Diputados y senadores de PRI y PRD, así como representantes de diversas iglesias, consideraron que los resultados en el combate a la delincuencia organizada dados a conocer ayer, al agotarse el plazo de 100 días establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, no son significativos, sino además “pobres e insuficientes”.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priístas, expuso que a la fecha “no hemos tenido resultados contundentes” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con lo que coincidió el vocero de los senadores del tricolor, Carlos Jiménez Macías, mientras el perredista Ricardo Monreal consideró “puro bla bla” el balance de ese acuerdo e insistió en que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, deben renunciar “por su incapacidad y negligencia”.
Se preguntó si no hay gente “más calificada y honesta para estar al frente de las instituciones encargadas de enfrentar a las bandas criminales”.
Igualmente, la diputada perredista Mónica Fernández sostuvo que ese acuerdo y las “supuestas medidas” que implica forman parte de un discurso mediático.
Por su parte, el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, advirtió que los pretendidos avances que se informaron ayer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública son datos que ya se conocen, y lamentó que en la reunión no se haya dado prioridad urgente a la “enorme ineficiencia” que presenta el sistema judicial.
Luego del encuentro realizado en Palacio Nacional, el vocero de la Iglesia católica en la ciudad de México sostuvo que “aquella opinión que tanto incomodaba a mucha gente es real: el crimen organizado tiene una base social. En el país hay una cultura favorable al crimen organizado y se debe trabajar en esos aspectos si realmente se quiere ser eficaz en combatir la delincuencia”.
Dijo que lo más lamentable es el sistema judicial, que presenta una deficiencia que en cualquier otro país sería intolerable, pero aquí parece pasar inadvertida. “Si se quiere tener una lucha adecuada contra el crimen organizado se debe depurar el sistema judicial, antes incluso que el político. Es una urgencia, una exigencia de la sociedad”, sostuvo en entrevista HugoValdemar.
Por su parte, la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) deploró que “no todos los poderes de la Unión, los funcionarios o servidores públicos tengan la misma prisa que la sociedad, o que el mismo Presidente, por erradicar la violencia que se ha generalizado en el país”.
El dirigente de la agrupación religiosa, Arturo Farela, se refirió de manera concreta a García Luna y Medina Mora, que “parece que no tienen la misma prisa que la sociedad en la atención y solución de los problemas”.
Mientras, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil informaron que en una evaluación a 10 de los 74 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, sólo se cumplieron cinco.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priístas, expuso que a la fecha “no hemos tenido resultados contundentes” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con lo que coincidió el vocero de los senadores del tricolor, Carlos Jiménez Macías, mientras el perredista Ricardo Monreal consideró “puro bla bla” el balance de ese acuerdo e insistió en que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, deben renunciar “por su incapacidad y negligencia”.
Se preguntó si no hay gente “más calificada y honesta para estar al frente de las instituciones encargadas de enfrentar a las bandas criminales”.
Igualmente, la diputada perredista Mónica Fernández sostuvo que ese acuerdo y las “supuestas medidas” que implica forman parte de un discurso mediático.
Por su parte, el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, advirtió que los pretendidos avances que se informaron ayer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública son datos que ya se conocen, y lamentó que en la reunión no se haya dado prioridad urgente a la “enorme ineficiencia” que presenta el sistema judicial.
Luego del encuentro realizado en Palacio Nacional, el vocero de la Iglesia católica en la ciudad de México sostuvo que “aquella opinión que tanto incomodaba a mucha gente es real: el crimen organizado tiene una base social. En el país hay una cultura favorable al crimen organizado y se debe trabajar en esos aspectos si realmente se quiere ser eficaz en combatir la delincuencia”.
Dijo que lo más lamentable es el sistema judicial, que presenta una deficiencia que en cualquier otro país sería intolerable, pero aquí parece pasar inadvertida. “Si se quiere tener una lucha adecuada contra el crimen organizado se debe depurar el sistema judicial, antes incluso que el político. Es una urgencia, una exigencia de la sociedad”, sostuvo en entrevista HugoValdemar.
Por su parte, la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) deploró que “no todos los poderes de la Unión, los funcionarios o servidores públicos tengan la misma prisa que la sociedad, o que el mismo Presidente, por erradicar la violencia que se ha generalizado en el país”.
El dirigente de la agrupación religiosa, Arturo Farela, se refirió de manera concreta a García Luna y Medina Mora, que “parece que no tienen la misma prisa que la sociedad en la atención y solución de los problemas”.
Mientras, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil informaron que en una evaluación a 10 de los 74 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, sólo se cumplieron cinco.
Roberto Garduño, Andrea Becerril y Gabriel León, La jornada, 29 de noviembre.
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