La ONG denunció, por medio de un comunicado, que el procedimiento administrativo tiene un objetivo político y que la acción representa una irregularidad jurídica.
"(Es) una maniobra que ante todo pone de manifiesto la clara voluntad del poder de privar de licencia para emitir a un medio de comunicación al que, desde hace mucho tiempo, tienen en la mira", sostuvo.
Reforma, 29 de noviembre.
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