El presidente Felipe Calderón publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación las siete minutas con modificaciones a diez leyes que conforman la llamada reforma energética, por lo que la nueva legislación para Petróleos Mexicanos (Pemex) entra en vigor este sábado.
Así, un mes después de que la Cámara de Diputados aprobó la minuta proveniente del Senado –el pasado 28 de octubre– el Ejecutivo promulgó la reforma. Con ello se cierra un controvertido proceso legislativo, que se prolongó durante seis meses e incluyó la toma de las tribunas de ambas cámaras por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), la realización de foros de discusión en los que participaron intelectuales, académicos, técnicos y expertos en la materia, y una serie de protestas del movimiento en defensa del petróleo, que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
Las iniciativas presentadas por Calderón el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, en las que se planteaba la privatización de la refinación, transporte y distribución de petróleo, contratos sin licitación e incluso secretos, con incentivos para las empresas extranjeras en perforación y producción, fue modificada a fondo y meses después se aprobó un texto que recogió gran parte de la propuesta que presentó en agosto el FAP y otros elementos del proyecto del PRI.
Sin embargo, el FAP también se dividió, pues buena parte de los legisladores y la dirigencia perredista consideraron un triunfo haberle quitado gran parte de la intención privatizadora a la reforma, pero PT, Convergencia y senadores del PRD afines a López Obrador votaron en contra de las siete minutas, porque no incluyeron la demanda del movimiento en defensa del petróleo de establecer en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional la prohibición expresa de otorgar a contratistas bloques y áreas exclusivas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
La controversia acompañó hasta el final a esa reforma, ya que se aprobó el pasado 23 de octubre, en una sede alterna del Senado, el edificio de la Torre del Caballito, vigilado por cientos de elementos de la Policía Federal Preventiva, con el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de resguardar la puerta del habilitado salón de sesiones, para impedir las protestas.
Un operativo similar se dio en la Cámara de Diputados el 28 de octubre, donde se aprobaron sin cambios las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la expedición de cuatro nuevas leyes: la de Pemex, la del aprovechamiento de energías renovables y de financimiento de la transición energética, la del aprovechamiento sustentable de la energía y la de la comisión nacional de hidrocarburos.
Así, un mes después de que la Cámara de Diputados aprobó la minuta proveniente del Senado –el pasado 28 de octubre– el Ejecutivo promulgó la reforma. Con ello se cierra un controvertido proceso legislativo, que se prolongó durante seis meses e incluyó la toma de las tribunas de ambas cámaras por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), la realización de foros de discusión en los que participaron intelectuales, académicos, técnicos y expertos en la materia, y una serie de protestas del movimiento en defensa del petróleo, que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
Las iniciativas presentadas por Calderón el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, en las que se planteaba la privatización de la refinación, transporte y distribución de petróleo, contratos sin licitación e incluso secretos, con incentivos para las empresas extranjeras en perforación y producción, fue modificada a fondo y meses después se aprobó un texto que recogió gran parte de la propuesta que presentó en agosto el FAP y otros elementos del proyecto del PRI.
Sin embargo, el FAP también se dividió, pues buena parte de los legisladores y la dirigencia perredista consideraron un triunfo haberle quitado gran parte de la intención privatizadora a la reforma, pero PT, Convergencia y senadores del PRD afines a López Obrador votaron en contra de las siete minutas, porque no incluyeron la demanda del movimiento en defensa del petróleo de establecer en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional la prohibición expresa de otorgar a contratistas bloques y áreas exclusivas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
La controversia acompañó hasta el final a esa reforma, ya que se aprobó el pasado 23 de octubre, en una sede alterna del Senado, el edificio de la Torre del Caballito, vigilado por cientos de elementos de la Policía Federal Preventiva, con el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de resguardar la puerta del habilitado salón de sesiones, para impedir las protestas.
Un operativo similar se dio en la Cámara de Diputados el 28 de octubre, donde se aprobaron sin cambios las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la expedición de cuatro nuevas leyes: la de Pemex, la del aprovechamiento de energías renovables y de financimiento de la transición energética, la del aprovechamiento sustentable de la energía y la de la comisión nacional de hidrocarburos.
Andrea Becerril, La Jornada, 29 de noviembre.
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