demanda. El también priísta gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, usa el foro de Palacio Nacional para decir frases huecas, pero horas más tarde manda una iniciativa para establecer la pena de muerte.
La raja en el ojo ajeno y sin campañas todavía.
El gobierno presume avances chicos y grandes. Los expertos quieren diferenciar la realidad de la “percepción”. Hemos hecho mucho, pero falta mucho, dice el presidente Felipe Calderón en la obligada autocrítica. Pero no está dispuesto a tragar en solitario los sapos de Martí y Vargas: ustedes también pasen la escoba, dice a los gobernadores, armado de su Operación Limpieza.
Es la percepción gubernamental de 100 días que son otros en la percepción ciudadana. Los días del dramático clamor de la familia Vargas, de los decapitados de Yucatán (la entidad más segura del país), de los ejecutados de La Marquesa, de los fusilados de Ciudad Juárez, de los bombardeados de Morelia, de los levantados de Sinaloa, de las narcomantas en todo el país.
Pero hoy es día de cifras y frases, en el balance múltiple de los 100 días. Sólo un alto funcionario –Roberto Campa– renunció, aunque por razones ajenas a la acusación ciudadana. Muchos otros cayeron arrastrados por la escoba de la Operación Limpieza. Casi todos los que estuvieron el pasado 21 de agosto, cuando se puso en marcha el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, están de nuevo en Palacio Nacional; muchos con la divisa en uso: quien esté libre de pecado, que tire el primer diagnóstico.
Ríos de cifras
Y los funcionarios lanzan ríos de cifras e interpretaciones. Hubo menos secuestros y menos ejecutados, dicen los números oficiales. Hace 10 años se mataba más en México, señala la encuesta que presenta el ahora ciudadanizado Luis de la Barreda. Las cejas incrédulas se alzan, pese al aval universitario de la encuesta que presenta el ex subprocurador.
Los 100 días son también los de las aprehensiones de importantes figuras de los cárteles del narcotráfico y de decenas de bandas de secuestradores. Los funcionarios se cuidan ahora de dar por muertos a los cárteles que ya habían matado ayer.
Pero igual en anuncios de radio y televisión, cuya hechura recuerda radionovelas de los años 50 del siglo pasado, el gobierno federal se ha encargado de difundir con amplitud sus éxitos en la “guerra” contra el crimen.
En sus datos, Luis de la Barreda subraya que la realidad del delito no siempre coincide con la “percepción ciudadana”.
A la “percepción ciudadana”, el gobierno le ofrece las intervenciones de ocho altos funcionarios y del presidente Felipe Calderón. Hablan, es de suponerse que en contrapartida, un gobernador, dos legisladores, un rector, un experto y una representante de la “sociedad civil”. Los gobernadores se cuelan al final, la mayoría con intervenciones desafortunadas.
Casi nadie desentona, pese a algunas tímidas críticas. Pero el afán de demostrar que “no hay más cifra que la nuestra” no resiste los primeros embates. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, amanece enojada porque el gobierno federal ha puesto a la policía de su estado como una de las peor evaluadas del país, pese a que su entidad es de las más seguras. Reclama en el desayuno con Calderón y luego en público. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoce que la evaluación fue parcial y se disculpa.
El ciudadano y el Presidente
“Como ciudadano y padre de familia, entiendo lo que sienten muchos mexicanos; soy consciente del agravio y el profundo dolor que embarga a muchos mexicanos que no encuentran respuestas”, dice Felipe Calderón.
Como Presidente de la República, sin embargo, repite los espots sobre los éxitos de su gobierno en las detenciones de importantes capos, insiste en que va por la ruta correcta, destaca el cumplimiento de los compromisos adquiridos 100 días atrás y celebra largamente la creación de un Observatorio Ciudadano que lo vigilará a él y a sus funcionarios.
Caen las avalanchas de números; una danza de cifras del crimen, las víctimas hechas estadísticas, los avances que se traducen sólo en más dinero, más patrullas, más chalecos.
Genaro García Luna, el funcionario probo, favorito de Calderón, abre al solicitar un minuto de silencio en memoria de los funcionarios públicos caídos en la lucha contra el crimen y, de paso, de Juan Camilo Mouriño y las otras víctimas del avionazo. Mantiene así el doble juego del gobierno entre el accidente y el atentado. Pero de las víctimas del delito, nada.
Fernando Gómez Mont, flamante secretario de Gobernación, se estrena con un discurso de rigor: siete compromisos han sido cumplidos y 15 quedan por cumplirse, en el plazo previsto de cuatro a seis meses. Cien de cien, vaya. Luego resulta, sin embargo, que todo va bien, aunque “no podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclama tranquilidad y seguridad en sus hogares, en las calles, en sus centros de trabajo, en el transporte; o cuando salen al mercado, del banco o del centro comercial”. Algo sigue mal.
Poco antes, De la Barreda ha informado del dato “dramático” de la encuesta realizada por el organismo que encabeza: cinco de cada 10 padres de familia prohíben a sus hijos menores salir a la calle.
El reparto de los sapos
Hace 100 días la clase política se tragó los sapos del reclamo ciudadano. Hoy, el gobierno federal los reparte. En las cifras oficiales de la administración calderonista se insiste en que la mayor parte de los delitos es del fuero común, es decir, competencia de estados y municipios.
El sonorense Eduardo Bours, en nombre de los gobernadores, destaca que las dependencias federales recibirán 16 mil millones de pesos más para tareas de seguridad, contra sólo 6 mil 900 asignados a las entidades federativas. Debe haber equilibrio no sólo en responsabilidades, sino también en recursos, dice, y por ahí se van, en sus turnos, los cinco mandatarios del PRI que toman la palabra (contra dos del PAN y una del PRD).
Los priístas no quieren ir a la cola del mexiquense Enrique Peña Nieto, quien toma la palabra para reclamar las cifras del gobierno federal. Y quieren lucirse. Natividad González Parás, de Nuevo León, dice que en 100 días el acuerdo “ha cambiado el curso de la historia”. Más modesto, el nayarita Ney González sugiere que el gobierno federal siga su ejemplo y dote de videojuegos a todos los niños para que no anden en “las maquinitas” jugando a matar.
La sociedad civil es representada por María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia y amiga del secretario de Seguridad Pública. En su boca, el “no tienen madre”, de Nelson Vargas, se convierte en un edulcorado “no tienen datos”, a falta de información de los municipios, y en una crítica contra “algunos legisladores” que no aceptan reuniones cara a cara con los evaluadores.
La única coincidencia de dientes para afuera es que el combate al crimen une a los mexicanos más allá de ideologías y partidos.
Se pide, en esa línea, que las campañas electorales por venir no se salpiquen de sangre, que no sean usadas para atacar a gobiernos de uno u otro signos. Lo dice directamente el gobernador priísta de Chihuahua, Reyes Baeza, quien acusa al jefe panista del Senado, Gustavo Madero, de “sacar raja política” de la catástrofe de seguridad en el estado grande. Madero se disculpa.
El primer damnificado sería el gobierno federal. ¿Qué sería de sus espots y de su guerra frontal contra el crimen, presumida todo el tiempo, si el tema no figura en la agenda electoral?
No todos sus correligionarios acompañan a Baeza en su demanda. El también priísta gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, usa el foro de Palacio Nacional para decir frases huecas, pero horas más tarde manda una iniciativa para establecer la pena de muerte.
La raja en el ojo ajeno y sin campañas todavía.
Arturo Cano, La Jornada, 29 de noviembre.
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