El gobierno federal reconoció que de enero a octubre de este año han aumentado 10 por ciento los homicidios dolosos, clasificación jurídica en la que se enmarcan las ejecuciones que ha perpetrado el crimen organizado. Sin embargo, hizo suyo un diagnóstico –dado por una organización civil–, que afirma que en 1997, y no ahora, se cometió el mayor número de asesinatos.
En la primera evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, efectuado sin presencia de representantes del Poder Judicial, el diagnóstico del Ejecutivo federal fue: los delitos del fuero común han aumentado 9.7 por ciento. Los que corresponde perseguir a la Procuraduría General de la República (PGR) han disminuido 4.7 por ciento de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2007.
El reiterado discurso de los funcionarios federales, de que se han cumplido los compromisos pactados en el acuerdo firmado el pasado 21 de agosto y que se ha avanzado en la lucha contra la inseguridad y la violencia en el país, fue acotado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien advirtió: “no podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclama tranquilidad y seguridad”.
Durante la reunión se mencionó que uno de los principales objetivos del gobierno federal es la creación de un método de control de confianza para los policías del país y personal de áreas “sensibles”. Al respecto, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, informó que será necesario evaluar a 17 mil 893 personas y hasta ahora hay un avance de 25 por ciento, aunque en dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que agrupa a toda la policía federal, de un total de 8 mil personas sólo se ha evaluado a 835.
Los diagnósticos
Durante 2007 en México se registró “una tasa de impunidad de 87 por ciento”, ya que sólo 13 de cada 100 delitos fueron asentados en las estadísticas oficiales; 11 de cada 100 personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún ilícito; la tasa de incidencia delictiva es de 10 mil 500 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que hace que este país sea más inseguro que Canadá o muchas naciones de Europa, pero menos inseguro que estados de África o Asia; 85 por ciento de los delitos fueron robo a transeúntes, informó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dio a conocer el diagnóstico oficial, en el que se afirma que los delitos del fuero común han aumentado de 2007 a la fecha 9.7 por ciento, y los del fuero federal han disminuido 4.7 por ciento.
El delito de robo aumentó 8 por ciento y los homicidios se incrementaron 10 por ciento de enero a octubre de este año en comparación con el mismo periodo de 2007.
Una comparación de antes y después de la firma del acuerdo establece que “los robos aumentaron 3 por ciento” en los últimos 100 días, y los homicidios disminuyeron 6.9 por ciento.
Por otra parte, el promedio nacional de homicidios dolosos –asesinatos– tras la firma del acuerdo aumentó 6.8 por ciento, según las estadísticas oficiales.
Según el reporte, de agosto a noviembre han sido asesinados 114 policías; 20 federales, 53 estatales y 41 municipales. Del total, siete murieron en acciones contra el secuestro.
Por lo que hace al delito de secuestro, el informe oficial refiere que entre el 1º de enero y el 21 de agosto de este año se cometieron 706 plagios, es decir, 3.4 casos por día; mientras que después del acuerdo se han registrado oficialmente 237, un promedio de 2.3 casos por día.
De los 943 plagios en conocimiento de las autoridades, “el estado de México es la entidad que registra el mayor número (166); Distrito Federal (151); Baja California (102); Michoacán (57) y Chihuahua (56). Las cinco entidades anteriores, en conjunto, representan 56.4 por ciento del total de casos de secuestro registrados a escala nacional durante 2008”.
En su intervención, Genaro García Luna, titular de la SSP federal, agregó: “se han desarticulado 53 organizaciones criminales dedicadas al secuestro. Es decir, una banda cada tercer día. Se ha logrado la liberación de 184 personas plagiadas, lo que equivale a rescatar a 13 personas cada semana a partir de la firma del acuerdo”.
Según las estadísticas, “a escala nacional, de enero a noviembre se ha detenido a 795 presuntos secuestradores: 205 por parte del gobierno federal y 590 los gobiernos locales”. En la actualidad hay 7 mil 514 secuestradores en prisión, dijo García Luna, de ellos 4 mil 335 ya sentenciados, 3 mil 142 sujetos a proceso penal, y 37 en situación jurídica por definir.
Por su parte, el secretario Gómez Mont explicó que para cumplir los 36 compromisos asumidos por el gobierno federal en el acuerdo nacional se ha desarrollado un Sistema Único de Seguimiento, en el cual se enmarca la acción de cada dependencia y se nombra un “liderazgo institucional” para coordinar los esfuerzos y uniformar la información.
Siete compromisos cubiertos
Con base en lo anterior, informó que durante los primeros 100 días del acuerdo “el gobierno federal ha cubierto en cien por ciento los siete compromisos programados para ser resueltos durante este periodo”.
Destacó el diseño del presupuesto de egresos para el próximo año, con un incremento de 33 por ciento para los rubros de orden y seguridad; se ha fortalecido el Sistema de Denuncias contra Corrupción; fue enviada al Congreso de la Unión la iniciativa para la Ley General del SNSP y se autorizó la compra de armamento para incrementar las capacidades de PGR, SSP y Cisen.
Además, se presentó ante el Congreso de la Unión un paquete de reformas para fortalecer al gobierno federal en las tareas de seguridad pública y procuración de justicia; fueron instrumentadas campañas masivas para promover la denuncia, y ahora se presenta una propuesta de observatorio ciudadano.
Gómez Mont propuso un mecanismo para integrar un centro de acopio de información estadística con el fin de homologar todos los datos en esta materia; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía supervisará los indicadores y el Instituto Federal de Acceso a la Información definirá criterios de acceso a la información de seguridad pública y justicia penal. Ante los integrantes del CNSP, el funcionario advirtió: “no debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, equipados y capacitados”.
Invitó a no permitir “sentimientos de satisfacción” hasta que el marco jurídico en estas materias empiece a dar resultado.
En la primera evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, efectuado sin presencia de representantes del Poder Judicial, el diagnóstico del Ejecutivo federal fue: los delitos del fuero común han aumentado 9.7 por ciento. Los que corresponde perseguir a la Procuraduría General de la República (PGR) han disminuido 4.7 por ciento de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2007.
El reiterado discurso de los funcionarios federales, de que se han cumplido los compromisos pactados en el acuerdo firmado el pasado 21 de agosto y que se ha avanzado en la lucha contra la inseguridad y la violencia en el país, fue acotado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien advirtió: “no podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclama tranquilidad y seguridad”.
Durante la reunión se mencionó que uno de los principales objetivos del gobierno federal es la creación de un método de control de confianza para los policías del país y personal de áreas “sensibles”. Al respecto, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, informó que será necesario evaluar a 17 mil 893 personas y hasta ahora hay un avance de 25 por ciento, aunque en dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que agrupa a toda la policía federal, de un total de 8 mil personas sólo se ha evaluado a 835.
Los diagnósticos
Durante 2007 en México se registró “una tasa de impunidad de 87 por ciento”, ya que sólo 13 de cada 100 delitos fueron asentados en las estadísticas oficiales; 11 de cada 100 personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún ilícito; la tasa de incidencia delictiva es de 10 mil 500 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que hace que este país sea más inseguro que Canadá o muchas naciones de Europa, pero menos inseguro que estados de África o Asia; 85 por ciento de los delitos fueron robo a transeúntes, informó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dio a conocer el diagnóstico oficial, en el que se afirma que los delitos del fuero común han aumentado de 2007 a la fecha 9.7 por ciento, y los del fuero federal han disminuido 4.7 por ciento.
El delito de robo aumentó 8 por ciento y los homicidios se incrementaron 10 por ciento de enero a octubre de este año en comparación con el mismo periodo de 2007.
Una comparación de antes y después de la firma del acuerdo establece que “los robos aumentaron 3 por ciento” en los últimos 100 días, y los homicidios disminuyeron 6.9 por ciento.
Por otra parte, el promedio nacional de homicidios dolosos –asesinatos– tras la firma del acuerdo aumentó 6.8 por ciento, según las estadísticas oficiales.
Según el reporte, de agosto a noviembre han sido asesinados 114 policías; 20 federales, 53 estatales y 41 municipales. Del total, siete murieron en acciones contra el secuestro.
Por lo que hace al delito de secuestro, el informe oficial refiere que entre el 1º de enero y el 21 de agosto de este año se cometieron 706 plagios, es decir, 3.4 casos por día; mientras que después del acuerdo se han registrado oficialmente 237, un promedio de 2.3 casos por día.
De los 943 plagios en conocimiento de las autoridades, “el estado de México es la entidad que registra el mayor número (166); Distrito Federal (151); Baja California (102); Michoacán (57) y Chihuahua (56). Las cinco entidades anteriores, en conjunto, representan 56.4 por ciento del total de casos de secuestro registrados a escala nacional durante 2008”.
En su intervención, Genaro García Luna, titular de la SSP federal, agregó: “se han desarticulado 53 organizaciones criminales dedicadas al secuestro. Es decir, una banda cada tercer día. Se ha logrado la liberación de 184 personas plagiadas, lo que equivale a rescatar a 13 personas cada semana a partir de la firma del acuerdo”.
Según las estadísticas, “a escala nacional, de enero a noviembre se ha detenido a 795 presuntos secuestradores: 205 por parte del gobierno federal y 590 los gobiernos locales”. En la actualidad hay 7 mil 514 secuestradores en prisión, dijo García Luna, de ellos 4 mil 335 ya sentenciados, 3 mil 142 sujetos a proceso penal, y 37 en situación jurídica por definir.
Por su parte, el secretario Gómez Mont explicó que para cumplir los 36 compromisos asumidos por el gobierno federal en el acuerdo nacional se ha desarrollado un Sistema Único de Seguimiento, en el cual se enmarca la acción de cada dependencia y se nombra un “liderazgo institucional” para coordinar los esfuerzos y uniformar la información.
Siete compromisos cubiertos
Con base en lo anterior, informó que durante los primeros 100 días del acuerdo “el gobierno federal ha cubierto en cien por ciento los siete compromisos programados para ser resueltos durante este periodo”.
Destacó el diseño del presupuesto de egresos para el próximo año, con un incremento de 33 por ciento para los rubros de orden y seguridad; se ha fortalecido el Sistema de Denuncias contra Corrupción; fue enviada al Congreso de la Unión la iniciativa para la Ley General del SNSP y se autorizó la compra de armamento para incrementar las capacidades de PGR, SSP y Cisen.
Además, se presentó ante el Congreso de la Unión un paquete de reformas para fortalecer al gobierno federal en las tareas de seguridad pública y procuración de justicia; fueron instrumentadas campañas masivas para promover la denuncia, y ahora se presenta una propuesta de observatorio ciudadano.
Gómez Mont propuso un mecanismo para integrar un centro de acopio de información estadística con el fin de homologar todos los datos en esta materia; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía supervisará los indicadores y el Instituto Federal de Acceso a la Información definirá criterios de acceso a la información de seguridad pública y justicia penal. Ante los integrantes del CNSP, el funcionario advirtió: “no debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, equipados y capacitados”.
Invitó a no permitir “sentimientos de satisfacción” hasta que el marco jurídico en estas materias empiece a dar resultado.
Gustavo Castillo, Fabiola Martínez y Claudia Herrera, La Jornada, 29 de noviembre.
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