Monterrey, NL, 28 de noviembre. El Poder Judicial Federal (PJF) ya cumplió “de manera autónoma y libre” con los 10 compromisos asumidos por las autoridades el 21 de agosto pasado en materia de seguridad, sostuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien defendió la labor de los juzgadores, al sostener que los instrumentos de control, la supervisión, la evaluación y el sistema correctivo de la disciplina judicial sirven “para detener a tiempo cualquier posible desorientación del desempeño judicial”.
Y añadió: “no somos autocomplacientes, porque creemos en el esfuerzo personal como fuente de trabajo y de crecimiento. Tampoco somos puros e infalibles, lo sabemos. Por eso, nos capacitamos constantemente, por eso nos sometemos a la vigilancia y la disciplina de la carrera judicial, y –cada vez con mayor apertura y entusiasmo– a la observación de la sociedad”.
Al encabezar la inauguración de la tercera etapa temática del Congreso Nacional de Juzgadores del PJF, en el que 136 magistrados y jueces analizarán la reciente reforma constitucional, que creó los “jueces de control”, encargados de conceder las órdenes de cateo, arraigos y escucha de comunicaciones que solicite el Ministerio Público federal en casos de delincuencia organizada, Ortiz Mayagoitia prácticamente respondió al presidente Felipe Calderón, quien en su reciente gira por Chile exhortó al Poder Judicial a sumarse a la Operación Limpieza impulsada por el Poder Ejecutivo.
Vínculo ético y moral
Precisó que si bien el PJF no intervino en los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, suscrito el 21 de agosto pasado en Palacio Nacional, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió “de forma abierta, franca y explícita” sumarse a ese esfuerzo, por estar vinculado “ética y moralmente con la ciudadanía”.
Acompañado por el ministro Sergio Valls, así como las consejeras Elvia Díaz de León –quien próximamente concluye su mandato– y María Luisa Herrera Tello, Ortiz Mayagoitia indicó que en el pasado año el CJF impuso más de 60 sanciones, de las cuales 40 por ciento correspondieron a jueces y magistrados, 23 por ciento a secretarios de juzgados y tribunales, y el resto a funcionarios de menor nivel.
“Con esto quiero decir –enfatizó– que los juzgadores federales procuramos mantenernos a la altura de nuestras funciones” y “estamos sometidos a la exigencia de la calidad, así como al acicate de la disciplina que forja y fortalece al que persevera”.
Precisó que “las presiones indebidas, las amenazas y la corrupción son un riesgo de toda función pública” y, por ello, “los integrantes del PJF estamos conscientes y procuramos no ser omisos” en que se respete la autonomía, independencia e imparcialidad de los juzgadores.
Jueces de control
Los “jueces de control” actuarán “en un delicado e importante vértice”, en el sentido de velar para que las medidas cautelares solicitadas “tengan motivo y fundamento suficiente” en respaldo de pesquisas “lícitas e indispensables”, además de salvaguardar las garantías de los sospechosos y que la investigación se realice conforme a derecho, subrayó.
Respecto de los 10 compromisos cumplidos, destacan: transparentar el desempeño de los órganos judiciales; la instalación de 20 órganos jurisdiccionales a escala nacional con el compromiso de crear más “hasta donde lo permita nuestra capacidad presupuestal y orgánica”; la creación de seis juzgados “de control” que recibirán, tramitarán y responderán las peticiones del Ministerio Público federal las 24 horas del día, los cuales iniciarán labores el próximo 5 de enero, así como la certificación de 500 jueces y magistrados federales especializados en justicia para adolescentes
En el acto participó el ex procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha, en su calidad de magistrado del Supremo Tribunal Militar, quien comentó en breve entrevista que el nuevo sistema de justicia representa un esfuerzo serio, “pero muy responsable”, y se pronunció por profundizar la transformación de la justicia en el país, incluida la castrense.
Por la tarde, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, arribó al hotel sede del encuentro, donde expresó a los jueces y magistrados reunidos su reconocimiento por la labor que desempeñan.
Por su lado, Ortiz Mayagoitia señaló que la presencia del Ejecutivo estatal “es una muestra del compromiso conjunto” por la constitucionalidad en los ámbitos de actuación de cada poder y se pronunció porque en el futuro haya una más cercana relación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Y añadió: “no somos autocomplacientes, porque creemos en el esfuerzo personal como fuente de trabajo y de crecimiento. Tampoco somos puros e infalibles, lo sabemos. Por eso, nos capacitamos constantemente, por eso nos sometemos a la vigilancia y la disciplina de la carrera judicial, y –cada vez con mayor apertura y entusiasmo– a la observación de la sociedad”.
Al encabezar la inauguración de la tercera etapa temática del Congreso Nacional de Juzgadores del PJF, en el que 136 magistrados y jueces analizarán la reciente reforma constitucional, que creó los “jueces de control”, encargados de conceder las órdenes de cateo, arraigos y escucha de comunicaciones que solicite el Ministerio Público federal en casos de delincuencia organizada, Ortiz Mayagoitia prácticamente respondió al presidente Felipe Calderón, quien en su reciente gira por Chile exhortó al Poder Judicial a sumarse a la Operación Limpieza impulsada por el Poder Ejecutivo.
Vínculo ético y moral
Precisó que si bien el PJF no intervino en los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, suscrito el 21 de agosto pasado en Palacio Nacional, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió “de forma abierta, franca y explícita” sumarse a ese esfuerzo, por estar vinculado “ética y moralmente con la ciudadanía”.
Acompañado por el ministro Sergio Valls, así como las consejeras Elvia Díaz de León –quien próximamente concluye su mandato– y María Luisa Herrera Tello, Ortiz Mayagoitia indicó que en el pasado año el CJF impuso más de 60 sanciones, de las cuales 40 por ciento correspondieron a jueces y magistrados, 23 por ciento a secretarios de juzgados y tribunales, y el resto a funcionarios de menor nivel.
“Con esto quiero decir –enfatizó– que los juzgadores federales procuramos mantenernos a la altura de nuestras funciones” y “estamos sometidos a la exigencia de la calidad, así como al acicate de la disciplina que forja y fortalece al que persevera”.
Precisó que “las presiones indebidas, las amenazas y la corrupción son un riesgo de toda función pública” y, por ello, “los integrantes del PJF estamos conscientes y procuramos no ser omisos” en que se respete la autonomía, independencia e imparcialidad de los juzgadores.
Jueces de control
Los “jueces de control” actuarán “en un delicado e importante vértice”, en el sentido de velar para que las medidas cautelares solicitadas “tengan motivo y fundamento suficiente” en respaldo de pesquisas “lícitas e indispensables”, además de salvaguardar las garantías de los sospechosos y que la investigación se realice conforme a derecho, subrayó.
Respecto de los 10 compromisos cumplidos, destacan: transparentar el desempeño de los órganos judiciales; la instalación de 20 órganos jurisdiccionales a escala nacional con el compromiso de crear más “hasta donde lo permita nuestra capacidad presupuestal y orgánica”; la creación de seis juzgados “de control” que recibirán, tramitarán y responderán las peticiones del Ministerio Público federal las 24 horas del día, los cuales iniciarán labores el próximo 5 de enero, así como la certificación de 500 jueces y magistrados federales especializados en justicia para adolescentes
En el acto participó el ex procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha, en su calidad de magistrado del Supremo Tribunal Militar, quien comentó en breve entrevista que el nuevo sistema de justicia representa un esfuerzo serio, “pero muy responsable”, y se pronunció por profundizar la transformación de la justicia en el país, incluida la castrense.
Por la tarde, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, arribó al hotel sede del encuentro, donde expresó a los jueces y magistrados reunidos su reconocimiento por la labor que desempeñan.
Por su lado, Ortiz Mayagoitia señaló que la presencia del Ejecutivo estatal “es una muestra del compromiso conjunto” por la constitucionalidad en los ámbitos de actuación de cada poder y se pronunció porque en el futuro haya una más cercana relación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Jesús Aranda, La Jornada, 29 de noviembre.
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