México tiene también su ‘Guantánamo’

Incomunicación, obstrucción al derecho de defensa y maltrato físico, son algunas de las violaciones a garantías fundamentales que ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro de Investigación Federal, o casa de arraigos, de la PGR, sobre las que ya prepara un informe.

En los últimos tres años, la CNDH ha recibido más de 200 quejas por irregularidades en los arraigos, y ha documentado violaciones a los derechos humanos en 12 casos, como parte del informe que presentará en las próximas semanas, informó el primer visitador general del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

“Tenemos una investigación abierta, que estamos próximos a concluir, será un pronunciamiento sobre las condiciones en las que se ejecuta el arraigo en este país”, explicó, detallando las violaciones a derechos humanos más graves que el organismo ha detectado.

“Una de ellas es la incomunicación, que los defensores no puedan cumplir con su función y señalamientos de maltrato físico, en algunos casos, que ha sido motivo de investigación y es parte de lo que se va a incluir en el pronunciamiento”, precisó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Recordó que el organismo ha hecho pronunciamientos previos sobre “la grave situación que atraviesan las personas sujetas a la figura arraigo”, la cual resolvió hacer una amplia investigación ante la reiteración de las quejas.

Los hallazgos de la CNDH coinciden con denuncias de abogados y familiares de personas arraigadas, entrevistadas por este diario.

Negativa de atención médica, robo, intimidación y aislamiento son algunas de las denuncias planteadas en quejas presentadas ante la CNDH por familiares y detenidos acusados de delincuencia organizada, el cargo para el cual está previsto el arraigo:

“Mi esposo se pasó varias semanas con las costillas fracturadas, por la golpiza que le dieron cuando lo levantaron y sin recibir atención médica. Le decían que no tenía nada”, relató Julia Chávez, esposa de Alfredo Rosas, uno de los acusados por las explosiones del 15 de septiembre en Morelia. Los familiares y abogados de Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la PFP, denunciaron que el ex jefe policiaco está aislado, en un área especial del centro, toma sus alimentos en su celda y recibe a su familia y abogados en una cámara de Geisel —una habitación en la que las personas que están dentro pueden ser obervadas a través de un espejo—.

Juliana López, una de las ciudadanas colombianas detenidas en la mansión del Desierto de los Leones y quien padece diabetes, fue privada de su medicamento por tres días, según la denuncia de su padre, Orlando López.

Juliana, y las 14 personas que fueron detenidas con ella, están arraigadas en el Centro de Mando de Iztapalapa, en condiciones que una de las abogadas del grupo describió como antihigiénicas.

“Tienen a cuatro en un cuartito de cuatro por tres metros, con un solo baño, sin poder salir, pero hay otros que están peor”, afirma la abogada quien solicitó reservar su nombre.

Plascencia admitió que la ausencia de un marco legal que defina los derechos de las personas arraigadas influye en las violaciones detectadas.

María de la Luz González, El Universal, 29 de noviembre.