Bogotá, 17 de noviembre. El gobierno de Colombia decretó hoy el estado de emergencia para enfrentar la problemática social que provocó el colapso de “pirámides financieras” organizadas por empresas que ofrecían rendimientos de hasta 300 por ciento en seis meses, lo que resultó en un fraude que ahora afecta a miles de colombianos.
El Ministerio de Hacienda, que hasta ahora sólo se había comprometido a propiciar la recuperación de inversiones, informó que la emergencia estará vigente por 30 días.
Las autoridades calculan que se formaron unas 200 pirámides y que “cientos de miles” resultaron afectados. La semana pasada la Superintendencia Financiera intervino las operaciones de una compañía denominada Dinero Rápido, Fácil y Efectivo, a la cual le congeló bienes para restituir fondos de inversionistas.
El gobierno, que puede legislar por 30 días sin la aprobación del Congreso, decretó un aumento de hasta 20 años de cárcel en castigo para las personas que capten dinero ilegalmente, y estableció entre ocho y 15 años de prisión para quienes hayan recaudado recursos y no los devuelvan.
Otra de las medidas fue ordenar el cierre de la empresa comercializadora DMG en 59 ciudades ubicadas en 20 de los 32 departamentos del país.
La compañía vendía tarjetas de prepago que sus clientes podían utilizar para adquirir electrodomésticos y otras mercancías; adicionalmente recibían rembolsos por sus compras.
El gobierno sospecha que DMG, que dice tener unos 200 mil clientes, blanquea dinero de traficantes de drogas.
“Acato la decisión pero no la comparto y tenemos derecho, como todos los colombianos, a que el presidente (Álvaro Uribe) nos escuche y nos ayude a solucionar esta crisis”, dijo el propietario de la empresa, David Murcia.
Miles de clientes de DMG se congregaron este lunes en las plazas de varias ciudades del país, especialmente del suroeste, para protestar por la intervención del gobierno. En Bogotá, al menos 10 mil clientes de DMG marcharon desde el Parque Nacional, en la zona centro-este de la capital, hasta la céntrica plaza de Bolívar.
El Ministerio de Hacienda, que hasta ahora sólo se había comprometido a propiciar la recuperación de inversiones, informó que la emergencia estará vigente por 30 días.
Las autoridades calculan que se formaron unas 200 pirámides y que “cientos de miles” resultaron afectados. La semana pasada la Superintendencia Financiera intervino las operaciones de una compañía denominada Dinero Rápido, Fácil y Efectivo, a la cual le congeló bienes para restituir fondos de inversionistas.
El gobierno, que puede legislar por 30 días sin la aprobación del Congreso, decretó un aumento de hasta 20 años de cárcel en castigo para las personas que capten dinero ilegalmente, y estableció entre ocho y 15 años de prisión para quienes hayan recaudado recursos y no los devuelvan.
Otra de las medidas fue ordenar el cierre de la empresa comercializadora DMG en 59 ciudades ubicadas en 20 de los 32 departamentos del país.
La compañía vendía tarjetas de prepago que sus clientes podían utilizar para adquirir electrodomésticos y otras mercancías; adicionalmente recibían rembolsos por sus compras.
El gobierno sospecha que DMG, que dice tener unos 200 mil clientes, blanquea dinero de traficantes de drogas.
“Acato la decisión pero no la comparto y tenemos derecho, como todos los colombianos, a que el presidente (Álvaro Uribe) nos escuche y nos ayude a solucionar esta crisis”, dijo el propietario de la empresa, David Murcia.
Miles de clientes de DMG se congregaron este lunes en las plazas de varias ciudades del país, especialmente del suroeste, para protestar por la intervención del gobierno. En Bogotá, al menos 10 mil clientes de DMG marcharon desde el Parque Nacional, en la zona centro-este de la capital, hasta la céntrica plaza de Bolívar.
AFP y Reuters, La Jornada, 18 de noviembre.
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