Cien días atrás, aquí mismo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el empresario Alejandro Martí y la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, a nombre de la sociedad agraviada, lastimada, horrorizada, les reclamaban su incapacidad para gobernar, para solucionar el problema de la inseguridad.
Y ellos, los gobernantes, los depositarios de los tres poderes del Estado: el Presidente de la República, 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, delegados de más de 2 mil 400 municipios, los líderes del Congreso de la Unión, y el titular del Poder Judicial... aplaudieron. Sí, aplaudieron… cuando les recriminaron su incompetencia.
Quizá por eso, 100 días después, reunidos otra vez en el mismo lugar, los representantes del Estado mexicano se abstuvieron de aplaudir cuando dieron a conocer sus propias cifras, las cuales indican que:
—De enero a octubre de 2008 el total de delitos registrados a nivel nacional fue de un millón 571 mil, lo que representa un incremento de 8.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2007. Fueron cinco mil 167 delitos por día, uno cada treinta segundos.
—El ilícito más común, el robo, refleja un incremento de 8 por ciento en este año. Y creció 3 por ciento desde la firma del acuerdo por la seguridad, hace 100 días.
—Los homicidios dolosos, todas esas ejecuciones que día a día bañan de sangre al país y que ya superaron las 4 mil este año, y casi llegan a las 10 mil en el sexenio, subieron 10 por ciento en 2008. Después de la firma del acuerdo crecieron 6.8 por ciento.
—Se han perpetrado 934 casos de secuestro en lo que va del año, un promedio de dos (2.8) secuestros por día, al menos uno cada 12 horas. Y van 237 secuestros desde la firma del acuerdo. Igual: dos (2.3) por día.
Por un momento, los representantes del Estado como que desearon aplaudir, porque aseguraron que a partir de aquel 21 de agosto los secuestros han disminuido 18 por ciento en su incidencia diaria. Pero se abstuvieron porque bastaba echarle números: el descenso implicaba… los mismos dos secuestros cada 24 horas, el mismo secuestro cada doce horas.
Ésas fueron las cifras que dio Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nada que aplaudir. Y así lo reflejaron los rostros de los representantes del Estado: semblantes preocupados, con miradas opacas, caras semicubiertas por las manos. Luego vinieron los números de Gerardo García Luna, secretario de Seguridad Pública, y entonces pareció que al fin habría algo que festejar, porque informó:
—Que desde la firma del acuerdo han desarticulado 53 bandas de secuestradores en todo el país, una cada tercer día. Que han liberado a 184 personas secuestradas, 13 por semana. Que han detenido, en lo que va del año, hasta noviembre, a 795 secuestradores, 72 por mes, un promedio de dos secuestradores por día.
Pero regresaron las caras largas, porque García Luna habló de los secuestradores internos en el Sistema Penitenciario Nacional de las 32 entidades federativas: hay 7 mil 514 presos por secuestro en las cárceles del país. A lo que una empresaria, que había salido a fumar a un patio, comentó: “Un ejército. De esa dimensión es el problema: si hay presos 7 mil 500, ¿cuántos más habrá afuera que el secuestro sigue igual? Otro ejército”.
Por eso no hubo nada que aplaudir. Y menos cuando se informó que todavía no se sabe cuántos enemigos más hay dentro de la casa, cuántos mandos policiales y altos funcionarios traidores que sirven al crimen organizado:
—De 17 mil 893 personas que se tuvieron que evaluar a través de controles de confianza en “áreas sensibles” de las diferentes dependencias (PGR, SSP, cárceles, aduanas, etcétera), sólo se ha evaluado a 4 mil 410, a 24.65 por ciento. Es decir, que falta por saber… si 75 por ciento es de fiar o trabaja para el enemigo.
Dijo el Presidente: “Entiendo el temor que sienten los padres de que sus hijos sean víctimas de la delincuencia. Soy consciente de la desesperación, la impotencia, el agravio y el profundo dolor que embarga en estos momentos a muchos mexicanos que han sido víctimas de criminales sin escrúpulos y que no encuentran en nosotros las respuestas que esperan de sus autoridades”.
Por eso, no hubo nada que aplaudir. En palabras del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont:
“No podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclaman tranquilidad y seguridad en sus hogares, en las calles, en sus centros de trabajo, en el transporte público o privado que usan para desplazarse; o cuando salen del mercado, del banco o del centro comercial. No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, capacitados y equipados. No permitamos sentimientos de satisfacción hasta que el marco jurídico en materia de seguridad y justicia empiece a dar resultados concretos, visibles y medibles para la sociedad”.
O, en frases de María Elena Morera:
“Quisiéramos estar hoy, aquí, diciendo complacidos que hemos llegado al final del camino… Quisiéramos estar aquí reconociendo la entrega, el esfuerzo denodado de todos quienes firmaron este acuerdo… Quisiéramos traer una fe renovada, una esperanza fortalecida en la acción de nuestros funcionarios y representantes populares, y en el regreso de la tranquilidad a nuestras calles, a nuestros hogares… Lamentablemente, señoras y señores, ésa no es la realidad. Así nos lo dicen las centenas de personas ejecutadas, los inocentes martirizados por los delincuentes amparados en la impunidad y en los resquicios de la ley… Lo que tenemos al final de estos 100 días es una sensación de que, para algunos, la seguridad de los mexicanos sigue siendo un derecho postergable y negociable…”
Nada que aplaudir. Pero nadie, ninguno de los representantes del Estado, hizo caso a aquella frase de Alejandro Martí pronunciada 100 días atrás: “Si no pueden, ¡renuncien!”. No, 100 días después, aunque no hubo nada que aplaudir, nadie renunció…
Y ellos, los gobernantes, los depositarios de los tres poderes del Estado: el Presidente de la República, 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, delegados de más de 2 mil 400 municipios, los líderes del Congreso de la Unión, y el titular del Poder Judicial... aplaudieron. Sí, aplaudieron… cuando les recriminaron su incompetencia.
Quizá por eso, 100 días después, reunidos otra vez en el mismo lugar, los representantes del Estado mexicano se abstuvieron de aplaudir cuando dieron a conocer sus propias cifras, las cuales indican que:
—De enero a octubre de 2008 el total de delitos registrados a nivel nacional fue de un millón 571 mil, lo que representa un incremento de 8.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2007. Fueron cinco mil 167 delitos por día, uno cada treinta segundos.
—El ilícito más común, el robo, refleja un incremento de 8 por ciento en este año. Y creció 3 por ciento desde la firma del acuerdo por la seguridad, hace 100 días.
—Los homicidios dolosos, todas esas ejecuciones que día a día bañan de sangre al país y que ya superaron las 4 mil este año, y casi llegan a las 10 mil en el sexenio, subieron 10 por ciento en 2008. Después de la firma del acuerdo crecieron 6.8 por ciento.
—Se han perpetrado 934 casos de secuestro en lo que va del año, un promedio de dos (2.8) secuestros por día, al menos uno cada 12 horas. Y van 237 secuestros desde la firma del acuerdo. Igual: dos (2.3) por día.
Por un momento, los representantes del Estado como que desearon aplaudir, porque aseguraron que a partir de aquel 21 de agosto los secuestros han disminuido 18 por ciento en su incidencia diaria. Pero se abstuvieron porque bastaba echarle números: el descenso implicaba… los mismos dos secuestros cada 24 horas, el mismo secuestro cada doce horas.
Ésas fueron las cifras que dio Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nada que aplaudir. Y así lo reflejaron los rostros de los representantes del Estado: semblantes preocupados, con miradas opacas, caras semicubiertas por las manos. Luego vinieron los números de Gerardo García Luna, secretario de Seguridad Pública, y entonces pareció que al fin habría algo que festejar, porque informó:
—Que desde la firma del acuerdo han desarticulado 53 bandas de secuestradores en todo el país, una cada tercer día. Que han liberado a 184 personas secuestradas, 13 por semana. Que han detenido, en lo que va del año, hasta noviembre, a 795 secuestradores, 72 por mes, un promedio de dos secuestradores por día.
Pero regresaron las caras largas, porque García Luna habló de los secuestradores internos en el Sistema Penitenciario Nacional de las 32 entidades federativas: hay 7 mil 514 presos por secuestro en las cárceles del país. A lo que una empresaria, que había salido a fumar a un patio, comentó: “Un ejército. De esa dimensión es el problema: si hay presos 7 mil 500, ¿cuántos más habrá afuera que el secuestro sigue igual? Otro ejército”.
Por eso no hubo nada que aplaudir. Y menos cuando se informó que todavía no se sabe cuántos enemigos más hay dentro de la casa, cuántos mandos policiales y altos funcionarios traidores que sirven al crimen organizado:
—De 17 mil 893 personas que se tuvieron que evaluar a través de controles de confianza en “áreas sensibles” de las diferentes dependencias (PGR, SSP, cárceles, aduanas, etcétera), sólo se ha evaluado a 4 mil 410, a 24.65 por ciento. Es decir, que falta por saber… si 75 por ciento es de fiar o trabaja para el enemigo.
Dijo el Presidente: “Entiendo el temor que sienten los padres de que sus hijos sean víctimas de la delincuencia. Soy consciente de la desesperación, la impotencia, el agravio y el profundo dolor que embarga en estos momentos a muchos mexicanos que han sido víctimas de criminales sin escrúpulos y que no encuentran en nosotros las respuestas que esperan de sus autoridades”.
Por eso, no hubo nada que aplaudir. En palabras del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont:
“No podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclaman tranquilidad y seguridad en sus hogares, en las calles, en sus centros de trabajo, en el transporte público o privado que usan para desplazarse; o cuando salen del mercado, del banco o del centro comercial. No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, capacitados y equipados. No permitamos sentimientos de satisfacción hasta que el marco jurídico en materia de seguridad y justicia empiece a dar resultados concretos, visibles y medibles para la sociedad”.
O, en frases de María Elena Morera:
“Quisiéramos estar hoy, aquí, diciendo complacidos que hemos llegado al final del camino… Quisiéramos estar aquí reconociendo la entrega, el esfuerzo denodado de todos quienes firmaron este acuerdo… Quisiéramos traer una fe renovada, una esperanza fortalecida en la acción de nuestros funcionarios y representantes populares, y en el regreso de la tranquilidad a nuestras calles, a nuestros hogares… Lamentablemente, señoras y señores, ésa no es la realidad. Así nos lo dicen las centenas de personas ejecutadas, los inocentes martirizados por los delincuentes amparados en la impunidad y en los resquicios de la ley… Lo que tenemos al final de estos 100 días es una sensación de que, para algunos, la seguridad de los mexicanos sigue siendo un derecho postergable y negociable…”
Nada que aplaudir. Pero nadie, ninguno de los representantes del Estado, hizo caso a aquella frase de Alejandro Martí pronunciada 100 días atrás: “Si no pueden, ¡renuncien!”. No, 100 días después, aunque no hubo nada que aplaudir, nadie renunció…
Juan Pablo Becerra Acosta, Milenio, 29 de noviembre.
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