La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó ante el Senado que los migrantes indocumentados que sean víctimas de algún delito en México tengan acceso a la justicia, sin necesidad de acreditar su situación o calidad migratoria legal.
Mediante oficio dirigido al presidente de la Cámara de Senadores, Gustavo Enrique Madero Muñoz, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, propuso la derogación del artículo 67 de la Ley General de Población, que ordena a las autoridades federales, estatales y municipales exigir a los extranjeros que tramitan asuntos de su competencia, acreditar su condición migratoria para efectuarlos.
La reciente reforma a Ley General de Población, agregó, despenaliza la migración, con lo que se cancelan oportunidades para la corrupción, la delincuencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes. “Es importante que en ese afán de evolución legislativa, se permita el acceso a la justicia a todos aquellos migrantes carentes de documentos que acrediten su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas, y se privilegie su estatus de víctimas de delito, independientemente de su situación migratoria”.
La Ley General de Población y su Reglamento —que datan de 1974— son “insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa, que resulta incongruente y contraria al espíritu de los instrumentos internacionales que en materia de migración y derechos humanos, ha suscrito México”, señaló José Luis Soberanes.
Explicó que México se ha convertido en un escenario propicio para las más penosas violaciones a los derechos de los migrantes, quienes en su paso por el país enfrentan abusos, extorsión y secuestros por parte del crimen organizado y otro tipo de grupos de personas que lucran con la vulnerabilidad de las personas migrantes indocumentadas.
Mediante oficio dirigido al presidente de la Cámara de Senadores, Gustavo Enrique Madero Muñoz, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, propuso la derogación del artículo 67 de la Ley General de Población, que ordena a las autoridades federales, estatales y municipales exigir a los extranjeros que tramitan asuntos de su competencia, acreditar su condición migratoria para efectuarlos.
La reciente reforma a Ley General de Población, agregó, despenaliza la migración, con lo que se cancelan oportunidades para la corrupción, la delincuencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes. “Es importante que en ese afán de evolución legislativa, se permita el acceso a la justicia a todos aquellos migrantes carentes de documentos que acrediten su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas, y se privilegie su estatus de víctimas de delito, independientemente de su situación migratoria”.
La Ley General de Población y su Reglamento —que datan de 1974— son “insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa, que resulta incongruente y contraria al espíritu de los instrumentos internacionales que en materia de migración y derechos humanos, ha suscrito México”, señaló José Luis Soberanes.
Explicó que México se ha convertido en un escenario propicio para las más penosas violaciones a los derechos de los migrantes, quienes en su paso por el país enfrentan abusos, extorsión y secuestros por parte del crimen organizado y otro tipo de grupos de personas que lucran con la vulnerabilidad de las personas migrantes indocumentadas.
Milenio, 3 de noviembre.
0 Responses to "Plantea la CNDH al Senado acceso de indocumentados a la justicia mexicana"
Publicar un comentario