Incierto, futuro de SB1070 de Arizona

PHOENIX (Notimex).— La controversial ley antiinmigrante SB1070 de Arizona cumplió ayer un año de haber sido promulgada, con un balance contrario a quienes la promovieron y con un futuro incierto para su permanencia como precepto legal.

La ley, promulgada por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril de 2010, arriba a su primer año sin que sus capítulos más importantes hayan entrado en vigor, suspendidos por orden de una corte federal. La legislación antiinmigrante más dura emitida hasta ahora en Estados Unidos dejó, además del recelo de las cortes, un legado de protestas y múltiples boicots que generaron pérdidas millonarias en distintos sectores económicos.

Asimismo, provocó el rechazo generalizado del sector empresarial, que se sumó al de las iglesias y grupos defensores de derechos humanos.

El entusiasmo que despertó inicialmente la SB1070 entre legisladores conservadores de Estados Unidos, quienes prometieron aprobar y poner en vigor sus propias versiones del proyecto, desapareció en los últimos meses, cuando una decena de entidades optaron por rechazar este tipo de estatutos. Así, a un año de que la SB1070 fuera firmada como ley, 11 de 22 entidades en EU con iniciativas similares rechazaron las propuestas en sus respectivas legislaturas.

Las iniciativas que aún sobreviven en otros lugares no tienen buenas perspectivas de prosperar; hasta ahora, sólo la legislatura de Georgia ha aprobado un proyecto similar que está a la espera de que el gobernador lo firme como ley. Otras ciudades que también podrían seguir este camino en las próximas semanas son Tennessee, Florida, Carolina del Sur y Alabama.

En Arizona, el Congreso estatal concluyó el miércoles su periodo ordinario de sesiones de 2011 sin haber aprobado ninguna ley importante relacionada con inmigración.

Utah optó por una vía diferente, al promulgar, en marzo, un paquete de leyes que suspenden la persecución de indocumentados y les concede permiso para trabajar y residir en la entidad, aunque también castiga a las empresas que contraten a inmigrantes que no tengan permisos.



El Universal, 24 de abril.