Los dirigentes del PAN, Germán Martínez, y del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, urgieron al Instituto Federal Electoral (IFE) a que, sin dilación, se pronuncie sobre las acciones que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, desarrollará para garantizar a los ciudadanos que su voluntad no será alterada por los criminales.
En una carta dirigida al consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita, firmada por los presidentes de ambos partidos, se reitera que tanto el PAN como el PRD han manifestado, “de forma pública e institucional”, su preocupación por el riesgo de que la delincuencia organizada tenga injerencia en los procesos político-democráticos.
Destacan que el proceso electoral federal ha dado inicio; en varios de los procesos concurrentes las precampañas se encuentran en curso y el próximo 31 de enero se iniciarán formalmente las precampañas federales.
“A estas alturas, y con la inminente cercanía de plazos importantes, no se ha logrado aún adoptar medidas para profundizar en las condiciones de legalidad y, en particular, para blindar los procesos electorales de la influencia del dinero ilícito. Las indefiniciones en esta materia son espacios que ganan los delincuentes: es tiempo valioso que difícilmente podrá recuperarse”, plantean.
Consideran que el IFE no sólo organiza elecciones, sino que es también la autoridad del sistema de partidos y tiene, en consecuencia, la función de imponer obligaciones precisas y puntuales, así como verificar su cabal cumplimiento por los partidos.
Demandaron del instituto reglas claras y “contundentes”, dirigidas a garantizar que la delincuencia organizada no hará política a través de los partidos.
A esas reglas, sostienen Germán Martínez y Acosta Naranjo, deben someterse todos, sin excepción: “Ningún partido o actor político puede excusarse de la responsabilidad de mantener la integridad de la democracia mexicana frente al desafío de los delincuentes. Para blindar los procesos electorales no basta con pronunciamientos públicos. Se requieren medidas concretas y evaluables. El IFE cuenta con el respaldo de los partidos firmantes en esta tarea. La responsabilidad es compartida. Debe asumirse sin fisuras y de inmediato”.
Por la noche, luego de entregar copia de la misiva al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Germán Martínez dijo que el organismo electoral está en una posición indefinida ante el tema del blindaje de la contienda del próximo año, aun cuando –dijo— no se trata de un tema “voluntario” para los partidos políticos, sino obligatorio.
“Creemos que el blindaje debe ser un acto de autoridad que imponga el IFE”. Argumentó que el instituto tiene todas las herramientas para fiscalizar las cuentas de los partidos y de sus candidatos para que el dinero del narcotráfico “no entre a jugar en la contienda”.
Insistió en que el instituto debe pronunciarse porque el tiempo se agota. “La delincuencia nos está desafiando a todos como sociedad y todas las instituciones del Estado, incluyendo el IFE, deben poner su grano de arena para evitar que se inmiscuya la delincuencia en los procesos electorales”, concluyó.
En una carta dirigida al consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita, firmada por los presidentes de ambos partidos, se reitera que tanto el PAN como el PRD han manifestado, “de forma pública e institucional”, su preocupación por el riesgo de que la delincuencia organizada tenga injerencia en los procesos político-democráticos.
Destacan que el proceso electoral federal ha dado inicio; en varios de los procesos concurrentes las precampañas se encuentran en curso y el próximo 31 de enero se iniciarán formalmente las precampañas federales.
“A estas alturas, y con la inminente cercanía de plazos importantes, no se ha logrado aún adoptar medidas para profundizar en las condiciones de legalidad y, en particular, para blindar los procesos electorales de la influencia del dinero ilícito. Las indefiniciones en esta materia son espacios que ganan los delincuentes: es tiempo valioso que difícilmente podrá recuperarse”, plantean.
Consideran que el IFE no sólo organiza elecciones, sino que es también la autoridad del sistema de partidos y tiene, en consecuencia, la función de imponer obligaciones precisas y puntuales, así como verificar su cabal cumplimiento por los partidos.
Demandaron del instituto reglas claras y “contundentes”, dirigidas a garantizar que la delincuencia organizada no hará política a través de los partidos.
A esas reglas, sostienen Germán Martínez y Acosta Naranjo, deben someterse todos, sin excepción: “Ningún partido o actor político puede excusarse de la responsabilidad de mantener la integridad de la democracia mexicana frente al desafío de los delincuentes. Para blindar los procesos electorales no basta con pronunciamientos públicos. Se requieren medidas concretas y evaluables. El IFE cuenta con el respaldo de los partidos firmantes en esta tarea. La responsabilidad es compartida. Debe asumirse sin fisuras y de inmediato”.
Por la noche, luego de entregar copia de la misiva al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Germán Martínez dijo que el organismo electoral está en una posición indefinida ante el tema del blindaje de la contienda del próximo año, aun cuando –dijo— no se trata de un tema “voluntario” para los partidos políticos, sino obligatorio.
“Creemos que el blindaje debe ser un acto de autoridad que imponga el IFE”. Argumentó que el instituto tiene todas las herramientas para fiscalizar las cuentas de los partidos y de sus candidatos para que el dinero del narcotráfico “no entre a jugar en la contienda”.
Insistió en que el instituto debe pronunciarse porque el tiempo se agota. “La delincuencia nos está desafiando a todos como sociedad y todas las instituciones del Estado, incluyendo el IFE, deben poner su grano de arena para evitar que se inmiscuya la delincuencia en los procesos electorales”, concluyó.
Fabiola Martínez, La Jornada, 28 de noviembre.
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