El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó formalmente al Instituto Federal Electoral (IFE) un documento que sintetiza su postura sobre el blindaje de las elecciones, al tiempo que la dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel, aprovechó un foro sobre partidos, organizado en la sede del organismo comicial, para aseverar que su formación política está dispuesta a suscribir un acuerdo o compromiso, aunque “nunca será sustitutivo de la responsabilidad del gobierno de la República de combatir el crimen organizado en todos sus alcances”.
Al respecto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, confirmó que los partidos ya han remitido al organismo sus propuestas, por lo que en breve podrían avanzar las negociaciones. Asimismo, insistió en que el instituto “cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de fiscalización”, lo cual permitiría enfrentar la posible presencia de dinero ilícito en las campañas federales.
Durante el seminario Partidos políticos y la calidad de la democracia, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el IFE, Roberto Gil, advirtió sobre el desafío de la delincuencia organizada a la sociedad y, en ese contexto, su efecto en las elecciones y los partidos políticos. Por ello, dijo, “insistimos en la necesidad de medidas claras, contundentes”, pues ya es tiempo de aterrizar los alcances del acuerdo nacional de seguridad en el ámbito electoral.
En el seminario –desairado por los dirigentes del PAN, Germán Martínez, y del PRD, Guadalupe Acosta–, prácticamente todos los representantes externaron sus preocupaciones sobre el dinero ilícito en las campañas, y plantearon la necesidad de instrumentar acciones concretas.
El documento priísta destaca que los partidos están obligados a cumplir las normas que rigen las elecciones. De igual forma, admiten la necesidad de entregar la lista de candidatos y precandidatos a diputados federales en el entendido de que cuando algún partido detecte que un aspirante tienen nexos con el crimen organizado no sea postulado por otra formación política.
Sin embargo, la postura priísta se sintetiza en un párrafo: el acuerdo entre las fuerzas políticas está dado con las reformas constitucionales y legales aprobadas el año pasado por el Congreso”, aunque desliza la disposición priísta de seguir dialogando hacia la suscripción de un instrumento, declaración, compromiso o acuerdo.
Al respecto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, confirmó que los partidos ya han remitido al organismo sus propuestas, por lo que en breve podrían avanzar las negociaciones. Asimismo, insistió en que el instituto “cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de fiscalización”, lo cual permitiría enfrentar la posible presencia de dinero ilícito en las campañas federales.
Durante el seminario Partidos políticos y la calidad de la democracia, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el IFE, Roberto Gil, advirtió sobre el desafío de la delincuencia organizada a la sociedad y, en ese contexto, su efecto en las elecciones y los partidos políticos. Por ello, dijo, “insistimos en la necesidad de medidas claras, contundentes”, pues ya es tiempo de aterrizar los alcances del acuerdo nacional de seguridad en el ámbito electoral.
En el seminario –desairado por los dirigentes del PAN, Germán Martínez, y del PRD, Guadalupe Acosta–, prácticamente todos los representantes externaron sus preocupaciones sobre el dinero ilícito en las campañas, y plantearon la necesidad de instrumentar acciones concretas.
El documento priísta destaca que los partidos están obligados a cumplir las normas que rigen las elecciones. De igual forma, admiten la necesidad de entregar la lista de candidatos y precandidatos a diputados federales en el entendido de que cuando algún partido detecte que un aspirante tienen nexos con el crimen organizado no sea postulado por otra formación política.
Sin embargo, la postura priísta se sintetiza en un párrafo: el acuerdo entre las fuerzas políticas está dado con las reformas constitucionales y legales aprobadas el año pasado por el Congreso”, aunque desliza la disposición priísta de seguir dialogando hacia la suscripción de un instrumento, declaración, compromiso o acuerdo.
Alonso Urrutia, La Jornada, 29 de noviembre.
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