El derrumbe de las captadoras ilegales de dinero sigue causando estragos sociales en Colombia. Ayer, en las calles de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, se libró una batalla campal entre los ahorradores de Proyecciones DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo) y del Grupo DMG (David Murcia Guzmán), intervenidos por el gobierno, y miembros de la policía que trataban de evitar los saqueos a las sedes de estas empresas. En los disturbios resultaron heridas 15 personas.
Los manifestantes ingresaron a un estacionamiento de la Fiscalía en el cual incineraron 48 carros y 29 motos (incautados en procedimientos judiciales), quemaron llantas de vehículos en las calles, lanzaron piedras y hasta intentaron buscar al administrador de una de estas captadores para exigirle que les entregara su dinero.
Pero la situación no sólo es crítica en Putumayo. El gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro, considera que cerca de 60 por ciento de los habitantes de esa región resultaron afectados por las “pirámides”, en las cuales se movieron más de 5 millones de dólares. En el Cauca, la problemática es similar. En Popayán se han presentado 9 mil 200 denuncias contra DRFE y unas 5 mil contra DMG, pero voceros de la alcaldía consideran que son muchas las personas que se han abstenido de hacer la reclamación ante la Fiscalía.
A esto se suma el efecto político, pues se han conocido grabaciones en las que Murcia y su cuñado William Suárez hablan del apoyo brindado a 10 gobernadores y alcaldes que resultaron electos en octubre del año pasado. Además, el pago de sobornos por 350 mil dólares a varios congresistas para que aprobaran una reforma financiera que legalizara su actividad.
El martes, en un debate realizado en el Congreso, la senadora del partido Liberal, Cecilia López, pidió a Uribe entregar las declaraciones de renta de él y de sus hijos Jerónimo y Tomás, de quienes se dice estarían vinculados a DMG.
El mandatario anunció que entregará los documentos al procurador Edgardo Maya, pero dejó ver su molestia por las acusaciones contra su familia. “Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo”.
Los manifestantes ingresaron a un estacionamiento de la Fiscalía en el cual incineraron 48 carros y 29 motos (incautados en procedimientos judiciales), quemaron llantas de vehículos en las calles, lanzaron piedras y hasta intentaron buscar al administrador de una de estas captadores para exigirle que les entregara su dinero.
Pero la situación no sólo es crítica en Putumayo. El gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro, considera que cerca de 60 por ciento de los habitantes de esa región resultaron afectados por las “pirámides”, en las cuales se movieron más de 5 millones de dólares. En el Cauca, la problemática es similar. En Popayán se han presentado 9 mil 200 denuncias contra DRFE y unas 5 mil contra DMG, pero voceros de la alcaldía consideran que son muchas las personas que se han abstenido de hacer la reclamación ante la Fiscalía.
A esto se suma el efecto político, pues se han conocido grabaciones en las que Murcia y su cuñado William Suárez hablan del apoyo brindado a 10 gobernadores y alcaldes que resultaron electos en octubre del año pasado. Además, el pago de sobornos por 350 mil dólares a varios congresistas para que aprobaran una reforma financiera que legalizara su actividad.
El martes, en un debate realizado en el Congreso, la senadora del partido Liberal, Cecilia López, pidió a Uribe entregar las declaraciones de renta de él y de sus hijos Jerónimo y Tomás, de quienes se dice estarían vinculados a DMG.
El mandatario anunció que entregará los documentos al procurador Edgardo Maya, pero dejó ver su molestia por las acusaciones contra su familia. “Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo”.
Clara Isabel Vélez Rincón, Milenio, 27 de noviembre.
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